La organización Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR), al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza por un supuesto fraude de dos millones de dólares obtenidos del gobierno federal para la investigación de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.

El presidente del Consejo José Antonio Ortega Sánchez denunció a Álvarez Icaza por su conducta antisocial durante la investigación del caso Iguala, ocurrida el pasado 26 de septiembre de 2014, en el que el Código Penal Federal tipifica como delito cuando “se ha engañado a uno o aprovechándose del error en que éste se halla, se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido”.

Ortega Sánchez reprochó que “en este caso las víctimas del engaño son el gobierno federal y quienes somos contribuyentes mexicanos al físico”.

También señala que el monto del fraude (un millón 250 mil y dos millones de dólares), corresponde al dinero que el gobierno entregó a la CIDH para cubrir los gastos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) durante la investigación.

“Y a quien señalamos como presunto autor del fraude es a Emilio Álvarez Icaza Longoria, quien firmó en representación de la CIDH el adendum del ‘Acuerdo para la incorporación de la asistencia técnica internacional desde la perspectiva de los derechos humanos en la investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero” dijo el líder del consejo.

Además Sánchez Ortega acusa a tres integrantes del GIEI de ser deshonestos, asegurando que tampoco han hecho la más mínima contribución a la localización de los 43 normalistas y además, “han malversado los fondos públicos que les han sido entregados a través de la CIDH, al realizar actividades que nada tiene que ver con lo establecido en el citado acuerdo y su adendum”.