Chilpancingo, Guerrero. El presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, advirtió que la ley para legalizar el matrimonio igualitario tendrá que salir, tarde o temprano, a pesar de la oposición de quienes se manifiestan en rechazo de la medida que ya fue avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

 En entrevista este día, Navarrete Magdaleno señaló que el matrimonio igualitario es un tema mundial de derechos humanos, motivo por el que se tiene que generar el “empuje” desde las instituciones, como es el caso del Congreso local, para que se legalice el derecho que tienen las personas del mismo sexo de contraer matrimonio.

La iniciativa de ley presentada en el Congreso del estado por el exgobernador, Rogelio Ortega Martínez, está estancada desde el 8 de julio de 2015 en las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos; a pesar que han pasado casi 11 meses, el ombudsman defendió el retraso legislativo al señalar que “los temas que generan controversia no salen al vapor”.

 “Debemos dejar que se manifiesten la sociedad, pero no se debe parar el trámite legislativo, tarde o temprano se va a genera esa ley, y estamos seguros que va a salir en el término de avalar el matrimonio igualitario”, comentó.

A nivel local, los diputados han dejado la legislación de los matrimonios igualitarios en segundo término, no obstante que desde el 19 de junio del año pasado, cuando el Semanario Judicial de la Federación publicó la jurisprudencia 43/2015 que avala los matrimonios entre personas del mismo sexo, el Código Civil del estado es inconstitucional, puesto que establece que el matrimonio es entendido entre hombre y mujer.

Lo anterior se contrapone a lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien en la jurisprudencia 43/2015 subraya que son inconstitucionales los Códigos Civiles de las entidades federativas en las que el matrimonio es entendido entre un hombre y una mujer.

Los legisladores locales también han omitido la recomendación 23/2015 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la que pide a los poderes Ejecutivos y Legislativos adecuen los ordenamientos que permitan el accesos al matrimonio a todas las personas, garantizando la no discriminación.