#Guerrero

CRAC defenderá a policía comunitaria en tribunales internacionales

Por Redacción, 2018-08-09 20:03

Chilpancingo, Guerrero.- “Ante el golpe artero de los poderes Legislativo y Ejecutivo de Guerrero, que de tajo desconocieron nuestros derechos conquistados, como pueblos levantamos la voz contra los gobiernos racistas que sin consultarnos aprobaron una reforma constitucional que violenta nuestros derechos”.

Así lo señala un comunicado suscrito por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), organismos de derechos humanos y agrupaciones sociales del estado de Guerrero.

Convocaron ayer a las comunidades indígenas a “increpar al poder”, levantando la voz ante los tribunales que han reconocido los derechos indígenas y a la Policía Comunitaria.

La reforma al artículo 14: en juego los derechos de pueblos indígenas

Como informamos a través de Regeneración, el pasado 27 de julio la prensa local informó que, con 41 votos a favor y uno en contra -el de Morena-, el Congreso del Estado aprobó la reforma al artículo 14 de la Constitución Política del Estado, con la que, supuestamente, se asegura el pleno respeto a la autonomía y autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas.

Tras un reclamo de los diputados del PRD y Movimiento Ciudadano por la forma en que estaba redactado el dictamen hecho por la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, referente al decreto de reforma al artículo 14 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, que rige a la ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena, pues se argumentó que podía tener la percepción de lesionar los derechos de los pueblos originarios en su sistema comunitario, se acordó modificarlo.

La redacción original indicaba:

“La ley establecerá las bases para una adecuada armonización entre el sistema jurídico estatal y los sistemas normativos indígenas y afromexicanos en materia de seguridad pública e impartición de justicia; así como para aplicar sus sistemas normativos en la solución de los conflictos internos de sus comunidades. También regulará los procedimientos de validación de sus resoluciones por los jueves y tribunales competentes de conformidad en el orden jurídico estatal y federal”.

El párrafo aprobado en el Congreso de Guerrero quedó así:

“La ley establecerá las bases para una adecuada delimitación de competencias en las materias de seguridad pública e impartición de justicia y de los mecanismos legales de vinculación y coordinación entre los sistemas normativos indígenas y el sistema jurídico estatal para que los pueblos indígenas y afromexicanos apliquen sus propios sistemas normativos. Tratándose de delitos que afecten bienes jurídicos propios de un pueblo o comunidad indígena o afromexicana o bienes personales de algunos de sus miembros se establecerá a lo dispuesto por la legislación nacional aplicable”.

“De tajo desconocieron nuestros derechos”

El pronunciamiento lo respaldan las casas de justicia de la CRAC-PC de San Luis Acatlán, Espino Blanco, municipio de Malinaltepec y El Paraíso, municipio de Ayutla, así como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña, el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos y el colectivo El Grito.

“Ante el golpe artero de los poderes Legislativo y Ejecutivo del estado que de tajo desconocieron nuestros derechos conquistados, como pueblos levantamos la voz contra los gobiernos racistas que sin consultarnos aprobaron una reforma constitucional que violenta nuestros derechos”, dice el escrito que cuestiona la reforma al Artículo 14 constitucional en materia de derechos y cultura indígena.

Luego advierte que a pesar de este “atraco” los indígenas son los dueños primigenios “de este enclave sureño de vastas riquezas naturales”, y “herederos de una civilización que ha sabido preservar una cultura basada en el respeto a nuestra madre tierra y a nuestros derechos colectivos”, señalaron.

“En contrapartida los gobiernos usurpadores se han empeñado en saquear y desaparecernos como pueblos originarios, sin embargo aquí estamos de pie para emprender otra batalla más”, advirtieron.

Mediante este escrito los organismos recuerdan que en 1995 los pueblos indígenas de la Costa-Montaña decidieron hacer frente a la inseguridad, originada por las mismas autoridades y corporaciones policiales que se coludieron con las bandas delincuenciales para institucionalizar el atraco al amparo del poder.

Agregan que ante esta amenaza los pueblos indígenas se vieron obligados a organizarse para defender su patrimonio y hacer valer sus derechos, “inspirados en la lucha de nuestros antepasados aplicamos nuestro sistema de seguridad y justicia y logramos revertir los índices de criminalidad en un 90 por ciento, recuperando el control de nuestras instituciones encargadas de procurar justicia y reeducar a quienes han causado daño a la comunidad”.

Sin embargo, la respuesta de “los de arriba” no se hizo esperar y el gobierno mestizo “que es cómplice de la corrupción se obstinó en perseguirnos y amenazarnos, encarcelando a nuestras autoridades para causar temor y contener nuestra capacidad para organizarnos”.

El documento continúa describiendo que juntos habían logrado que las autoridades del estado reconocieran en la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígenas que la Policía Comunitaria es legal y legítima, y que además:

“… es un aporte trascendente que enriquece la pluralidad jurídica del estado y del país, como lo han reconocido los relatores especiales de pueblos indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Sin embargo, denunciaron que a pesar de esta gran contribución, “hoy los poderes Ejecutivo y Legislativo de manera perversa se aliaron para que de un plumazo quitaran de tajo el carácter constitucional que tenía nuestra Policía Comunitaria, con el fin de encapsularnos y supeditarnos a leyes que violentan nuestros derechos colectivos”.

Para la CRAC y las agrupaciones solidarias, las reformas aprobadas el 27 de julio por los diputados locales, son una “contrarreforma urdida por el Ejecutivo y aprobada a pie juntillas por los diputados, con la finalidad de criminalizar las funciones esenciales de nuestro sistema de seguridad y justicia comunitaria”.

Por las razones expuestas protestan públicamente y advierten que, como pueblos originarios de la Costa-Montaña, donde nació el proyecto de la Policía Comunitaria, “defenderemos con la ley en la mano este modelo ejemplar que nos ha garantizado la paz y la seguridad en nuestros territorios”.

Reprochan que “esa legislatura de triste memoria ignoró que en Ayutla de los Libres, donde habitamos los na’savi y me’pha se diseñó el histórico plan para derrocar a Santa Ana y luchar por la instauración de un gobierno democrático”.

Recuerdan que fue en este mismo municipio donde decidieron como pueblos nombrar a “nuestras autoridades municipales por usos y costumbres, es decir, en nuestras asambleas comunitarias. Esta lucha tenaz fue una demostración de que nuestros derechos tienen que ser respetados por las instituciones del Estado y los mismos partidos políticos”.

Destacan que de esta misma forma nació la Policía Comunitaria, en las asambleas de los pueblos y “haciendo valer nuestro derecho a la consulta y en ejercicio de nuestra autonomía”.

Aclararon que los pueblos no son vasallos de los gobiernos “usurpadores, ni súbditos para que nos impongan leyes que nos sojuzgan. Ostentamos la titularidad de nuestros derechos, le pese a quien le pese”.

Igualmente, se declararon sujetos de derecho “no objeto de políticas asistencialistas”.

Así, convocaron a los pueblos hermanos a que “con la fuerza de la razón y la legitimidad de nuestras luchas, increpar al poder levantando nuestra voz ante los tribunales que han sabido reconocer nuestros derechos y a nuestra Policía Comunitaria, que es un modelo ejemplar reconocido en leyes nacionales e internacionales”.

Añadieron que, ante la aprobación de esta contrarreforma, “por esta agónica legislatura”, hacen un llamado los ayuntamientos “a no ser cómplices de esta decisión que atenta contra nuestros derechos, y más bien hagan valer su poder para rechazar esta ley y apoyar los recursos legales que como pueblos indígenas interpondremos ante las instancias competentes”.

Finalmente, adviertieron que: “con el derecho que nos asiste hacemos público que acudiremos a las instancias correspondientes para revertir esta reforma y afianzar mejor nuestra organización, para defender y consolidar el proyecto histórico de nuestra Policía Comunitaria que nació para garantizar la seguridad y la paz tan ausente en nuestro estado”.

#Guerrero

Normalistas de Ayotzinapa vandalizan cuartel militar de Iguala

Por el cuarto aniversario de la desaparición de 43 normalistas, familiares y estudiantes de Ayotzinapa protestaron en Iguala.

Por Alejandro Ortiz, 2018-09-20 15:03

Guerrero.- Luego de un mitin de protesta frente al 27 batallón de infantería en Iguala alumnos de la escuela normal de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos” arrojaron explosivos caseros contra la fachada principal de las instalaciones militares.

En el marco de la jornada de lucha, por el cuarto aniversario de la desaparición de 43 normalistas en la ciudad de Iguala, familiares de las víctimas y estudiantes de Ayotzinapa realizaron una protesta frente al batallón militar en Iguala.

Durante el mitin, los padres de familia de los 43 desaparecidos, insistieron en la necesidad de que el estado mexicano investigue la participación de los militares en los hechos del 2014, tal y como sugieren las resoluciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Y es que, dos temas apuntan a la participación de militares en la desaparición de normalistas en Iguala: la telefonía móvil, ya que el GPS de uno de los desaparecidos, habría sido ubicado cerca de la zona militar y las conclusiones de la CNDH, que apuntan a que un militar vestido de civil habría visto la entrega de estudiantes a policías de Huitzuco.

 

 

 Normalistas de Ayotzinapa vandalizan cuartel militar de Iguala

Luego de los reclamos contra el militar, un grupo de normalistas comenzó a arrojar explosivos caseros contra la fachada principal del militar para luego retirarse del municipio con dirección a Chilpancingo.

Los normalistas arrojaron todo tipo de objetos durante 10 minutos y destrozaron un cajero del Banco del Ejército (Banjército).

A bordo de 12 autobuses, los casi 500 estudiantes y familiares de los 43 desaparecidos se retiraron y anunciaron la continuación de acciones de protesta por el cuarto año de los hechos ocurridos en Iguala.

#Chilpancingo

SUSPEG se cansa de protestar contra Evodio y ven con esperanza a Adela

Los trabajadores gubernamentales denunciaron que desde hace tres meses el Ayuntamiento de Acapulco no les paga sus quincenas.

Por Redacción, 2018-09-20 14:47

Acapulco, Guerrero.- Trabajadores del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) se manifestaron sobre las escalinatas del Ayuntamiento de Acapulco para exigir el pago de sus quincenas y prestaciones.

Desde las 8 de la mañana más de 200 personas se dieron cita en las escalinatas de la dependencia para demandar el pago de sus quincenas de hace tres meses.

Posteriormente emprendieron una marcha desde el Ayuntamiento hasta el Asta Bandera.

En entrevista el secretario General de la Sección 14, Robespierre Moreno Benicio, dijo estar confiado del compromiso que han hecho las nuevas autoridades entrantes.

“Estamos aquí para exigirle a los tres órdenes de gobierno el pago retenido de nuestra quincena, mismo que se ha detenido sin ningún motivo ni aviso alguno”, expresó Moreno Benicio.

Mencionó que los afectados con esta retención de pagos son alrededor de 60 empleados de la Sección 14 del SUSPEG de no tener una respuesta por parte de las autoridades responsables bloquearan avenidas y carreteras.

A las 10 de la mañana emprendieron una marcha desde las escalinatas del Ayuntamiento hacia el Asta Bandera quienes portaban una lona con la leyenda: “Confiamos en el compromiso adquirido de la alcaldesa electa Adela Román Ocampo”.

Anunciaron que mañana se sumaran a la manifestación de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero, quienes emprenderán una marcha desde el Asta Bandera con dirección a la Base Naval para renunciar al nuevo modelo educativo y exigir la presentación con vida de los 43 normalistas.

#Guerrero

“Funcionarios comparecerán si los llama el Congreso”: Astudillo

El gobernador sostuvo que “el Congreso está regidor por leyes y si las reglas permiten que los funcionarios tengan que ir, no le veo inconveniente”.

Por Alejandro Ortiz, 2018-09-20 14:14

Chilpancingo, Guerrero.- Luego de la comparecencia del fiscal general, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, ante el Congreso local, funcionarios del Ejecutivo podrían ir también si son requeridos por el poder legislativo, sin que esto se vea con ánimos de confrontación, manifestó el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores.

Entrevistado en Casa Guerrero de Chilpancingo, el gobernador se dijo respetuoso de las decisiones del Congreso local, en el cual el PRI no tiene una mayoría, y adelantó que no tendrá inconveniente si hay motivos para que los funcionaros del Ejecutivo puedan ir a comparecer.

Agregó que el fiscal se limitó a responder los temas por los que fue citado, es decir por la presunta compra de una millonaria residencia en Acapulco, y pidió que si hay más dudas, los diputados hagan las observaciones correspondientes.

“Yo recomendé al fiscal que fijara una posición clara y rápida (…), yo sugerí que esa comparecencia se debió hacer inmediatamente, pero el Congreso tiene sus tiempos y no me meto”.

“El Congreso hizo lo que tenía que hacer y el fiscal contestó lo que tenía que contestar (…). El Congreso está regidor por leyes y si las reglas permiten que los funcionarios tengan que ir, yo no le veo inconveniente”, indicó el mandatario.

También adelantó que hasta el día de hoy tiene pensado entregar su tercer informe de gobierno en el recinto legislativo, y en los próximos días afinará los detalles para tal acto.

Entre otros temas dijo desconocer sobre la reunión entre familiares del alcalde electo desaparecido de Cochoapa el Grande y su chofer, y afirmó que el gobierno estatal realiza las labores necesarias para la búsqueda de Daniel Esteban González y Juventino García.

“Tenemos varios días con equipo en Tlapa y espero que se obtengan resultados respecto a dónde está el candidato del PRD de Cochoapa el Grande, Daniel Esteban González.

“El más interesado en que este asunto se resuelva y no se dé nuevamente, soy yo, estamos sobre el tema, hay un grupo especial de la Fiscalía General allá y las líneas de investigación se están haciendo (…), desconozco la reunión de la Segob.