Chilpancingo, Guerrero.- La designación que hizo el Senado de Alma Delia Eugenio Alcaraz como magistrada del Tribunal Electoral del Estado (TEE) no garantiza la imparcialidad en su desempeño para el cargo por los próximos siete años, pues está señalada de nepotismo y vínculos con el PRI, denunció la diputada local, Norma Otilia Hernández Martínez.

En la sesión de este martes el Congreso local, la legisladora intervino en tribuna para hablar del caso y recordó los señalamientos en contra de la ahora magistrada electa por haber incurrido en nepotismo cuando se desempeñó como consejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).

La morenista recordó que Eugenio Alcaraz renunció en agosto del año pasado al IEPC horas antes de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobara un acuerdo por el que la revocaría del cargo de consejera tras confirmarse que cometió nepotismo dentro del organismo, al colocar a su sobrina Liliana Ramírez Eugenio como titular de la Dirección Jurídica.

“Evitó con esto ser sancionada e inhabilitada para asumir cargos públicos, pues la sentencia en una primera instancia venía en contra de Alma Delia, misma que sería aprobada por unanimidad, generando en consecuencia su sobreseimiento procesal y jurídico para este asunto”, comentó.

Destacó que la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que uno de los requisitos para ser magistrado o magistrada electoral es gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena de más de un año de prisión, así como no haber cometido robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otra acción que lastime la buena fama y el concepto público.

Recordó que la ahora magistrada electa se desempeñó como asesora de la diputada priista Alicia Zamora Villalba.

En respuesta, la diputada Alicia Zamora criticó que la legisladora de Morena pusiera en duda la decisión del Senado, pues le recordó que ahí la mayoría la tiene Morena.

Dijo también que no les corresponde a los diputados locales determinar si el aspirante a un cargo dentro de los órganos jurisdiccionales tiene o no el derecho de participar en el proceso, argumentando juicios morales.

“Hago el llamado a que, aunque no se trate de nuestros amigos y compadres, no les restemos méritos. Si han mostrado capacidad, no los tenemos que descalificar o señalar, no caigamos en excesos”.