Nueve meses después de que fuera detenido, la Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo la primer orden de aprehensión en contra de José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, Guerrero, por su presunta responsabilidad en la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa.
La orden fue liberada por el juzgado primero de distrito en procesos penales federales, con sede en el estado de Tamaulipas.
Hasta el momento, el Ministerio Público Federal sólo había podido tener preso al ex edil perredista por conductas vinculadas a delincuencia organizada y lavado de dinero, mismas que no están relacionadas con los hechos acontecidos el pasado 26 de septiembre.
El mismo juez federal ordenó la aprehensión en contra de María de los Ángeles Pineda Villa, esposa de Abarca, por delincuencia organizada, debido a sus presuntos vínculos con grupos de narcotraficantes que operan en Guerrero. La PGR únicamente había logrado llevar a prisión a Pineda Villa por conductas relacionadas con presunto lavado de dinero.
Diversas organizaciones, entre ellos los padres de los 43 estudiantes han puesto en duda, reiteradas veces, la versión de la PGR sobre los acontecimientos. Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha solicitado entrevistarse con los miembros del 27 batallón de infantería del Ejército con sede en Iguala, misma que hasta el momento no ha sido autorizada.
