Ciudad de México.- Con 56 votos a favor, 25 en contra y 7 abstenciones, el Senado aprobó en lo general reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales y otros ordenamientos legales para aplicar la prisión preventiva oficiosa a quien cometa delitos electorales, robo de hidrocarburos, portación ilegal de armas y de pistolas de juguetes para delinquir, desaparición forzada y tráfico de totoaba.

Después de 11 horas de sesión, los legisladores iniciaron la discusión del tema, donde el coordinador del PRD, Miguel Angel Mancera, dijo que “no es si debiera existir o no la prisión preventiva, sino legislar para precisar los delitos al que se alude para efectos de la prisión preventiva oficiosa”.

¿Cómo se castigarán los delitos?

La prisión preventiva oficiosa no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años.

Los senadores estimaron imponer una pena de 37.5 años de prisión a quien o quienes dolosamente sustraigan hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos de ductos, vehículos, equipos, instalaciones o activos sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios o distribuidores.

En el caso de la portación ilegal de armas reservadas para uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, se sancionará con prisión de 4 a 7 años y de 200 a 400 días multa y de 4 a 8 años de prisión y 200 a 400 días multa cuando la posesión sea de más de 5 cargadores.

También, la venta de armas con la intención de agredir, para el ataque o la defensa, se castigará con 1 a 6 años de prisión y de 500 a 1000 veces el valor diario de la Unidad de Medida de Actualización.

Con las modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley en Materia de Delitos Electorales, el condicionamiento de programas sociales para votar o abstenerse de votar por una o un candidato, partido político o coalición, se sancionará con 300 a 600 días multa y prisión de 4 a 9 años.

En el caso del uso de recursos públicos, bienes, fondos, servicios o beneficios relacionados con programas sociales con la finalidad de incidir en electorado, se castigará con 500 a 1000 y prisión de 4 a 9 años.

La prisión preventiva oficiosa se impondrá al servidor público o el particular que prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa de reconocer esa privación de la libertad, o oculte o se niegue a proporcionar información sobre su paradero u oculte a una persona detenida en cualquier forma.

También, esta medida aplicará a quien omita entregar a la autoridad o familiares al nacido de una víctima de delito de desaparición forzada de personas durante el periodo de ocultamiento; retenga o mantenga oculto a la niña o niño que nazca durante este periodo desaparición de la madre.

El tráfico de totoaba, sus partes, derivados, productos o subproductos, será sancionado con una pena de 5 a 15 años de prisión y con 3 mil a 6 mil días multa.

En materia de delincuencia organizada, a quien dañe, perjudique, destruya, interrumpa y, deteriore los servicios que operen en las vías generales de comunicación o los medios de transporte, se le sancionará con pena de 2 a 9 años y multa de 200 a 1000 veces el valor diario de la Unidad de Medida de Actualización. se discuten las reservas.