México.- El Gobierno Federal congeló las 224 cuentas bancarias de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), debido a las acusaciones por lavado de dinero que pesan sobre la institución, las cuales ya están siendo investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

A través de un comunicado, la UAEH señaló que las cuentas fueron bloqueadas de manera ilegal, lo cual afectará los pagos de 7 mil 500 trabajadores y jubilados, así como también de 61 mil alumnos de educación media superior, licenciatura, especialidades, maestrías, doctorados y de movilidad internacional.

Destaca que, se bloquearon los fondos, rechazaron depósitos y negaron el pago de cheques, servicios, proveedores y obligaciones ordinarias en seis bancos en los que operan 224 cuentas de esa institución académica, incluidas las de recursos públicos provenientes de la Tesorería de la Federación.

Por su parte, el Rector Adolfo Pontigo Loyola solicitó la intervención oportuna del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador en la resolución de estas acciones, ya que el origen de los recursos en las cuentas es de procedencia lícita.

“Estas acciones perjudican gravemente no sólo el prestigio de la institución, sino el ejercicio legítimo de la autonomía universitaria” apuntó.

El congelamiento ilegal de sus cuentas bancarias, subrayó Pontigo Loyola, se traduce en un quebranto a la universidad y genera una parálisis de sus funciones sustantivas de docencia, investigación, extensión y vinculación.

A partir de febrero de 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera reveló la investigación contra la UAEH por su presunto lavado de dinero en el patronato.

México.- La tormenta tropical «Ivo» se formó este miércoles a partir de la depresión tropical «Diez-E» frente a las costas de los estados de Jalisco y Colima, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las bandas nubosas de «Ivo» ocasionan lluvias muy fuertes a puntuales intensas con descargas eléctricas, alertó el SMN al emitir un aviso de alerta sobre esta tormenta tropical, que por su lejanía no se prevé que afecte el territorio mexicano.

El Servicio advirtió que las lluvias generadas por «Ivo» pueden originar deslaves, aumento en el caudal de los ríos y arroyos además de inundaciones en zonas bajas, rachas fuertes de viento, oleaje y posibilidad de trombas marinas en los estados de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.

El ciclón se localizó en los 15.8 grados Latitud norte y 109.5 Longitud oeste, a unos 655 kilómetros al oeste-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 790 kilómetros de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

«Ivo» se mueve a una velocidad de 31 kilómetros por hora con dirección oeste-noroeste, con vientos sostenidos de 75 kilómetros por hora y con rachas de 95 kilómetros por hora, explicó el SMN en su aviso de alerta.

El pronóstico del SMN es que la tormenta tropical genere lluvias muy fuertes a puntuales intensas -de 75 a 150 litros por metro cuadrado- en los estados de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, estados de la costa del Pacífico mexicano.

El SMN recomendó a la población de estos estados extremar precauciones por lluvia, viento y oleaje, incluida la navegación marina.

Con las condiciones actuales, Ivo alcanzará la categoría 1 de huracán a primera hora del 23 de agosto y un día después se degradará a tormenta frente a la península de Baja California.

«Ivo» es el noveno ciclón tropical que se forma en aguas del Pacífico mexicano en la actual temporada, que se declaró el pasado 15 de mayo y que se prevé concluya el próximo 15 de noviembre.

Antes de «Ivo», esta temporada en el Pacífico mexicano se han formado los ciclones «Alvin», «Bárbara», «Cosme», «Dalila», «Erick», «Flossie», «Gil» y «Henriette».

Datos del Gobierno de México señalaron que el pasado año se desarrollaron 41 ciclones tropicales en las cuencas del Pacífico Nororiental y el Atlántico Norte.

México.- El Juez Décimo de Distrito en el Estado de México concedió una suspensión definitiva en contra de todos los efectos y consecuencias de la Autorización de Impacto Ambiental emitida por Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), respecto al proyecto de Aeropuerto Internacional de Santa Lucía.

El juez dio esta resolución al considerar que la misma autorización de la Semarnat reconoce que con la ejecución del proyecto de Santa Lucía se ocasionarán daños y afectaciones al ecosistema actual de las regiones que impactará la obra aeroportuaria.

Según el juez, en el documento de la Semarnat acepta que para construir el nuevo aeropuerto de Santa Lucía debería existir tala y poda de la vegetación; desplazamiento y reubicación de flora y fauna, inhibición en la filtración hídrica y, por ende, la disminución de captación de agua; aumento de contaminación atmosférica debido al aumento en el tránsito de vehículos, aunado a la falta de infraestructura vial; así como  daños inminentes de difícil reparación en perjuicio de las comunidades por modificaciones al entorno.

La resolución del juez se dio luego de que el colectivo #NoMásDerroches promovió un juicio de amparo.

El colectivo anunció que con esta nueva medida cautelar, el inicio de la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía tendrá que esperar a que se emita sentencia definitiva en el juicio de amparo, luego de que el juez analice si la Autorización de Impacto Ambiental cumple con los principios en materia ambiental y garantiza el derecho a un medio ambiente sano que protege la Constitución.

México.- El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo, propone reformas de ley para crear un marco jurídico efectivo que garantice la reparación del daño a menores que sean víctimas de “bullying” y refuerce la protección de los derechos e intereses de los niños en el entorno escolar.

“Tiene como fin adicionar una sección sobre responsabilidad patrimonial del Estado en la Ley General de Educación con seis artículos, y reformar el artículo 59 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”, indicó en un comunicado.

En el marco del inicio del ciclo escolar 2019-2020, Delgado Carrillo presentó esta iniciativa de ley ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que sesiona este miércoles en el Senado de la República.

Se plantea –dijo– que la indemnización cubra la reparación integral de los daños, personales y morales, presentes y futuros, así como que tenga un efecto disuasivo respecto del acoso escolar.

La indemnización, además, será cubierta por la autoridad educativa correspondiente; en caso de instituciones privadas, la autoridad educativa responsable será aquella que otorgó la autorización.

Tendrá conocimiento de la reclamación correspondiente el Tribunal de Justicia Administrativa que ejerza jurisdicción sobre la autoridad educativa competente, ya sea local o federal.

“Si bien esta responsabilidad debe recaer, en primera instancia, en el Estado, por el carácter de servicio público y obligación Estatal de la educación, no importando si es en un entorno escolar de institución pública o privada, queda a salvo el derecho del Estado de cobrar al particular responsable por la indemnización que haya pagado al menor”, sostuvo.

Comentó que la iniciativa tiene su origen en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre el amparo directo 35/2014, por el que ordenó pagar 500 mil pesos a un menor que fue sujeto de acoso escolar en una escuela privada del Estado de México, hace cuatro años, el 15 de mayo del año 2015.

Agregó que, derivado de esta sentencia quedó claro que los casos de “bullying” causan daños graves a los menores que lo sufren, en consecuencia, tienen derecho a recibir el pago para la reparación de ese daño.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, afirmó que “debe existir una legislación que integre todos los deberes de las autoridades, los principios de la protección de los menores y las herramientas para cumplir eficazmente la obligación de mantener un espacio escolar libre de violencia”.

“Aprovechamos esta oportunidad para señalar la necesidad de avanzar en una legislación integral en materia de acoso escolar, como herramienta eficaz para garantizar espacios escolares libres de violencia”, señaló.

Delgado Carrillo explicó que, de acuerdo al estudio de la organización no gubernamental Internacional Bullying Sin Fronteras para América Latina y España, presentado ante la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) en abril de 2019, los casos de “bullying” en nuestro país afectan a siete de cada 10 estudiantes.

En el estudio se detalla que el 85 por ciento de los casos suceden en la escuela; el 82 por ciento de los niños con discapacidad son acosados en la escuela; más del 80 por ciento de los actos de “bullying” no son reportados a los maestros.

Además, 60 por ciento de los acosadores o quienes cometen “bullying” tienen al menos un incidente delictivo en la edad adulta, y tres millones de niños se ausentan de la escuela cada mes a causa del acoso escolar.

El diputado de Morena recordó que, en su momento, se presentó esta iniciativa en conjunto con las legisladoras Lucero Saldaña Pérez y Mariana Gómez del Campo Gurza (entonces senadora), para adecuar la legislación educativa en materia de responsabilidad patrimonial del Estado en casos de “bullying” o acoso escolar.

Ésta fue presentada el 14 de agosto de 2015 ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y se turnó a comisiones del Senado, sin embargo, la propuesta no prosperó y fue declarada como asunto concluido por el Pleno de la Cámara alta, el 3 de noviembre de 2016.

Delgado Carrillo insistió en que, debido a la importancia de la materia, la iniciativa debe ser retomada, para lograr que ante casos de “bullying” se garantice la reparación del daño para los menores afectados.