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Dan amparo a ejidatarios morelenses afectados por Aldesa

Se quejan que los gobiernos federal y estatal, ni la empresa Aldesa han pagado por las tierras donde se construyó la Autopista Siglo 21.

Por Héctor Raúl González, 2018-04-16 15:28

Ejidatarios del núcleo agrario de Huitzililla, en el municipio de Ayala, Morelos, obtuvieron un amparo pues ni los gobiernos federal ni estatal, ni la empresa Aldesa, la que construyó el Paso Exprés de Cuernavaca, han pagado por las tierras que ocuparon para la construcción de la Autopista Siglo 21.

“En el año 2013 el Ejecutivo del Estado suscribió con los afectados un convenio de Ocupación Previa, mediante el cual efectuó un pago parcial, comprometiéndose a iniciar el procedimiento de expropiación y a pagar las diferencias económicas que en su caso arrojaran los avalúos que practicara el Instituto de Avaluos y Administración de Bienes Nacionales (INDABIN).

“A 5 años de efectuado ese compromiso, la carretera se encuentra concluida, sin embargo, el Gobierno del Estado no ha iniciado el trámite expropiatorio y tampoco ha solicitado al INDABIN el avalúo de las afectaciones, para en su caso, pagar las diferencias comprometidas”, informó Lucía Meza, candidato de Morena al Senado de la República.

Además la empresa Aldesa ocupó parcelas que no formaban parte del convenio original de ocupaicón previa, lo que afectó los accesos a los campos de cultivo de la región.

“Con la experiencia anterior se opusieron a nuevas afectaciones y acudieron a la protección de la justicia federal mediante juicios de amparo y han obtenido la suspensión para protegerlos de nuevas afectaciones, como el Juicio de Amparo solicitado por Hipolito Flores Montiel, quien obtuvo ya la suspensión provisional en el Juicio de Amparo 579/2018, tramitado ante el Juez Séptimo de Distrito del Estado de Morelos”, dijo Meza.

Con el amparo, los trabajos finales de la construcción de la Autopista Siglo 21, con la que se conecta Puebla y Morelos, deberán ser suspendidos.

“Hago un llamado a Graco Ramirez Garrido Abreu para que a cinco años incumplir su palabra inicie el procedimiento de expropiación de la afectación, solicite al INDABIN los avalúos de las tierras afectadas y pague a los campesinos las diferencias que arrojen los avalúos, como se comprometió con los afectados.

“A pesar de los incumplimientos a su palabra, el organismo público del gobierno del Estado, denominado ‘Operador de Carreteras de Cuota’, y quien tiene a su cargo las indemnizaciones, intentó despojar de nuevos tramos de tierra a campesinos del poblado de Huitzililla, requiriéndoles más tramos de terreno con la promesa que mas adelante se los pagarían”, expresó Meza.

De acuerdo con la candidata al Senado, hasta la fecha ni el gobierno del estado, ni la empresa Aldesa ha cumplido con los compromisos adquiridos para que las parcelas afectadas cuenten con los accesos necesarios para movilizar maquinaria y transportar sus productos.

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Estas empresas buscan construir nueva refinería; no están libres de pecado

Se trata de Techip, KBR, así como los consorcios, por separado, Bechtel-Techint y Worley Parsons-Jacobs.

Por Redacción, 2019-03-19 09:46

México.- Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía (Sener), reveló los nombres de las empresas que recibieron la invitación para la licitación de la nueva refinería de Dos Bocas, Tabasco.

Se trata de Techip, KBR, así como los consorcios, por separado, Bechtel-Techint y Worley Parsons-Jacobs, dijo la funcionaria federal.

En la ceremonia de la Expropiación Petrolera, destacó que dichas firmas cumplen con los requisitos técnicos, cumplen con las prácticas de transparencia y ética.

Con el proyecto de Dos Bocas, se busca la producción de 340 mil barriles por día, en un terreno de 566 hectáreas que contarán con enlace con terminal marítima, gasoducto, accesos carreteros, vía de ferrocarril y obras hidráulicas, de saneamiento y telecomunicaciones.

En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no van a cancelar los contratos que se firmaron en el marco de la Reforma Energética y exhortó a quienes reciben esos contratos para que inviertan.

“No hay inversión suficiente y no han producido petróleo, no han extraído petróleo. Los invitamos a que inviertan y a competir en buena lid”.

Consideró que se debe demostrar qué es más eficiente, si Petróleos Mexicanos (Pemex) contrata de manera directa y se mantenga como una empresa nacional o las privatizaciones.

Un historial de daño ecológico y conflictos sociales

En controversia están algunas de las empresas que invitó el Gobierno federal para participar en la construcción de la refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco.

Bechtel ha estado relacionada con diversas acusaciones de tipo ambiental y de conflictos sociales.

Se informó que en 1999, la empresa estadounidense firmó un contrato con el entonces presidente electo de Bolivia, Hugo Bánzer, para privatizar el servicio de suministro de agua a Cochabamba, la tercera ciudad más importante de ese país, los que generó protestas sociales un año después.

KBR es la unión de MW Kellog y Brown&Root, que antes habían formado parte del consorcio Halliburton, está envuelto en escándalos relacionados con la guerra en Irak.

A MW Kellogg la adquirió Dresser Industries, que se fusionó con Halliburton en 1998, en tanto que en 1962 Brown & Root fue adquirida por Halliburton, indica en su nota Julio Reyna Quiroz.

Según los datos, en 2013, Pemex Refinación adjudicó a Technip un contrato para que se modernizara una de las unidades de conversión de la refinería en Cadereyta, Nuevo León. Esa adjudicación se llevó a cabo en conjunto con la mexicana Construcciones Industriales Tapia.

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Islas Marías recibirá a sus primeros exploradores el próximo Verano

El ahora exCentro Penitenciario calificado como uno de los mejores del mundo por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Por Redacción, 2019-03-19 09:32

México.- El ciclo de vida como Centro Penitenciario terminó en Islas Marías y ahora durante la entrega-recepción se apuntala como un Centro de Educación Ambiental y Cultural que dará alojamiento a campamentos para niños y jóvenes que gusten de la naturaleza a partir del próximo verano.

Pero la historia del lugar, centrada en Isla Madre no acabará, pues las instalaciones aún maltrechas por el huracán Willa, que ascienden a más de 2 mil millones de pesos, junto a sus murales y lo que quedaba de las prisiones se mantendrán para ser testigos de la historia y evitar una inversión mayor.

En la actualidad -antes de entregar formalmente la Isla a la Semar y Semarnat- la llegada comienza en la octava Zona Naval en el puerto de Mazatlán y tras un viaje de siete horas en buque más de 7 filtros de seguridad se llega al muelle Morelos donde un mural con la imagen de Nelson Mandela otorga la bienvenida.

Lo que queda del Centro Penitenciario decretado por Porfirio Díaz hace 113 años con ocho meses son muros hechos murales, dormitorios con rayones, trozos dejados por los huracanes, una naturaleza diversa y miles de historias.

Los internos que hasta el día 8 de marzo eran alrededor de 600 -luego de ser reubicados en otros Ceferesos del país- se dividían en cuatro espacios: en Morelos donde permanecían personas con discapacidad, de tercera edad y con padecimientos médicos; en Bugambilias donde los privilegiados podían convivir con sus familias; en Aserradero donde se encontraba la población próxima a obtener su libertad; y Laguna de Toro de máxima seguridad donde se encontraban quienes tenían mayor problema de acatar las reglas de autoridad y donde se hacía el proceso de clasificación de perfiles.

Costear a los “PPLs” como todos les llaman y que quiere decir Personas Privadas de su Liberad, ya no era posible, según el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), Francisco Garduño Yáñez, quien narra que cada interno le generaba costos a la Federación de dos mil 800 pesos por día.

Así desde el 8 de marzo todos fueron trasladados a Ramos Arizpe, de los cuales 14 ya fueron liberados y los otros han sido enviados a otros ceferesos, lo que hace lucir a los comedores, talleres, gimnasios, capillas y áreas de servicios médicos en total abandono.

Aún en el lugar, distribuidos en los 20 kilómetros de largo y ocho de ancho que se recorren en varias horas ante los largos caminos de terracería, se mantienen alrededor de 400 empleados, entre personal administrativo, de la Secretaría de Marina y de OADPRS.

“Muchos quieren quedarse aquí y van a ser transferidos a la Semarnat para que continúen; ellos yo creo van a ser los pioneros de conducción en la Isla para las gentes que vengan porque la conocen perfectamente”, comenta el comisionado Garduño.

Alejandro, un custodio que se dedicaba a trasladar a los internos de un centro a otro desde hace seis años en Islas Marías, cuenta que su vida se dividía en la Isla y su hogar en Colima, pues se quedaba dos meses en cada lugar.

“Aquí no tienes celular, no hay señal de telefonía ni de internet entonces yo creo que es más difícil para las mujeres quedarse acá, nosotros (los hombres) somos más desenamorados, no tenía problema en estar incomunicado”.

Además confiesa que jamás tuvo miedo a los internos. “Siempre estuve desarmado, no era necesario, interactuábamos como con cualquier persona, entre ellos llegaban a tener algún conflicto pero estaba tranquilo”.

El ahora ex Centro Penitenciario calificado como uno de los mejores del mundo por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como por la Asociación Americana de Correccionales hacía que algunos presos que alcanzaban a obtener su libertad se quisieran quedar por dos semanas más “solicitaban un permiso, nos parecía absurdo pero pues eso demuestra el sentimiento de arraigo de la gente y el amor que algunos llegaron a tener a este lugar”.

Así lo cuenta Ricardo Ramírez Guzmán, Encargado de Protección Civil, quien dijo que en contraparte y a lo largo de la historia algunos trataron de huir en lanchas hechizas hacia la Isla Magdalena que se encuentra al frente, pero “nunca lo lograron, es bien sabido que además hay tiburones y cuando ya no podían más regresaban”.

La medida implementada por el presidente Andrés Manuel López Obrador de cerrar el Complejo Penitenciario para convertirlo en un Centro de Centro de Educación Ambiental y Cultural hará que por lo pronto un grupo de niños y jóvenes acudan en las próximas vacaciones de verano por una estancia de 15 días; mientras que en los años subsecuentes el espacio que ahora es Reserva de la Biosfera pueda tener mayor investigación sobre sus especies endémicas.

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Cenizas, es lo que entregan a familiares de desaparecidos en Jalisco

En octubre de 2018 la Comisión de Derechos Humanos de ese estado constató el traslado del Semefo al panteón de Belén de 700 urnas con cenizas.

Por Redacción, 2019-03-19 09:22

México..- Como si el cuerpo de una persona fuera cualquier cosa, las autoridades de Jalisco entregan en unas bolsas a desaparecidos incinerados, es decir, vueltos cenizas, a sus familiares que esperaban un poco más de compromiso humano por parte de los encargados.

La mujer encaró a la fiscal para desaparecidos de Jalisco:

–Le dije: “Ya ni chingan, ni siquiera merecía una urna, las metieron en una bolsita de plástico”.

Eso le espetó Guadalupe Aguilar, directora del colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos de Jalisco (Fundej). Y es que así han entregado y han intentado entregar cenizas de cuerpos anónimos aquí, en Jalisco: en bolsas de plástico. Eran cenizas que nadie sabía a quién pertenecían. Vaya, los familiares de las víctimas ni siquiera tenían certeza de si eran cenizas humanas.

¿Qué sucedió? Que además de apilar cuerpos en tráileres, autoridades de Jalisco incineraron y almacenaron en cajas de cartón y estantes de oficina más de mil restos de personas sin identificar entre 2006 y 2018. Luego, por la saturación, incineraron al menos mil 500 restos.

En 2015, a la madre de Francisco Hernández le entregaron una de esas bolsas de plástico con cenizas.

“La señora cogió la bolsita, se la puso en el corazón y se agarró llore y llore, y me dice: ‘Es que yo lo quería ver, aunque sea sus dientitos’”, cuenta Guadalupe Aguilar, quien atestiguó la entrega.

A la familia de Francisco, desaparecido desde 2010, no le entregaron documentos que certificaran la hora de muerte, el lugar, y menos la razón del porqué lo habían incinerado y almacenado en el Servicio Médico Forense. No había pruebas que certificaran que las cenizas eran de Francisco.

Unas semanas después, la Fiscalía estatal repitió la operación y se puso en contacto con Ana Enamorado, una mujer de origen hondureño que busca a su hijo Antonio López.

–El agente del MP me dijo que habían encontrado un cuerpo en un puente peatonal y que se había ahorcado con un cinturón, –relata Ana. Fue entonces cuando les dije: “Bueno, ¿dónde está el cuerpo?, quiero verlo”, y me dijeron que el cuerpo estaba incinerado.

Ana no aceptó llevar consigo las cenizas: el expediente no contaba con pruebas criminalísticas suficientes y el cuerpo tampoco había tenido perfil genético.

El año pasado, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo solicitó al gobierno de Jalisco información sobre el número de personas incineradas antes y después de la entrada en vigor de la Ley General de Victimas en 2013, cuando se prohibió esta práctica para los Servicios Médicos Forenses del país. La información que proporcionó el gobierno estatal a esa institución y a solicitudes de información de varía en números y tiempo.

En un primer informe, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses señala que de 2006 a 2015 se incineraron mil 560 cuerpos. En otro documento informa que de 2006 a 2018 se incineraron mil 571, mientras que en una solicitud afirma que de 2008 a 2015 se cremaron mil 134 restos.

En octubre de 2018 la Comisión de Derechos Humanos de ese estado constató el traslado del Semefo al panteón de Belén de 700 urnas con cenizas.

En los documentos obtenidos por el centro también hay variaciones entre el número de restos que contaban con muestras de ADN. “En una de las solicitudes de información el instituto señala que todos los cuerpos contaban con un perfil genético; en otra, dice que solo 803, y en la tercera, que solo 141, previo a la incineración”, dice Anna Karolina Chimiak, investigadora del centro.

El director de la Comisión Especial para la Atención a Víctimas, Jaime Rochín, asegura que de presentarse las denuncias contra funcionarios, acompañarán a las víctimas “hasta la últimas consecuencias”, puesto que se trata de “una nueva desaparición forzada… desaparecer restos”.