Por: Tatiana Félix


Honduras es uno de los países más peligrosos del mundo para las y los defensores de Derechos Humanos (DH), sobre todo para quienes actúan en defensa del medio ambiente y de la tierra.

Lo anterior lo advirtió la Misión Internacional “Justicia para Berta Cáceres”, en virtud del asesinato de la activista indígena y ambientalista el pasado 3 de marzo.

La Misión está integrada por diputados del partido español Podemos y un representante del Congreso mexicano, activistas de DH y sindicalistas latinoamericanos y estadounidenses, además de abogados de México y El Salvador. Fue convocada por solicitud de la Red Nacional de Defensoras de Honduras, conjuntamente con el Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas (Copinh).

Según el documento, presentado en rueda de prensa la víspera, el país centroamericano no respeta los principios democráticos ni garantiza las libertades y derechos fundamentales establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José.

Además de que transgrede el derecho de los pueblos indígenas para favorecer proyectos hidroeléctricos, mineros, agroindustriales y forestales, principalmente el proyecto Agua Zarca, desarrollados en territorios indígenas por grandes empresas nacionales y trasnacionales.

“No se detecta la voluntad necesaria por parte del gobierno de Honduras para acabar con la impunidad en relación a la violencia contra la defensa de los DH, particularmente hacia los pueblos indígenas”, denunciaron.

Ante un escenario de constantes violaciones y persecuciones, la Misión recomendó la adopción y el cumplimiento de la Ley de Protección para las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, que ya fue aprobada por unanimidad en el Congreso hondureño en abril de 2015.

Además, pidió la cancelación de las concesiones relacionadas con los proyectos hidroeléctricos, explotación de empresas mineras, industriales y forestales, a fin de revisarlas para garantizar el principio de sustentabilidad ambiental, y la desmilitarización de los territorios del pueblo lenca.

Y apeló a Estados Unidos para que suspendan el llamado Plan para la Prosperidad, mientras la situación de protección y garantía de los DH no mejoraren en Honduras.

La Misión Internacional “Justicia para Berta Cáceres” cuestionó la utilización del nombre del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos por parte del gobierno hondureño, en relación con la investigación de la muerte de la líder indígena.

Pues la oficina no tendría capacidades técnicas ni operacionales para acompañar las investigaciones. La participación del FBI (agencia de investigación de EU), debido a la presión nacional e internacional, tampoco estaría posicionada claramente en los trabajos de investigación del asesinato de la activista.

La Red Jubileo Sur Brasil también expresó su “indignación y consternación ante la impunidad que involucra el caso Berta Cáceres”, y demandó la libertad “inmediata y con seguridad” del activista mexicano Gustavo Castro, quien está retenido en la embajada de México en Tegucigalpa, desde el asesinato de su colega hondureña, presenciado por él.

“Exigimos que los organismos internacionales de DH hagan una intervención más directa e incisiva en este caso, teniendo en cuenta todas las desidias sufridas por representantes de movimientos sociales hondureños, ya citados en distintos informes”, agregó la Red.