México.- La Comisión permanente del Congreso local exhortó al gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, y a los 81 ayuntamientos para que de manera integral atiendan el problema del desplazamiento forzado interno en Guerrero.

En la sesión de este miércoles, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Leticia Mosso Hernández presentó el dictamen en el que se exhorta a las autoridades a aplicar políticas específicas que garanticen los derechos humanos de los desplazados, que no exista indolencia ante el problema y se pueda incluso, garantizar la reincorporación de los desplazados a sus lugares de origen.

De acuerdo con la fundamentación del dictamen, la situación de vulnerabilidad de los desplazados se agudiza más porque el gobierno de Guerrero se resiste a aceptar esta realidad de desplazamiento forzado, dejándolos en estado de indefensión, que nada tiene que ver con el fenómeno migrante.

“En Guerrero, las historias de estos hechos son una constante como la indiferencia del gobierno local para resolverlo al no observarse voluntad plena para que así suceda, atacando las causas que originan el desplazamiento forzado que se presenta en todas las regiones del estado donde existen estos eventos”, indica el dictamen.

“Desplazados de comunidades de la sierra de los municipios de San Miguel Totolapan, Heliodoro Castillo, Leonardo Bravo, Apaxtla de Castrejón y Chilapa de Álvarez, que dicen los guerrerenses haber huido de sus lugares de origen o residencia ante la extorsión de organizaciones de criminales, quienes les cobraban cuotas por todo y los amenazan de muerte cuando ya no podían pagarles, y otros más tuvieron peor suerte, fueron asesinados”.

El desplazamiento forzado, señala, incluye la salida de grupos o comunidades enteras cuya vida están en riesgo en todos los aspectos, son más vulnerables, con una vida de incertidumbres, y además “estigmatizados”.

Y de acuerdo con el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, habría más de 6 mil personas desplazadas en Guerrero.

La semana pasada en una entrevista, el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, dio a conocer que en Guerrero se tienen a alrededor de mil 500 personas desplazadas por la violencia, entre ellas, los últimos grupos que salieron de localidades en el municipio de Zirándaro y de la comunidad de Zihuaquio, en la Tierra Caliente.