Fotos y videos: Juan Blanco
Guerrero.- La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria, de los Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF), presentó a otras 20 niñas y niños que se levantarán en armas si las autoridades estatales y federales no les brindan seguridad, ante las “constantes amenazas” del presunto grupo delictivo “Los Ardillos” de irrumpir en sus pueblos.
Este día, niñas, niños, mujeres embarazadas, así como “policías comunitarios” empuñando sus armas, salieron en marcha alrededor de las 11:00 de la mañana de la cancha de usos múltiples de la Comisaría Municipal de Ayahualtempa, y regresaron al mismo punto.
Habitantes de las comunidades indígenas del Caracol, Amatitlán, Los Pinos y Ayahualtempa, del municipio de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), ubicado en la región Centro del estado, realizaron una asamblea en la cancha de la Comisaría Municipal de este último poblado, en la que acordaron emprender nuevamente una serie de actividades ante el nulo apoyo de los tres niveles de gobierno a su exigencia de seguridad.
De acuerdo con Luis Morales Rojas, quien forma parte del Consejo Tradicional de Gobierno Náhuatl, más de 10 personas han sido asesinadas a manos del “crimen organizado”, en tanto que otra de nombre José Juan Reyes fue desaparecido el 11 de diciembre de 2021, tras ser detenido presuntamente por la Policía Municipal cuando se dirigía a comprar a Hueycantenango. Hasta el momento no ha sido localizado.
Entre las víctimas mortales, se encuentra el fundador de la CRAC-PC-PF, Eugenio Máximo Hilario, quien fue ejecutado a tiros el 2 de junio de 2019 frente a policías municipales, cuando se dirigía con su esposa Antonia Rosendo Juárez a comprar gasolina para su camioneta a Hueycantenango para poder ir a cortar leña para su cocina, contó ella misma.
Denunció que después del hecho, las autoridades estatales y federales se comprometieron construirle una vivienda en Ayahualtempa, pero hasta el momento no han cumplido, y un apoyo económico, pero que la tarjeta que le entregaron para cobrar no tenía fondos.
Durante la asamblea, los habitantes acordaron enviarle a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda un documento para exigir no sólo apoyo a las familias de los asesinados, sino también un centro de salud con doctores, enfermeras, medicamentos, así como la construcción de tres aulas para una Escuela Secundaria.
Sin embargo, una de sus demandas más apremiantes, dijeron, es el de la seguridad y desmantelar los dos puestos de control que mantienen policías municipales en Tlachimaltepec y Los Postes, municipio de Hueycantenango, dado que, aseguran, éstos sólo sirven al supuesto grupo delictivo “Los Ardillos”.
Plantearon que en el lugar de los agentes, se instalen en los mismos puntos agentes de la Guardia Nacional (GN) y efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y para ejercer presión, los pobladores marcharon en la carretera estatal Chilapa-José Joaquín de Herrera la tarde de este jueves.
Niñas, niños, mujeres embarazadas, así como “policías comunitarios” empuñando sus armas, salieron alrededor de las 11:00 de la mañana de la cancha de usos múltiples de la Comisaría Municipal de Ayahualtempa, y terminó en el mismo punto.
Durante el trayecto, los manifestantes portaron pancartas y una manta en la que estaban escritas sus demandas, gritaron consignas y, al llegar a un módulo de la Policía Estatal, reafirmaron su exigencia de condiciones de seguridad.
Una vez concluida su movilización, la CRAC-PC-PF formó y presentó a unas 20 niñas y niños y advirtió que si entre ocho y 15 días la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, no atienden sus demandas, armarán a dichos infantes quienes se sumarían con los 17 que lo hicieron por primera vez el 20 de enero de 2019 en Alcozacán, municipio de Chilapa, después del asesinato de 11 músicos un día antes, y con 35 que hicieron lo mismo en abril del año pasado.
