Guerrero.- Luego de que el Congreso de Guerrero estableció que las mujeres embarazadas por una violación deban presentar una denuncia en el Ministerio Público antes de poder practicarse un aborto, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) la mentó la medida que pone mayores candados legales a las víctimas.
En el oficio CNPEVM/769/2020, que fue enviado al Congreso de Guerrero desde la semana pasada, la Conavim rechazó que el artículo 159 del Código Penal del Estado establezca esa condicionante para realizar un aborto, aun cuando la Ley General de Víctimas ordena que las autoridades del sector salud deben proporcionar servicios de interrupción del embarazo sin requisitos previos a quienes sufrieron una agresión sexual.
Lo mismo se estipula en el artículo 215 bis 6 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica, la NOM-046 y la Recomendación 43 que México recibió por parte de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
“La evidencia demuestra que el requerimiento de la presentación de una denuncia previa limita sistemáticamente la atención a la que tienen derecho las víctimas de violación y, en el mejor de los casos, retrasa la atención, exponiéndolas a abortos inseguros y poniendo en riesgo la salud de las mujeres”, advirtió la Conavim al Congreso de Guerrero.
De igual forma, el organismo pidió al Poder Legislativo guerrerense que no coloque barreras relaciondas con las semanas de gestación para llevar a cabo un aborto.
“Las mujeres víctimas de violencia sexual tienen derecho a interrumpir un embarazo en el momento que lo determinen, sin que para esto existan plazos gestacionales que limiten sus derechos. Especialmente en casos de violencia sexual, la evidencia demuestra que las mujeres pueden llegar a reconocer tardíamente su embarazo”, expresó la Comisión.
Y concluyó hablando sobre los riesgos de condicionar el aborto:
“Las barreras a la atención de una interrupción legal y segura de un embarazo, consecuencia de una violación, que inhiban o retrasen la misma ponen en riesgo la salud y la vida de las mujeres, obligándolas a buscar alternativas inseguras y peligrosas para su vida y su salud, como llevar a cabo un aborto inseguro y tardío”.
Es una “aberración”
El Congreso del Estado de Guerrero, aprobó un dictamen que condiciona el aborto producto de una violación por lo que se ha retrocedido en esta materia, acusaron grupos feministas afuera de la sede del Poder Legislativo.
El dictamen presentado por la Comisión de Justicia avala el aborto -producto de una violación-, siempre y cuando esté aprobado por un Ministerio Público; dicho dictamen ha sido condenado por distintos sectores que lo califican de retroceso.
Asimismo, la iniciativa condiciona la causal de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) por violación hasta las 12 semanas de gestación, además de requerir que la víctima de violencia sexual cuente con el aval del Ministerio Público y que niñas y adolescentes vayan acompañadas por sus padres.
Este último punto ha sido tachado de “incoherente” por las activistas debido a que en la entidad el delito de violación es cometido en gran parte por familiares cercanos a las niñas y mujeres.
Y es que, dentro de los términos legales, dicho dictamen obliga al personal de salud a notificar a las autoridades correspondientes en caso de practicar un aborto.
“Es regresivo y una aberración, que busca poner mayores candados legales que pudieran derivar en embarazos forzados, afectando de manera particular a las mujeres, adolescentes y niñas indígenas guerrerenses de nuestro estado”, indicó una de las manifestantes.
Por ello, condenaron la actitud de los diputados, entre ellos uno de Morena, quienes aprobaron el dictamen, con excepción del legislador por Acapulco, Moisés Reyes Sandoval.
