Chilpancingo, Guerrero.- Este año, dos figuras electas por voto popular, junto con los titulares del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), abandonaron sus cargos tras ser criticados por presuntos actos de nepotismo, delincuencia y despilfarro en tiempos de austeridad.

La lista en orden cronológico, es encabezada por el magistrado presidente del TSJ Robespierre Robles Hurtado, el diputado local priista Saúl Beltrán Orozco, la consejera presidenta del IEPC Marisela Reyes Reyes y Marco Antonio Leyva Mena, alcalde con licencia de Chilpancingo. En abril, Robespierre Robles Hurtado, renunció sorpresivamente a la titularidad del Poder Judicial del estado, y pidió licencia como magistrado, después de haber sido fuertemente criticado por vacacionar en Las Vegas, en medio de una crisis de violencia y un plan de austeridad en el gasto público.

A pesar de defenderse de las críticas, el 18 de abril se hizo pública su renuncia, tras argumentar que había motivos de salud de por medio.

Dos semanas después, el diputado local priista Saúl Beltrán Orozco presentó una solicitud de licencia para separarse de la curul, para poder enfrentar una orden de aprehensión girada en su contra por el delito de homicidio.

Una vez aprobada la licencia por tiempo indefinido, el fiscal general Javier Olea Peláez, señaló al ex alcalde de San Miguel Totolapan, Saúl Beltrán Orozco como líder del grupo delictivo conocido como “Los Tequileros”.

"Tengo perfectamente la radiografía, y ya les dije, el tequilero número uno se llama Saúl Beltrán Orozco. Punto. ¡Pero tiene fuero!", confesó Olea Peláez a pobladores de San Miguel Totolapan, en un video difundido por medios nacionales.

En septiembre, a escasos días de haber iniciado el proceso electoral de diputaciones y ayuntamientos, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), hizo pública la carta de renuncia de Marisela Reyes Reyes al cargo de consejera presidenta del IEPC.

Al momento de efectuarse su dimisión, la funcionaria electoral estaba siendo sometida a un procedimiento a cargo de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, por una presunta violación al artículo 102 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en lo referente a la contratación o promoción de un familiar directo.

El último caso, involucró al presidente municipal de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, quien pidió por escrito al Congreso del Estado una licencia para separarse del cargo por tiempo indefinido.

La licencia fue aprobada por el parlamento en pleno desarrollo de un juicio de revocación de mandato, el cual fue solicitado por los diputados perredistas Perfecto Rosas Martínez y Rosa Coral Mendoza Falcón.

Tras separarse del cargo, la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), instituto al que está afiliado Leyva Mena, avaló su decisión y reconoció que había un abandono de la autoridad municipal hacia la ciudadanía, la cual se reflejaba en temas “básicos” como la falta de servicios públicos, entre ellos la recolección de basura.

En el último semestre del año, los partidos políticos opositores al PRI, exigieron la renuncia de Javier Olea Peláez, de la titularidad de la Fiscalía General del Estado.