Morelos.- Al menos 56 denuncias penales han sido presentadas por presuntos actos de corrupción cometidos por excolaboradores del perredista Graco Ramírez durante el sexenio pasado en Morelos.

Samuel Sotelo Salgado, Consejero Jurídico del Ejecutivo estatal, detalló en entrevista que de las 56 denuncias 15 han sido judicializas y a través de ellas 12 funcionarios de la pasada administración estatal han sido vinculados a proceso, entre ellos, cuatro exsecretarios de despacho.

“Se han detectado y se han presentado alrededor de 55 denuncias, 56, que algunas están en proceso de investigación en la Fiscalía Anticorrupción, en la Fiscalía General de la República y  en la Fiscalía General, algunas ya han sido judicializadas, alrededor de 15, actualmente tenemos audiencias pendientes, se está formulando imputación, se han vinculado a procesos, algunas han sido recurridas por los que se consideran afectados, también por nosotros, la Consejería Jurídica, hemos recurrido algunas determinaciones que consideramos que son irregulares.

“Esta semana hemos tenido audiencia de vinculación de funcionarios de la pasada administración en puestos importantes. Tendremos alrededor de 12 funcionarios públicos que están vinculados a proceso y son alrededor de tres o cuatro exsecretarios que ya están vinculados y bueno, el proceso sigue su curso normal y veremos, una vez que se cierren las investigaciones, la etapa de acusación y de juicio y creemos que contamos con los elementos suficiente para que puedan ser sancionados en su momento”, explicó Sotelo Salgado.

De acuerdo con los cálculos de la Consejería Jurídica, hasta el momento el daño al erario público de Morelos suma 4 mil millones de pesos por lo que además de las penas corporales en contra de los exservidores públicos, el gobierno de Morelos pretende que los acusados devuelvan esos recursos.

“Hay cálculos más, menos, es cuestión de hacer una operación, pero estimamos que al menos 4 mil millones de pesos más o menos y siguen creciendo conforme se van detectando algunos casos”, señaló.

Las investigaciones han arrojado que algunos de los ex funcionarios asignaron obras públicas millonarias de manera directa a través de la integración de comités de obra, lo que de acuerdo con el consejero jurídico no está permitido por la ley.

“Una de las cuestiones burdas, que así nos parece, es la asignación de obras sin seguir los procesos de licitación en cantidades millonarias, superiores a lo que establece la ley, tratando de ampararse en una autorización de un comité de obras que no puede, aun y cuando sea comité, asignar obras si rebasan los máximos y los casos de excepción que la propia ley establece.

“Hay otros casos mucho más complejos, incluso tuvimos una determinación en la semana en la cual un funcionario que llega a la administración, que declara que no tiene bienes, sale prácticamente sin bienes y saliendo empieza a adquirir muchos inmuebles de cantidades millonarias, en los cuales dice que ‘toda vez que solamente se me puede sancionar durante el tiempo que estuve laborando’ muy fácilmente quiere librarla estableciendo que como ya está fuera de la administración pueda hacer uso de recursos cuando siempre demostró, por lo menos en sus declaraciones, que no tenía ningún bien, ningún recurso, cuentas bancarias, y resulta que ahora aparecen millones de pesos por ahí”, expresó.