Guerrero.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), invalidó el decreto 460 por el que se adicionó y reformó la Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, aprobada por el Congreso local, en relación con las candidaturas indígenas y afromexicanas, debido a que no se consultó a las comunidades.

De acuerdo con un comunicado de la SCJN, omitir la consulta a las comunidades resulta violatoria de lo dispuesto en la Constitución, donde se prevé que dichos pueblos tienen el derecho a ser consultados, cada vez que se pretendan establecer medidas legislativas susceptibles de afectarles directamente.

El decreto invalidado había adicionado los artículos 13 bis y 272 bis, a la ley mencionada, a efecto de prever el deber de los partidos políticos de postular fórmulas de candidaturas a diputaciones de mayoría relativa e integrantes de los ayuntamientos, en ambos casos con integrantes de origen indígena o afromexicano, en aquellos distritos o municipios en que la población de dichos grupos sea igual o mayor al 40%.

Además de establecer los elementos que debían reunir las constancias conforme a las cuales el partido político o coalición debía acreditar la autoadscripción para el registro de las candidaturas.

El Pleno advirtió que las modificaciones realizadas eran susceptibles de afectar directamente a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas de la entidad, por lo que existía la obligación de consultarles en forma previa a la emisión del decreto impugnado y al no haberse realizado dicha consulta el decreto impugnado es inconstitucional.

Ante el inicio del proceso electoral-mañana-y la imposibilidad de realizar la consulta para dicho proceso electoral, en la sentencia se decretó que la declaración de invalidez surtirá efectos a partir del día siguiente en que el proceso electoral concluya.

El pleno de la SCJN fijó el plazo de un año contado a partir de la finalización del proceso electoral, y determinó que la consulta debería realizarse conforme a las etapas y características que fijó en la AI 81 /2018, resuelta el 20 de abril de 2020.

La acción de inconstitucionalidad fue promovida por algunos diputados de Morena.

Dicho decreto fue aprobado en junio. La bancada de Morena se dividió a la hora de votar, algunos en contra y otros a favor.

El diputado Luis Enrique Ríos Saucedo advirtió que la aprobación de la reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales era inconstitucional al no consultarse a los pueblos como lo marca la Constitución y tratados internacionales.

La Comisión dictaminadora de Justicia justificó que no se realizó la consulta a los pueblos por la pandemia a causa del coronavirus, a pesar de que la resolución derivada del Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales se turnó el 7 de agosto de 2019.

El diputado consideró que se tuvo el tiempo necesario para hacer la consulta, pero no la hicieron.