La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó los hechos de violencia ocurridos en el penal de Topo Chico, estado de Nuevo León, México, en los que 49 personas perdieron la vida, y 12 resultaron heridas.

Asimismo, urgió al Estado mexicano investigar y esclarecer las circunstancias en que ocurrieron estos hechos, y en su caso, identificar y sancionar a los responsables.

“Estas investigaciones no sólo deben estar orientadas a establecer los responsables materiales de los hechos, sino también a los posibles autores intelectuales y a aquellas autoridades que pudieran ser responsables por acción u omisión”, señala un comunicado emitido por el CIDH.

El 11 de febrero de 2016 tuvo lugar un motín en el penal de Topo Chico, en Monterrey, capital del estado de Nuevo León. De acuerdo con el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el motín inició debido al enfrentamiento entre integrantes de Los Zetas y del cártel del Golfo. Según declaraciones oficiales, el saldo fue de 49 personas muertas, de las cuales cinco quedaron calcinadas. Asimismo, 12 personas resultaron heridas.

Según declaraciones oficiales, las autoridades retomaron el control del centro de detención aproximadamente 90 minutos después de iniciados los hechos. Los informes de prensa nacional indican que el despliegue de la fuerza estatal incluyó participación de miembros del Ejército, la Marina y las fuerzas federales.

Por ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México (CNDH), emitió un comunicado de prensa en que condenó esta situación de violencia, demandó el pleno esclarecimiento de estos hechos y determinó atraer el caso para investigarlo.

La información recibida indica además que después de los hechos, el Estado de Nuevo León habría determinado el traslado de aproximadamente 230 internos del penal de Topo Chico a otros centros de detención.

Según declaraciones de los familiares, aún no habrían sido informados sobre los internos que serían trasladados ni dónde. En los casos de traslados colectivos de internos como medida de seguridad, el Estado tiene el deber de informar sin mayor dilación acerca de la nueva ubicación y las condiciones personales de los internos.

De conformidad con declaraciones del gobernador de Nuevo León, los hechos de violencia referidos tuvieron lugar en una situación crítica de hacinamiento. En este sentido, la CIDH urge al Estado mexicano a adoptar pasos dirigidos a reducir el hacinamiento y el uso de la prisión preventiva, mediante el empleo de medidas alternativas a la misma.