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Coparmex cuestiona beneficios de descentralización de secretarías

Gustavo de Hoyos Walther señaló que con el proyecto de cambio de sede de las dependencias se enfrentan importantes retos.

Por Redacción, 2018-09-10 10:44

México. Notimex.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) hizo un llamado a la próxima administración Federal a analizar con “rigor técnico” la viabilidad de la descentralización de las Secretarías de Estado, para tomar la decisión que mejor convenga al país.

A través de un comunicado señaló que con el proyecto de cambio de sede de las dependencias se enfrentan importantes retos, por lo que “una decisión tan trascendental para el país no se debe adoptar sin justificación plena y planeación rigurosa”.

Después del terremoto de 1985 se determinó reubicar al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en la ciudad de Aguascalientes, lo que implicó la erogación de casi dos mil millones de pesos (valor histórico) y tomó cerca de cuatro años en concretarse.

De acuerdo con la cúpula del sector patronal mexicano, que preside Gustavo de Hoyos Walther, lograr mudar las 31 dependencias federales pareciera improbable si se toma ese caso como referencia.

Apuntó que el proceso de traslado podría tardar más de seis años, siempre y cuando se ejecute con un análisis para justificar con criterios técnicos la medida, la preparación de los espacios adecuados para la prestación de los servicios gubernamentales y el traslado ordenado del personal de base, con respeto a sus derechos.

De materializarse la descentralización se volvería uno de los proyectos de edificios más oneroso en la historia de la administración pública del país, toda vez que el traslado implicará un costo estimado de 125 mil millones de pesos, aseveró.

A ello se suman más dos mil millones de pesos que se piensan invertir en estudios preliminares y otros gastos, con lo que “el costo de esta operación sería equivalente al presupuesto de la Secretaría de Salud para el 2018”, expuso.

“Hemos dicho que apoyaremos decididamente las medidas de austeridad republicana (…), pero esta iniciativa parece contradictoria a las medidas que se emprenderán para eficientar el gasto público federal y podrían incluso neutralizar los ahorros”, acentuó.

Aparte. la Coparmex indicó que se tienen otros desafíos como la selección de los inmuebles que albergarán a las dependencias reubicadas y, de ser necesario, se debe definir con responsabilidad financiera y transparencia el cómo se llevará a cabo su adquisición o arrendamiento.

En México existen 116 inmuebles federales distribuidos en 25 estados que se encuentran desocupados, según el portafolio del Instituto Nacional de Administración y Avalúos de los Bienes Nacionales (INDAABIN), pero carecen de características necesarias de funcionalidad o ubicación adecuada para albergar una dependencia federal.

De igual forma, la reubicación no sólo requiere de nuevos inmuebles, sino que también implica el desplazamiento de miles de funcionarios que tienen su vida hecha en la Ciudad de México, añadió.

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UNAM rechaza propuesta de policía universitaria de Amieva

Sheinbaum Pardo, por su parte, declaró tajantemente que por ningún motivo violentará la autonomía de la UNAM.

Por Redacción, 2018-09-20 20:49

México.- La Universidad Nacional Autónoma de México rechazó este jueves la propuesta del jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, de crear una policía universitaria que resguarde sus instalaciones.

La sucesora de Amieva, Claudia Sheinbaum Pardo, por su parte, declaró tajantemente que por ningún motivo violentará la autonomía de la UNAM, y no promoverá ninguna policía ajena a la institución.

El pasado miércoles Amieva había propuesto a la UNAM que, si ésta lo pedía, crearían una “Policía Universitaria”, del gobierno, que cuidara los planteles educativos.

La UNAM rechazó la propuesta argumentando que no puede estar de acuerdo con conformar una policía o cuerpo de seguridad armado al interior de sus campos.

De todos modos agradeció al jefe de gobierno su interés en reforzar la seguridad de los planteles educativos mediante la vigilancia y el patrullaje al exterior de estos.

La UNAM ha manifestado en múltiples ocasiones que contar con un cuerpo de seguridad armado dentro de sus instalaciones, lejos de ayudar a combatir la inseguridad de los universitarios, la agravaría, de acuerdo con un boletín de su sala de prensa.

Por su parte, Sheinbaum Pardo también rechazó la propuesta de Amieva y dijo que mantendrá un diálogo constante con Enrique Graue, rector de la UNAM para discutir la seguridad.

Se comprometió a reforzar la seguridad a las afueras de Ciudad Universitaria (CU) y otros planteles universitarios, lo que se conoce como “senderos seguros”, sin afectar la autonomía de estos.

Refrendó que toda acción del Gobierno de la Ciudad de México para mejorar la seguridad de la universidad será antes discutida con el rector.

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Vinculan a proceso a menor que acuchilló a alumno en CU

El juez impuso al adolescente la medida cautelar de internamiento preventivo en la Comunidad de Diagnóstico Integral para Adolescentes.

Por Redacción, 2018-09-20 19:34

México.- Un adolescente de 17 años de edad, detenido el pasado miércoles en el estado de Hidalgo tras lesionar con un arma punzocortante a un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México el pasado 3 de septiembre en la Rectoría de la UNAM, fue vinculado a proceso.

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ) informó que un juez de control especializado en Justicia para Adolescentes procesó al presunto porro por el delito de lesiones calificadas, además deberá cumplir en la Comunidad de Diagnóstico Integral para Adolescentes que no deberá exceder cinco meses.

En audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión, el impartidor de justicia impuso al adolescente la medida cautelar de internamiento preventivo, misma que deberá cumplir en la Comunidad de Diagnóstico Integral para Adolescentes.

Asimismo, el juez fijó el término de 45 días para la conclusión de la investigación complementaria, y fecha para revisión de la medida cautelar el 17 de octubre próximo.

Durante la audiencia, el Ministerio Público, al imputar el delito al adolescente, lo acusó de ser el responsable de lesionar con un objeto punzo cortante a nivel renal a un estudiante que participaba en una manifestación, lo que colocó a la víctima en riesgo de perder la vida.

La Procuraduría General de Justicia (PGJ) detalló que se trata de un adolescente de 17 años quien con un arma punzocortante causó lesiones clasificadas que ponen en riesgo la vida de las víctimas.

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Diputada busca sancionar con cárcel a quien construya sin permiso

Asimismo, planteó inhabilitar del cargo, hasta por cinco años, al servidor público que permita o autorice construcciones irregulares.

Por Redacción, 2018-09-20 19:23

México.- A un año del sismo del 19 de septiembre que cobró la vida de 331 personas, la diputada del PRI, Ana Lilia Herrera, presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma al Código Penal Federal para sancionar con hasta 10 años de prisión a quien autorice, ordene, construya, edifique, realice obras de infraestructura y asentamientos humanos en zonas no aptas o que no cuenten con el análisis de riesgo de las autoridades.

La creación de tipos penales es una facultad nuestra. Materializar en el Código Penal Federal el delito de construcción, edificación, realización de obras y los asentamientos humanos en zonas de riesgo representa una medida idónea para proteger el derecho a la vida, a la vivienda, a la seguridad, a la integridad que tenemos las personas en nuestro país”, afirmó.

Herrera Anzaldo aseguró que la ignorancia, la omisión, pero sobre todo la corrupción y la impunidad, matan, y si eso ocurre al ignorarse el reglamento de construcción en la capital del país, qué nos esperamos en estados como Oaxaca, Chiapas, o cualquier otra de nuestras entidades.

Es una realidad que permea a los tres ámbitos de gobierno, que no distingue ideologías y que estamos obligados a frenar”, expresó.

Asimismo, planteó inhabilitar del cargo, hasta por cinco años, al servidor público que en ejercicio de sus funciones o aprovechando su cargo, permita o autorice construcciones o asentamientos irregulares.