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De la sierra al Palacio Nacional | Tlachinollan

Con la ilusión de poder hablar con AMLO, alrededor de 300 familias desplazadas forzadamente en Guerrero, desde el pasado domingo 17 de febrero se instalaron en Palacio Nacional.

Por Redacción, 2019-02-26 09:18

Guerrero. Tlachinollan.- Con la ilusión de poder hablar con el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, alrededor de 300 familias de los municipios de Leonardo Bravo, Eduardo Neri y Zitlala desde el pasado domingo 17 de febrero, se instalaron en Palacio Nacional. Han hecho guardia todas las mañanas para encontrar la oportunidad de establecer un contacto que les permita entrevistarse con el presidente. Con pancartas han tratado de llamar la atención a la hora que entran los funcionarios para acudir a la reunión con el ejecutivo federal.

El lunes por la mañana fueron recibidos por el subsecretario de derechos humanos, Alejandro Encinas, quien escuchó sus principales demandas y les planteó que van a “armar un plan de trabajo”, para responder a sus planteamientos. Con esa promesa regresaron al plantón y reanimaron al contingente que cada noche sufre los estragos del frio, ante la falta de cobijas y de algún domo que haga menos pesada las horas de la madrugada.

El día martes el secretario de seguridad Alfonso Durazo, preocupado por la protesta que hacían las familias desde las 5 de la mañana, se bajó del vehículo y les dijo: “Me dan lástima que estén aquí, les prometo que al ratito los van a atender”. Con esa promesa se mantuvieron en pie en la puerta del palacio, esperando la hora para dialogar con el secretario. Permanecieron toda la mañana. Después de las 2 de la tarde llegó un asistente para avisarles que su jefe se había ido con el presidente a Monterrey. Como siempre, solo se cubrió la formalidad, para no dar la impresión de que fueron ignorados.

El mismo lunes 18 una de las madres de familia de Tlaltepanapa, municipio de Zitlala, dio a luz a un niño en el hospital Gregorio Salas. Los médicos la intervinieron de emergencia y el niño Liam nació a las 4:00 de la tarde. Para la recuperación de la cesárea, la mamá que habla nahua tuvo que permanecer en el hospital hasta el día miércoles por la noche.

Desde el jueves el bebé duerme con su mamá sobre las banquetas del palacio nacional. Ahora forma parte del contingente de personas desplazadas a causa de la violencia que se vive en varias regiones del estado. Son más de 83 niños y niñas que han dejado la escuela para jugar en medio del barullo de la ciudad. Más de 30 jóvenes se organizan para cuidar los baños portátiles que rentan y otros más reparten volantes. Algunos papás se encargan de recolectar víveres, y otros programan reuniones con organizaciones solidarias. Las mamás y algunas jóvenes se distribuyen tareas para hacer el aseo y preparar los alimentos. Nunca imaginaron que llegarían a la plancha de cemento de la capital del país, para improvisar cobertizos donde dormirían y comerían, con el único fin de ser escuchados y escuchadas por el presidente de la república. A pesar de que algunos medios periodísticos han publicado el problema que enfrentan, hasta la fecha no han recibido una respuesta satisfactoria a sus demandas más sentidas.

De acuerdo con testimonios de las personas desplazadas, desde hace 6 años se dio el primer desplazamiento de varias familias de la sierra. Ellos lo atribuyen a los problemas que existen entre los grupos de la delincuencia organizada. Según se sabe hubo una fractura del grupo de los rojos, que repercutió en toda la sierra de Chilpancingo. La división se debe al control por el trasiego de la droga en el corredor principal que va de Chilpancingo a Cuernavaca. En esta región se han organizado varias comunidades de la sierra que conformaron la Unión de Comisarios por la Paz, la Seguridad y el Desarrollo de la Sierra, con el fin de demandar a las autoridades estatales que legalicen la siembra de la amapola. Por muchos años, esta región se transformó en el principal enclave de la producción de heroína, que con el apoyo de actores estatales y grupos de la delincuencia organizada, abrieron una ruta transnacional que llega hasta Chicago.

Recuerdan que el 4 de octubre del 2013 se suscitaron varios enfrentamientos, por el control territorial y así se ha mantenido este clima de confrontación entre los municipios de Leonardo Bravo y Heliodoro Castillo. Lo más grave es que las autoridades dejaron crecer los conflictos. Enviaron tropas que al final de cuentas no fueron ningún factor de disuasión, mucho menos una fuerza que lograra imponer el orden. Más bien, los grupos establecieron acuerdos por debajo de la mesa, para que cada uno pudiera realizar sus actividades ilícitas en los territorios donde lograban imponerse con la fuerza de sus armas.

Comentan que la balacera más fuerte se registró el 5 de septiembre de 2018. Duró más de 9 horas, en los poblados de Puentecillas y Ranchito. A pesar de que fue un enfrentamiento que causó muchas muertes las autoridades se mantuvieron al margen, los mismos militares comentaban a la gente que no podían intervenir porque se trataba de un conflicto entre dos grupos. Desde esa fecha, se dio a conocer el Frente Unido de la Policías Comunitaria de Guerrero, que han tomado por asalto varios pueblos del municipio de Leonardo Bravo. Las familias desplazadas señalan que el 11 de noviembre del 2018, llegaron personas armadas de varios lados. Entraron primero a la comunidad de Corralitos y después a Puentecillas. Ante esta incursión la gente se salió de sus comunidades y se concentró en la comunidad Campo de Aviación. Creyeron que las autoridades iban prestarles auxilio, sin embargo, nunca llegaron. No tuvieron otra alternativa que refugiarse en la comunidad de los Morros, porque ahí se encontraba un destacamento militar. La gente notó que el ejército se mantuvo indiferente ante la irrupción de los grupos armados de la sierra, desplazándose hacia otro lugar. Las familias decidieron bajar a la cabecera municipal de Chichihualco, con el fin de pedir auxilio al presidente municipal. Se refugiaron en el auditorio y con la denuncia pública y la presión a las autoridades programaron su retorno el 17 de noviembre. A pesar de que iban escoltados por militares y varios cuerpos de la policía del estado, los grupos que conforman el frente unido de los policías comunitarios empezaron a disparar después de que habían pasado la comunidad de los Morros. Ante la balacera que procedía de varios cerros obligó a que los más de 100 carros que iban en la caravana, regresaran a Chichihualco.

Desde esa fecha se han mantenido en calidad de desplazados, no han encontrado en el gobierno del estado eco a sus demandas y más bien los han dejado en total indefensión. En primer lugar porque la situación de la sierra sigue siendo grave. Los grupos que controlan varias comunidades del municipio de Chichihualco, han declarado abiertamente que no van a permitir el retorno de estas familias, porque han emplazado a los gobierno federal y estatal a que resuelva el problema de la violencia y que ha no intenten desarmar a los policías comunitarios: “porque nuestra postura es de disparar”. Para ellos con la salida de estas familias la región “se ha tranquilizado”, y que ahora más bien el problema, esta en la capital del estado, porque sus gentes no pueden llegar, porque ahí los matan.

En segundo lugar las familias desplazadas no encuentran una interlocución adecuada que dimensione el grave problema de su desplazamiento forzado a causa de la violencia. Se han dado más bien fricciones con las autoridades del estado y no existe voluntad política para entrar un proceso de conciliación en la región serrana. Por esta razón, decidieron plantarse en la explanada de palacio nacional, para solicitar la atención del presidente de la república. Son 8 días que no han encontrado la respuesta de las autoridades. Siguen esperando el plan de trabajo que el subsecretario Alejandro Encinas, les prometió realizar para garantizar su retorno a sus comunidades.

Han demandado el repliegue de los grupos armados que incursionaron a sus comunidades y que mantienen ocupados sus territorios. Solicitan que se delimite un perímetro de seguridad entre los municipios de Heliodoro Castillo y Leonardo Bravo. Demandan sobre todo que el gobierno retome el control de la seguridad pública en la región, que garanticen la reparación de los daños que han sufrido las familias desplazadas. Por su parte las familias desplazadas de Tlaltepanapa demandan su reubicación en otra región, porque saben que su retorno significa la muerte de los 72 integrantes que se refugiaron en el municipio de Copalillo.

Las 300 familias que este lunes cumplirán 8 días en la explanada de palacio nacional son una muestra clara de la critica situación que se vive en la sierra de Guerrero, donde la ley que impera son las armas y las balas.  La presencia del ejército y de las corporaciones policiales no han sido una garantía restablecer el orden, por el contrario para las familias desplazadas existe contubernio con los grupos civiles armados. Es inaudito que las autoridades dejen a su suerte a niñas, niños, mujeres y hombres que huyeron de la violencia y que han tenido que acudir hasta palacio nacional para exigir que la autoridad cumpla con su responsabilidad de proteger su vida y su integridad física y de ser garante de la ley y del orden, tan ausente en el estado.

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

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Añorve, quien bañó de sangre a Acapulco, exige resultados a AMLO

El senador priista afirmó que su grupo parlamentario dará un lapso de 6 meses al presidente de México para bajar los índices de seguridad.

Por Alejandro Ortiz, 2019-05-20 15:26

Guerrero.- Con la próxima aprobación de las leyes secundarias para la entrada en función de la Guardia Nacional, el grupo parlamentario del PRI dará un lapso de 6 meses al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para bajar los índices de seguridad, declaró el senador Manuel Añorve Baños.

En conferencia de prensa en Acapulco, el priista adelantó que se llegó a acuerdos con los senadores de Morena, PT y bloque opositor para que sean aprobadas las leyes reglamentarias y el marco jurídico que regirá la Guardia Nacional.

Una vez aprobado, el exalcalde de Acapulco señaló que darán los 6 meses de plazo que pidió el presidente de México, para comenzar a dar resultados en el combate a la inseguridad.

«Él mismo (AMLO) pidió hace un mes un periodo de gracia de 6 meses para empezar a dar resultados a través de la Guardia Nacional, y nosotros, yo como representante de mi grupo parlamentario, hacemos votos para que bajen los índices de inseguridad».

«No le estamos apostando a que le vaya mal al Ejecutivo federal, al contrario, que cumpla sus compromisos de campaña, él dijo que a partir del 1 de diciembre, pero hace un mes pidió 6 meses, se los vamos a dar, pero ya con la Guardia Nacional tiene que empezar a bajar los índices de inseguridad tal y como lo está pidiendo la sociedad mexicana», manifestó.

Manuel Añorve, uno de los alcaldes señalados de aumentar la deuda histórica de Acapulco, además de ser omisó ante la ola de violencia que se vivió en su periodo, detalló el senado de la República llegó al acuerdo de que se tendrá una Guardia Nacional desmilitarizada y que dependa de un secretario de seguridad pública.

«Cuidamos en la reforma que lleguen los recursos para fortalecer a las policías estatales y municipales, lo que se requiere es la coordinación con los 3 ordenés de gobierno», señaló el exalcalde, quien no depuró a la policía local y que posteriormente fue infiltrada por el crimen organizado.

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«Sindicalizados deben recapacitar en propuesta de aumento»: Jucopo

«En los sindicatos más importantes del país el rango que se maneja de incremento salarial es del 3.3 a 4.4 por ciento”, comentó Antonio Helguera.

Por Luis Jijón León, 2019-05-20 15:20

Chilpancingo, Guerrero.- El presidente de la Junta de la Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Antonio Helguera Jiménez, afirmó que no es posible el aumento salarial del 13 por ciento que exigen los trabajadores sindicalizados y ofreció un aumento de sólo el 5 por ciento, más 6.5 en prestaciones que ya fue aprobado en su pliego petitorio.

Entrevistado al concluir la reunión de la Jucopo que se realizó en un hotel al sur de la capital ante la toma del Congreso este día, Helguera Jiménez adelantó que de no llegar a acuerdos con los trabajadores, mañana sesionarían en una sede alterna.

“Los trabajadores han planteado un 13 por ciento de incremento salarial y nosotros un cinco.  Nosotros planteamos un cinco, porque en los sindicatos más importantes del país el rango que se maneja de incremento salarial es del 3.3 a 4.4 por ciento”, comentó.

De los 34 puntos que presentaron en el pliego petitorio los trabajadores de la sección 55 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) el 70 por ciento se resolvió a favor. Entre los puntos aprobados es el 6.5 a prestaciones, sostuvo el diputado y pidió a los empleados “recapacitar”.

“En su pliego petitorio incluían el incremento a las prestaciones y le aprobamos un 6.5, más el 5 por ciento que ofrecemos de incremento salarial suman 11. 5, muy cercano al 13 que ellos quieren”, comentó.

El diputado negó que haya una campaña en contra de los trabajadores en los que se asegura que tienen salario superior a los 30 mil pesos, como lo denunció el dirigente de la sección 55, Lenin Hernández Mena.

Esta mañana 165 trabajadores de base iniciaron un paro de labores por tiempo indefinido y tomaron las instalaciones del Congreso para exigir el aumento del 13 por ciento. Advirtieron que no aceptarán menos.

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Gasolinera de Cuajinicuilapa, entre las tres más caras de México

El establecimiento es identificado con la razón social, Cruz García Asociados S.A. de C.V.

Por Juan Manuel Molina, 2019-05-20 14:55

Guerrero.- Una estación de servicio de Cuajinicuilapa es uno de los tres establecimientos con los precios más caros  en combustible a nivel nacional.

Lo anterior, fue expuesto la mañana de este lunes en la conferencia matutina del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, en la sección ‘Quién es quién en los precios de de la gasolina’.

Según el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), Ricardo Sheffield Padilla, en esa estación ubicada en el kilometro 198 de la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, el precio de la gasolina regular es de 22.23 pesos.

El establecimiento es identificado con la razón social, Cruz García Asociados S.A. de C.V.

La gasolinera fue ubicada en el lugar tercero, con los precios más altos de combustibles, y solo fue rebasada por dos estaciones ubicadas en el estado de Sonora, en los municipios de Angostura y Mazatlán.

En un ejercicio similar, el pasado 15 de abril se informó que un establecimiento ubicado en Iguala de la Independencia, ofrecía uno de los precios más bajos de gasolina premium a nivel nacional. Sin embargo, el gobierno federal  tuvo que recular y ratificar la información.