La Comisión Especial para el caso Ayotzinapa, creada por diputados federales para revisar la desaparición de los 43 normalistas, determinó que hubo “omisiones” de autoridades locales y federales, e incluso que no actuaron al momento de los hechos.

Como parte de sus primeras conclusiones tras seis meses de trabajo, el legislador federal por Movimiento Ciudadano, y quien forma parte de dicha comisión, Víctor Sánchez Orozco explicó que ante ese resultado es urgente aplicar sanciones administrativas y hasta penales a las autoridades involucradas.

Informó que en las primeras investigaciones dialogaron con familiares de las víctimas y funcionarios involucrados en esos hechos violentos, ocurridos la noche del 26 de septiembre en el municipio de Iguala.

También sostuvo que la federación argumentó que el gobierno estatal –que estaba en funciones en ese momento- nunca les pidió apoyo.

“Es una serie de contradicciones que hay sobre todo entre las autoridades locales y las federales; por ejemplo, las federales dicen que nunca se les pidió apoyo por parte del (entonces) Gobernador de Guerrero (Ángel Aguirre), pero el ex Gobernador y el ex Fiscal (Iñaky Blanco) dicen que sí pidieron apoyo para hacer frente a la agresión de los estudiantes”, dijo.

Sánchez Orozco recalcó que dicha Comisión Especial tiene evidencia de que el Ministerio Público (MP) de la federación ha sido “omiso” al no fincar alguna responsabilidad a funcionarios que no atendieron la agresión a normalistas de Ayotzinapa en septiembre del 2014.

El legislador federal incluso afirmo que esos hechos y la desaparición de los 43 normalistas pudieron haberse evitado.

“Estamos estudiando algunas acciones legales para que, por ese lado de la omisión de las autoridades, no queden impune estos hechos que pudieron evitarse (…) todas las autoridades tenían información de la agresión que se estaban llevando a cabo (pero) ninguna autoridad asumió la coordinación”, concluyó el legislador federal.