México.- Los conflictos con las comunidades locales por los recursos naturales como el agua y la tierra seguirán siendo un riesgo persistente para las empresas mineras en México, advirtió la firma financiera internacional Moody’s.

En un reciente estudio sobre los retos que tendrán que enfrentar las compañías mineras en América Latina, señaló que estas  empresas en México también ocasionalmente enfrentan conflictos de acceso a la tierra o recursos hídricos con las comunidades cercanas.

Adicionalmente , las compañías mineras mexicanas también podrían enfrentar impuestos ecológicos adicionales en los próximos años.

El análisis señala que  hoy en día no existe un marco federal coherente para llegar a acuerdos con las comunidades sobre proyectos mineros, pero un cambio en la ley probablemente aumentaría las cargas regulatorias de las empresas en los próximos años, particularmente después de un intento de ordenar consultas comunitarias por ley federal a fines de 2018.

Los conflictos de acceso o de recursos hídricos con las comunidades cercanas representan un riesgo para las compañías mineras en los próximos años, junto con el derecho recientemente afirmado de los estados mexicanos a imponer sus propios impuestos ecológicos.

Las concesiones mineras mexicanas no incluyen propiedad directa o derechos de posesión sobre la superficie; en cambio, las empresas a veces deben negociar acuerdos de ocupación temporal o acceso a la superficie, o enmiendas a los acuerdos existentes, con ejidos, comunidades o municipios propietarios de tierras con sus propias administraciones internas y juntas de vigilancia.

Recordó que la Suprema Corte de Justicia de México en febrero de 2019 determinó que los estados mexicanos tenían derecho a imponer sus propios impuestos ecológicos a las compañías mineras, después de que varias compañías mineras impugnaran la implementación del estado de Zacatecas de un nuevo impuesto ecológico en enero de 2017.

A fines de 2019, varias compañías mineras, incluidas Fresnillo e Industrias Peñoles seguían en litigio para confirmar si tendrían que pagar el impuesto, pero se encontró una decisión judicial inicial a favor del estado de Zacatecas y en contra de Newmont Goldcorp, en cuanto a la constitucionalidad del impuesto.

El monto del impuesto potencial aún es incierto. Si bien la carga impositiva anual de las compañías mineras calificadas del impuesto ecológico de Zacatecas sería leve, abre el camino para posibles impuestos adicionales de otros estados.