Chilpancingo, Guerrero.- Ante los hechos de violencia en el estado y las familias desplazadas de zonas como la sierra, en el Congreso local se propuso que el gobierno del estado integre una mesa de trabajo en materia de seguridad pública en la que incluya a los 81 municipios y diseñen acciones para hacer frente a la inseguridad.

El punto de acuerdo que fue turnado a la Comisión de Seguridad Pública fue propuesto en la sesión de este jueves por el diputado de Morena, Marco Antonio Cabada Arias.

El diputado propuso a las autoridades del gobierno estatal, al fiscal Jorge Zuriel de los Santos Barrilla y el encargado de despacho de la secretaria de Seguridad Publica, Rafael Perfecto Beltrán Novarola crear una mesa de trabajo en materia de seguridad en la que incluyan a los 81 municipios.

La mesa de trabajo debe realizar un diagnóstico que permita a la brevedad, realizar acciones de prevención y sanción “de los actos delictivos que tienen a todos los guerrerenses con un pánico globalizado y se termine con la inactividad institucional”, dijo el diputado.

“Los feminicidios siguen al alza, la violencia de género, la pérdida de vidas inocentes, los ataques a la libertad de expresión en contra de comunicadores, los desplazados y la guerra en nuestras calles nos obligan a darle prioridad al tema de seguridad pública estatal”.

Cabada Arias dijo que Guerrero se enfrenta a dos grandes problemas que no se atendieron en su momento, la corrupción e impunidad en el servicio público, además de la ausencia de políticas públicas para atender el problema de la violencia.

Pidió iniciar los trabajos en materia de seguridad para embonar en la agenda pública nacional que iniciará a partir del 1 de diciembre el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El diputado planteó también la creación de una Comisión Interinstitucional en Guerrero, que tenga la capacidad de atender situaciones comunes dentro del territorio estatal, derivado de los altos índices de inseguridad.

Los enfrentamientos en la sierra de Guerrero de los últimos días han dejado a mil 600 personas desplazadas de ocho comunidades, quienes se encuentran en la cabecera municipal de Leonardo Bravo.

Familias de la comunidad de Tlatempanapa, municipio de Zitlala también fueron desplazadas por grupos delictivos y se refugiaron en Copalillo.