Ciudad de México.- El juez federal Nelsson Pedraza Sotelo sentenció la noche del viernes a 50 años de prisión a Juan Carlos Morenio Ochoa “El Larry”, por el homicidio de la periodista Miroslava Breach Velducea.

Moreno Ochoa es el único detenido por el crimen de quien era corresponsal de La Jornada en Chihuahua. Fue detenido en diciembre de 2017.

El juicio oral contra “El Larry” inició en febrero pasado, después de casi tres años del homicidio.

En el juicio oral se desahogaron 50 testigos ofrecidos por la Fiscalía General de la República y la asesoría jurídica a cargo de la organización Propuesta Cívica, así como seis testigos ofrecidos por la defensa del sentenciado, de acuerdo con la misma organización.

“Se logró demostrar la plena participación y culpabilidad de ‘El Larry’, señalando el juez que no había lugar a dudas y que había quedado derrotada la presunción de inocencia de Moreno Ochoa”, publicó anoche Propuesta Cívica.

Las pruebas testimoniales, periciales y documentales, dieron cuenta cómo operó la planeación y ejecución del crimen, agrega.

La organización coadyuvante explicó los elementos más destacables del fallo judicial, entre ellos, que el juez estableció que se comprobó que Miroslava fue víctima de homicidio como consecuencia de sus investigaciones periodísticas.

Además, se logró identificar a un autor intelectual del crimen: “Se trata de un líder del narcotráfico con nexos políticos; testigos especialistas en investigación criminal expusieron cómo opera la narcopolítica en la sierra de Chihuahua y el posible involucramiento de políticos del actual gobierno local en el crimen, un eslabón pendiente en esta investigación”.

Para Propuesta Cívica, la sentencia representa un precedente importante en el combate a la impunidad de crímenes contra periodistas en el país, que es el más violento para la prensa.

En un caso emblemático porque es el primer juicio por el homicidio de una mujer periodista litigado en instancias federales con una sentencia condenatoria y con la aplicación de una pena de 50 años de prisión, agrega.

“El caso de Miroslava Breach puso a prueba el funcionamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio tratándose de comisión de delitos contra periodistas, evidenció los retos pendientes para las fiscalías tanto local como federal, la imperiosidad de mejorar sus planes y técnicas de investigación, así también, demostró que cuando hay voluntad política la autoridad investiga, y que cuando hay participación de las víctimas, de la sociedad civil organizada (nacional e internacional) y del gremio periodístico, la autoridad investiga de manera más eficaz”, opina Propuesta Cívica.

Y advierte que el caso no está cerrado, ya que falta que se ejecute la orden de aprehensión contra de Jaciel “N”, otro de los autores materiales.

Asimismo, falta la investigación en contra de los autores intelectuales y esclarecer el posible involucramiento de funcionarios del actual gobierno de Chihuahua.

“Los asesinos de Miroslava Breach no solo mataron a la madre de dos hijos (uno menor de edad) y parte fundamental de una familia, también mataron a una mujer que fue de las voces más críticas del gobierno, mutilaron al periodismo de investigación valiente y veraz, y como sociedad nos arrancaron el derecho a seguir conociendo sus investigaciones que exhibían y cuestionaban la narcopolítica que opera en Chihuahua”.

La familia de Miroslava Breach Velducea y testigos especializados en peritaje psicológico se presentaron esta semana ante el juez Néstor Pedroza, para acreditar la reparación del daño en el juicio.

Víctor Martínez, abogado de Propuesta Cívica, la organización coadyuvante en el juicio, informó que se desahogaron cinco testigos: 2 peritas en psicología que evaluaron a dos hermanas de Miroslava Brech, sobre las afectaciones emocionales que produjo el crimen y cómo se vio alterado el proyecto de vida.

También acudió una representante de La Jornada, diario del que la periodista fue corresponsal; un exfuncionario de la Comisión Especializada en Atención a Víctimas y otra persona que aportó las facturas de los servicios funerarios.

El abogado defensor trató de controvertir la credibilidad de los peritos y el valor probatorio de los pasos que presentó el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión.

Por la pandemia de covid-19, el juez cambió de fecha para esta audiencia, así lo explicó el martes pasado a las partes involucradas durante la audiencia e informó que, por los acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal derivados de la pandemia, no podrán ingresar medios de comunicación ni otras personas distintas a las partes y testigos.