La XXIII Legislatura de Baja California aprobó, este 25 de marzo, una reforma en un transitorio del artículo 1986 del Código Civil, para establecer la suspensión de pagos en arrendamiento de vivienda y negocios, así como en préstamos otorgados por casas de empeño, durante abril y mayo de 2020.

Ante la crisis económica que causará la contingencia del COVID-19, los legisladores avalaron que durante los dos siguientes meses no se considere mora o incumplimiento la ausencia de pago de rentas para locales comerciales y vivienda.

Además de los préstamos dados por las casas de empeño, donde la garantía prendaria no podrá ser adjudicada, ni sacada a remate por retraso de pago durante ese lapso.

Cabe señalar que, la suspensión temporal “no libera a las personas de, en su momento, realizar el pago correspondiente”. Monto que, según la reforma deberá de distribuirse equitativamente en los meses siguientes a partir de junio.

De acuerdo con un comunicado, los jueces del Poder Judicial de Baja California deberán observar estas disposiciones y fomentarán al máximo, la solución de conflictos de manera directa o apoyados por los centros de Justicia Alternativa.

Al avalar la reforma, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, los legisladores consideraron que debían “ser solidarios con los bajacalifornianos que más necesitan, sobre todo ante esta pandemia mundial sin precedentes”.

La iniciativa fue presentada en la máxima tribuna por el diputado Juan Manuel Molina García, misma que fue respaldada por todas las fracciones parlamentarias y los diputados independientes que conforman la Vigésima Tercera Legislatura.

En opinión el abogado fiscalista, Adolfo Solís Farías, si bien la “medida es necesaria” debido a que “los arrendatarios estaban en un punto de quiebre con un dólar en la cima y sin que la actividad económica les beneficiara por el cierre parcial de su operación”; también es “preocupante”, ya que los arrendadores tendrán que asumir el costo de esta disposición avalada por el Congreso.

En ese sentido, observó que el gobierno del estado sólo está “endosando” el problema a la iniciativa privada, sin plantear medidas que favorezcan tanto a la población como a los empresarios, agudizando más las pérdidas al sector productivo del estado.