#Tlachinollan

Defensores y periodistas en Guerrero: entre el riesgo y la amenaza

“Personas defensoras de derechos humanos: retos y experiencias”

Por Redacción, 2017-01-17 10:18

Tlachinollan, Guerrero.-El Relator Especial de la ONU sobre la situación de los Defensores de Derechos Humanos, Michel Frost, llegó el viernes 13 de enero de visita oficial a nuestro país. Durante 9 días estará en la Ciudad de México y en los estados de Chihuahua, Oaxaca, Estado de México y Guerrero.

Su presencia en el Foro Internacional “Personas defensoras de derechos humanos: retos y experiencias”, organizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), dio la pauta de lo que será su visita en México:

“Me preocupa que se agreden a defensores de los derechos humanos. Olvidamos que estas personas sacrifican a veces hasta su propia vida para que gocemos de nuestros propios derechos. Muchas veces nos olvidamos de todo lo que le debemos a estas personas, pero derechos que disfrutamos hoy como el derecho al voto, el derecho a poder manifestar pacíficamente en la calle, el derecho de poder descansar, a tener vacaciones, son el resultado de una lucha llevada, a veces durante décadas, por defensores de derechos humanos. Todos y todas tenemos la responsabilidad de proteger a estas personas. Los Estados deben reconocer el proteger a las personas defensoras de los derechos humanos, deben investigar los ataques que sufren los defensores, deben garantizar su labor en las mejores condiciones y permitir su participación en las decisiones que afectan el pleno disfrute de los derechos humanos”

Su mensaje fue escuchado por el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado Angélica de la Peña y el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados Armando Luna. Es la primera vez que se realiza un evento donde convergen autoridades federales y representantes de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para reconocer la labor de las y los defensores y periodistas. En el presídium también estuvieron el presidente de la CNDH Luis Raúl González Pérez, Mariclaire Acosta, directora de la oficina en México de Freedom House, el representante en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Jan Jarab, el Relator de Defensores y Defensoras de la CIDH José de Jesús Orozco.

Por su parte, Jan Jarab expresó que las y los defensores por “señalar lo que le hace daño a la sociedad, los abusos que la laceran, las injusticias, la impunidad genera una molestia para los que no quieren escuchar este mensaje. Esto se traduce en agresiones que van desde actos de hostigamiento, campañas de desprestigio, acusaciones de ser aliados de los delincuentes cuando documentan la tortura. Los defensores también sufren amenazas, tanto por parte de funcionarios públicos como de actores no estatales, incluido el crimen organizado…en muchos casos esas persecuciones terminan en la privación de libertad e incluso en asesinatos.”

El presidente de la CNDH reiteró la solicitud al secretario de gobernación de emprender una campaña nacional de reconocimiento al trabajo que realizan las y los defensores de derechos humanos. La respuesta encontró eco en el secretario de gobernación quien se comprometió a impulsar una campaña para difundir la contribución de las y los que defienden y promueven los derechos humanos, resaltando la importancia que tiene el mecanismo de protección para las personas defensoras y periodistas que se encuentran en riesgo o que enfrentan amenazas por su trabajo.

El planteamiento de fondo lo hizo el mismo relator Frost “la pregunta a la que nos enfrentamos es hasta qué punto los defensores de derechos humanos se sienten seguros y empoderados en México? Espero con gran expectativa este momento oportuno para recibir información de primera mano y sostener un diálogo imparcial y genuino con el gobierno mexicano, la sociedad civil y otras contrapartes. Mi objetivo es tomar el pulso de quienes defienden los derechos humanos en México, entender su situación, escuchar sus retos y realizar propuestas concretas para reforzar los esfuerzos del gobierno”. Recordó que la responsabilidad de los Estados es defender e investigar los ataques contra las y los defensores y garantizar que trabajen en las mejores condiciones”.

La visita del relator Michel Frost a Guerrero será una gran oportunidad para que conozca directamente el contexto de violencia e inseguridad que impera en la entidad y el patrón de impunidad que persiste desde hace décadas y que ha hecho de nuestro estado una región sumamente peligrosa para las personas que defienden los derechos humanos y para los periodistas que documentan las graves violaciones de estos derechos. El relator de defensores escuchará los testimonios de familiares de víctimas de desapariciones que han llevado hasta la Corte Interamericana su caso, como el caso de Rosendo Radilla, quien fue desaparecido por elementos del ejército en el contexto de la guerra de contrainsurgencia. Tendrá la oportunidad para conocer cómo en la guerra contra el narcotráfico iniciada por Felipe Calderón aumentaron los casos de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y torturas perpetradas por agentes estatales en colusión con agentes no estatales, como los grupos de la delincuencia organizada, sin que las autoridades encargadas de investigar castiguen a los responsables. Lo más grave de esta situación es el clima de impunidad que se ha impuesto por encima de cualquier norma jurídica, pisoteando todos los preceptos de derechos humanos. No hay ley que castigue a quienes violan los derechos humanos, por el contrario, las autoridades se encargan de deslegitimar y desacreditar la labor de las y los defensores. Los persigue y asesina como ha sucedido con varios luchadores y luchadoras como Rocío Mesino, Arturo Hernández Cardona, Luis Olivares, Juventina Villa.

Mira esto:  Asesino de 17 en Florida, odiaba a afroamericanos y a judíos

De igual manera, los casos de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera que fueron torturados por elementos del Ejército y cuyo caso llegó hasta la Corte Interamericana, quedó en la impunidad. Otro de los líderes históricos Felipe Arreaga fue encarcelado injustamente acusado de homicidio con la intención clara de criminalizar su lucha e inhibir la organización de los campesinos de la sierra de Petatlán que afectaba intereses económicos de los caciques, de las autoridades estatales y grupos delincuenciales. Amnistía Internacional lo declaró preso de conciencia y logró demostrar en el proceso su inocencia. Eva Alarcón y Marcial Bautista continuaron la lucha por la defensa de los bosques, sin embargo, pudo más el poder de la delincuencia en la región que tiene como aliados a agentes estatales, quienes conjuntamente planearon su desaparición cuando se trasladaban a la ciudad de México en un autobús.

Existe también una práctica sistemática focalizada contra las y los defensores comunitarios que luchan por la preservación de sus territorios. Lo mismo sucede contra quienes reivindican y promueven sus sistemas de justicia y seguridad comunitarias. Los casos de Marco Antonio Suástegui, Nestora Salgado, Arturo Campos, Gonzalo Molina, Samuel Rámirez, son ejemplos de las acciones desproporcionadas que aplican las autoridades del estado encarcelando a sus dirigentes en penales de máxima seguridad para generar temor e inhibir la organización de base. A los dirigentes sociales les han fabricado delitos y los han estigmatizados como secuestradores y terroristas. Les han violado el derecho a una defensa adecuada y los han aislado de sus familias para doblegarlos y obligarlos a dejar de luchar por los demás. Grupos de poder que han hecho dinero con negocios ilícitos son los que han presionado para que quienes defienden a las comunidades contra los grupos del crimen organizado sean obstaculizados en su labor imputándoles delitos sin sustento.

Son los familiares de los desaparecidos y asesinados quienes han asumido el compromiso de luchar para que las autoridades investiguen y den con el paradero de sus hijos o esposos. Ellas y ellos se han transformado en defensores y defensoras de los derechos sus familiares, en personas que se han entregado de tiempo completo para encontrar a sus seres queridos. Han asumido tareas que son propias de las autoridades con tal de llegar a la verdad. Luchan contra un sistema que encubre a los responsables y ha documentado la colusión que existe entre las corporaciones policiales y militares con las organizaciones delincuenciales, que actúan coordinadamente para defender intereses ilícitos y usan las instituciones para delinquir. El movimiento emblemático de los 43 padres y madres de familia así como los grupos de Los Otros desaparecidos de Iguala, Acapulco, Chilpancingo, Chilapa son la fuerza que obliga al gobierno a que los reconozca como actores legítimos, que tiene que respetarlos y escucharlos, pero sobre todo debe de comprometerse a combatir la corrupción y a derribar los muros de la impunidad que persisten dentro de los sistemas estatales de seguridad y justicia.

Las y los defensores de organismos civiles de derechos humanos al igual que las y los periodistas del estado que denuncian las corruptelas de las autoridades y las atrocidades de las fuerzas de seguridad hemos sido objeto de amenazas, campañas de desprestigio, persecución, espionaje telefónico, estigmatización como defensores de delincuentes y varios compañeros y compañeras tanto periodistas como defensores han perdido la vida. Los saldos son funestos porque no hay investigaciones que hayan dado con los verdaderos responsables y más bien se ha creado un ambiente adverso para el trabajo periodístico y la defensa de los derechos humanos. La impunidad que impera en el estado es la señal más devastadora de que vivimos en uno de los lugares más peligrosos del país donde los poderes fácticos, como el crimen organizado, han asumido el control de las instituciones impidiendo que se pueda trabajar en defensa de los derechos de la población más desprotegida.

Este jueves 19 el relator de defensores estará en Chilpancingo para entrevistarse con las autoridades del estado y para encontrarse con las personas que han asumido la difícil tarea de defender los derechos humanos y de informar a la población sobre lo que significa trabajar como periodista en un contexto donde no se respeta la vida y se reprime el derecho a protestar. Visitará la normal de Ayotzinapa para dar su saludo y expresar su reconocimiento a la lucha heroica de los papás y mamás de los 43 estudiantes desaparecidos, quienes son un ejemplo nacional de reciedumbre y dignidad.

#Slider destacado

OPINIÓN | Escuelas al 100 en la Montaña

Con salones improvisados, uniformes remendados y útiles reciclados, es como los niños de la Montaña reciben el año escolar

Por Redacción, 2017-08-22 09:05

Tlachinollan, Guerrero.- Este lunes 21, a las 8 de la mañana llegarán los papás de los niños y las niñas de la escuela primaria bilingüe Raúl Isidro Burgos para sacar la tierra, arreglar las tablas y colocar las láminas de los dos salones improvisados con que cuentan desde hace 10 años. Hasta el momento son 85 alumnos y alumnas de familias migrantes provenientes de las comunidades Na savi de Atzompa y Yuvinani, municipio de Metlatónoc; San Rafael, Tierra Blanquita y San Lucas municipio de Cochoapa el Grande y San Vicente Amole municipio de Copanatoyac.

Varios papás y mamás trabajan como jornaleros en los campos agrícolas de Morelos y Sinaloa. Con el tiempo lograron hacerse de un solar en terrenos pedregosos del ejido de Tlapa. Con muchos esfuerzos lograron asentarse en un desfiladero que han podido arreglar a pico y pala para fundar la colonia san Isidro, que se ubica al sureste de Tlapa, en la salida a Metlatonóc. Sobre lo que fue un basurero fueron retajando el terreno para emparejarlo y armar su casa con tablas y polines. En esta zona accidentada, que en tiempos de lluvia arrastra tierra y piedras hasta la barranca, las familias migrantes se cooperaron para comprar un terreno destinado para su escuela.

Las calles pedregosas son intransitables por lo rudimentario de sus trazos y lo accidentado del terreno. Cada ocho días esperan que llegue el agua, que siempre es insuficiente. Los piperos para subir a las colonias de la periferia cobran 250 pesos el viaje. Las familias que están sobre la barranca carecen del servicio de luz. El drenaje recién lo van a estrenar. Como ya es costumbre entre los presidentes municipales, los desechos desembocarán en la barranca que cruza parte de la ciudad.

Para sobrevivir los esposos que no salen a trabajar como jornaleros, se emplean diariamente como peones, yendo por las mañanas al puente del río jale, para ser contratados. Las familias que se van por varios meses al corte de la caña en el estado de Morelos y al corte de jitomate y chile en Sinaloa, se llevan a sus hijos, porque es imposible sostenerlos permaneciendo en su casa. Los niños y niñas también trabajan. Después de ir a la escuela venden en las calles frutas de temporal en bolsas de plástico. Otros más trabajan en algunas tiendas de ropa y también se las ingenian para hacerse de un cajón de madera para “bolear” los zapatos en el zócalo.

Los niños y niñas no estrenarán en este ciclo escolar sus uniformes, tampoco recibirán útiles escolares. La directora ya comunicó a las mamás y papás, que remienden los pantalones y camisas de los niños para que reutilicen los uniformes. A las niñas que normalmente tejen con el apoyo de sus mamás sus huipiles, les han comentado que a cambio de su blusa que ya no les queda puedan llevar su huipil multicolor. Los tres maestros de esta escuela multigrado, que acompañan en todas las gestiones al comité de madres de familia y al delegado municipal, les han sugerido que armen otros cuadernos con las hojas blancas que no usaron de sus cuadernos anteriores. Esto mismo harán con los útiles que ya están inservibles. Nadie de los docentes sabe el motivo de por qué ya no les llegó el recibo para recibir uniformes y útiles escolares.

Con nada digno podrán iniciar sus clases los niños y niñas de esta escuela bilingüe, que es una muestra en la misma ciudad de Tlapa, de lo que pasa en la mayoría de las escuelas monolingües y bilingües de la Montaña y de otras regiones del estado. Sobre el piso de tierra, que se transforma en lodo cuando llueve, entrarán los alumnos y alumnas a sus salones. Con algunos pupitres destartalados algunas niñas o niños podrán medio sentarse. Con un pizarrón doblado y descarapelado recibirán las primeras lecciones. Sin cuadernos ni lápices nuevos no tendrán la dicha de escribir o dibujar. Sin un espacio para jugar y hacer los honores a la bandera, las maestras y el maestro se las ingenian para formar a las niñas y niños, que en cualquier descuido, corren el riesgo de desbarrancarse. Un salón rustico que fue apoyado por una asociación civil de la ciudad de México, es el salón de lujo donde despacha la directora y donde también da clases a los grupos de quinto y sexto grados.

Esta escuela no está contemplada dentro de las obras programadas para este año. A tanto insistir o más bien perseguir a los funcionarios, las madres de familia lograron arrancarle tres toneladas de cemento al secretario de asuntos indígenas, Gilberto Solano, para lo que hoy llaman la cancha de la escuela. Es el único espacio encementado con que cuenta toda la colonia para el esparcimiento de los niños y niñas, porque no hay terrenos donde puedan jugar. Ante el aguacero que pegó fuerte en la ciudad la semana pasada, elementos de protección civil dieron cuenta del lodazal que cubrió los salones de madera de la escuela. El comité de madres de familia no tuvo otra alternativa que solicitar la intervención de este centro para hacer valer su derecho, ante las autoridades competentes. La emergencia obligó a que el presidente municipal de Tlapa atendiera el caso y verificara la deplorable situación de la escuela. Serán unas láminas para cubrir los techos de los salones y 30 pupitres lo que paliará de momento un problema estructural que enfrentan las escuelas de nivel básico en el estado.

Mira esto:  Javier Corral se deslinda del PAN y de Ricardo Anaya

Las autoridades educativas por más que quieran empujar una reforma educativa desde el centro del poder, será imposible implementarla, no solo porque buena parte del magisterio no comparte este modelo educacional que es más administrativo que pedagógico, sino porque no existen mínimamente las condiciones materiales para echarlo a andar. No hay infraestructura educativa y la poca que existe es obsoleta. Son contadas las escuelas de las principales ciudades del estado que tengan las condiciones óptimas para proporcionar a los alumnos y alumnas una enseñanza de calidad. Es sumamente contradictoria la postura de las autoridades que desde las alturas del poder dan órdenes para implementar la reforma sin que vaya acompañada de mayor presupuesto para hacer frente a los rezagos históricos en cuanto a infraestructura educativa.

El incumplimiento de los compromisos asumidos por parte de los funcionarios de la secretaría de educación se lo atribuyen a los cambios que se han dado con la reforma educativa, que al final todo se reduce a la reducción presupuestal y a nuevas normatividades que nadie tiene conocimiento. El malestar sigue acumulándose tanto en el magisterio como entre los mismos padres y madres de familia que ven reducidas sus expectativas de que sus hijos e hijas tengan mejores condiciones en su formación académica. No solo las instalaciones de las escuelas están derruyéndose, sino que los servicios básicos no funcionan. No cuentan con equipamiento mínimo para la impartición de clases, materiales pedagógicos suficientes y apropiados, acceso al internet, libros y salas de computo. Todo se reduce a paliar las demandas, a sobrellevar los problemas, a proporcionar a cuenta gotas ciertos apoyos para disminuir la alta conflictividad. La falta de personal docente se sigue complicando porque ni siquiera se logra contratar a las maestras y maestros que han aprobado los exámenes. La apuesta es administrar los conflictos educativos abriendo la válvula donde la tensión es fuerte. Sin embargo, la consigna federal es imponer la reforma administrativa para maniatar al magisterio con la nueva normatividad obligándolo a negociar dentro de un nuevo escenario que tiene como telón de fondo la reforma educativa.

Ya no habrá inversiones millonarias para mejorar la infraestructura educativa o para crear nuevas escuelas, por el contrario, todo recaerá en los padres y madres de familia y los ayuntamientos. Tampoco se abrirán más plazas de acuerdo con la demanda educativa, se dosificará el número de plazas en lugares más estratégicos, ahondando la inequidad educativa y el trato discriminatorio. No habrá presupuesto para las escuelas rurales, sobre todo, las que se ubican en lugares apartados, porque desde la lógica empresarial son incosteables. Todo tiene que racionalizarse y reducirse de acuerdo con los nuevos parámetros de la educación neoliberal. Habrá inversión educativa donde se garantice que habrá capital humano que retribuya en el nivel superior el dinero invertido. En este modelo educativo no existe la perspectiva del derecho humano a la educación, mucho menos el sentido ético de la justicia social. Por lo mismo, los presupuestos no serán equitativos, ni retribuidos con justeza para achicar la desigualdad. El capital que demanda acumulación de ganancias no permite que se invierta donde se requiere tener un compromiso ético con las poblaciones depauperadas, que están demandando atención básica a sus demandas y que implica destinar recursos financieros donde es urgente emparejar el piso de la desigualdad.

Esta situación obliga a que los ciudadanos y ciudadanas luchen para que el paradigma de la educación conlleve el principio ético de la justicia social, porque la calidad educativa y las escuelas al 100 lo único que están generando en nuestro país, es que se profundice la brecha entre una población mayoritariamente excluida y analfabeta con una minoría empresarial y de un reducido grupo político, que acaparan los recursos públicos y se enriquecen a costa de las niñas y niños pobres que no tienen salones, pupitres, uniformes ni cuadernos para escribir justicia en sus libros de texto.

#Guerrero

OPINÓN | Autoridades de oropel

“La violencia y las actividades ilícitas generaron fenómenos tales como el desplazamiento forzado de personas, el ejercicio de la justicia por propia mano”

Por Tlachinollan Tlachinollan, 2017-04-13 08:56

Tlachinollan, Guerrero.- El diagnóstico que ofreció el Ombudsman nacional sobre la situación de los derechos humanos, es altamente preocupante. Ante el presidente de la república Enrique Peña Nieto remarcó que “la corrupción, la impunidad y la falta de una rendición de cuentas, hizo patente la falta de ética y valores en diversas autoridades e instituciones”.

“La violencia y las actividades ilícitas generaron fenómenos tales como el desplazamiento forzado de personas, el ejercicio de la justicia por propia mano y el que se empezara a asumir como parte de nuestra normalidad los homicidios, desapariciones y el recuento de extorsiones, secuestros, robos y otros delitos de los que día a día dieron cuenta los medios de comunicación”.

Reiteró que “ante la falta de respuestas por parte de las distintas autoridades, los familiares de desaparecidos, emprendieron por cuenta propia la búsqueda de sus seres queridos, evidenciando la existencia de un gran número de fosas clandestinas e irregulares, las cuales han delineado una auténtica geografía del dolor y de la indiferencia en nuestro país.

El saludo eufórico que dieron las autoridades del estado a la entronización del rector de la UAGRO, Javier Saldaña (quien repite en el cargo), contrastó con la noticia principal del diario El Sur, al cabecear que Guerrero ocupa el primer lugar nacional con 195 fosas clandestinas. Esta cifra escalofriante pone al descubierto el problema de la violencia que nos desquicia. A solo seis días del informe anual del Ombudsman, la CNDH publicó su informe especial sobre desaparición de personas y fosas clandestinas en México. En su análisis señaló que “los estados de Colima, Guerrero, Morelos, Nayarit y San Luis Potosí fueron omisos en dar respuesta a los requerimientos de la CNDH”. En Guerrero las autoridades no solo no proporcionaron la información solicitada, sino que hubo serias inconsistencias en los datos obtenidos. Los órganos de procuración de justicia adujeron que esta información era de naturaleza reservada y confidencial, para negarse a facilitar el trabajo y seguir ocultando realidades que nos tienen en la gran fosa de la impunidad. A pesar de los obstáculos que enfrentaron, la CNDH logró tener una radiografía de lo que acontece en nuestra entidad en cuanto al gran número de personas desaparecidas y al grave problema de las fosas clandestinas. Para colmo de males Acapulco aparece como la ciudad con mayor número de fosas, con 56, en Taxco de Alarcón se registraron 32, Chilapa 17 y Chilpancingo 16.

La CNDH señala que en nuestro país existe un problema estructural en la atención de los casos de desaparición de personas derivado de varios factores, entre otros, la falta de una ley en la materia; las inconsistencias jurídicas; la falta de profesionalización de los funcionarios que atienden esta problemática. Todo ello aunado a la conjunción de la impunidad, la violencia, la inseguridad, la corrupción y la colusión de diversos servidores públicos con la delincuencia organizada. Esto se agudiza con las condiciones de desigualdad, pobreza y pobreza extrema que impiden un desarrollo social horizontal en un estado donde la ley del revólver ha suplantado el estado de derecho.

Los gobiernos caciquiles y la militarización que vinieron a desencadenar una serie de graves violaciones a los derechos humanos, sobre todo los casos de desaparición forzada que se dieron con la guerra sucia, son el antecedente funesto que arrastramos como estado y que ahora quedamos evidenciados con el número de fosas clandestinas. Los crímenes atroces fueron sepultados para que nadie pudiera desenterrarlos. Sin embargo la persistencia de las familias han podido más, porque ahora su lucha es parte de la agenda pública y uno de los temas de mayor preocupación internacional.

Esta delicada situación confirma que la desaparición de persona es una práctica sistemática que existen en el país y que se debe a un patrón de impunidad, sobre todo a esa colusión que se ha extendido entre corporaciones policiales, miembros del ejército y la marina que han trabajado con organizaciones criminales. El caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal de Ayotinapa es un claro ejemplo de esta macrocriminalidad que impera en el país, donde las fuerzas represivas del estado se coluden para desencadenar toda su furia contra jóvenes a quienes consideran como un peligro para los intereses facciosos de los grupos políticos.

Para una debida atención de los casos de personas desaparecidas la CNDH ha pedido que se contabilice el número de casos y se distinga el tipo de desaparición. También demanda que se expida con urgencia la ley general sobre desaparición de personas tomando en cuenta los más altos estándares en la materia. Es lamentable que los mismos diputados y senadores, a pesar de que han prometido en diferentes momentos la expedición de la ley general de desapariciones forzadas, la tengan en la congeladora y le den más importancia a la ley de seguridad interior que empezó a impulsar la SEDENA en diciembre de 2016.

Mira esto:  Sube a 14 los muertos por desplome de helicóptero militar en Oaxaca

Esta situación es oprobiosa para los familiares de las víctimas, porque saben que para la clase política no les reditúa políticamente una ley que implica atacar a fondo vicios de los órganos investigadores y todo el aparato de seguridad que son parte del problema de los desaparecidos y la proliferación de las fosas clandestinas.

Para la CNDH en los casos de desaparición de personas y en el hallazgo de fosas clandestinas, las autoridades actúan con omisión, insuficiencia, falta de inmediatez y falta de asesoría jurídica. Son los vicios acendrados que no se han querido desterrar, más bien se sigue simulando y manteniendo una práctica nociva que no ataca el problema de fondo.

Se deben implementar las acciones necesarias para realizar un intercambio permanente de información sobre hallazgos de fosas clandestinas, exhumaciones y levantamiento de restos humanos e indicios, con el fin de facilitar la identificación y localización de personas desaparecidas. Se debe generar a los familiares las garantías necesarias para denunciar una desaparición de personas en cualquier agencia del ministerio público con independencia del lugar donde se suscitó la desaparición. Por otra parte, deben de fortalecerse las estrategias para recuperar la seguridad ciudadana y generar condiciones que eviten la desaparición de personas.

La CNDH recomienda a las autoridades que deben implementar programas específicos de prevención del delito con especial atención en las zonas con mayor índice de criminalidad. También urge realizar acciones que permitan la autonomía de los servicios periciales a fin de generar confiabilidad y asegurar imparcialidad en la realización de los dictámenes.

Es imprescindible que las autoridades realicen un análisis del contexto de lo que está pasando en las diferentes regiones del estado, para poder identificar, relacionar y sistematizar los obstáculos estructurales que generan las condiciones para la comisión de delitos, entre ellos la desaparición de personas. Para hacer frente este complejo flagelo se tiene que derrumbar el muro de la impunidad y atacar de fondo la corrupción. No se puede hacer nada relevante si no se escuchan las necesidades de las víctimas.

Las autoridades deben de revisar lo que realmente está pasando en el estado. No pueden seguir evadiendo su responsabilidad sin tomar acciones concretas. Deben de redoblar esfuerzos y redimensionar las acciones que no están atendiendo el reclamo de las víctimas de la desaparición forzada de personas.

Hay una gran deuda con decenas de familias que han dejado de confiar en las autoridades porque no ven resultados y porque más bien se les revictimiza al no brindarles el apoyo necesario ni respetar su dolor. Es muy preocupante que la gente no encuentre protección, mucho menos respaldo en la búsqueda de sus hijos. Por el contrario, tienen serios temores de que está lucha les traiga consecuencias funestas. Saben que todo el aparato gubernamental está colapsado, y por lo mismo no está siendo un factor que ayude a establecer una estrategia general de trabajo y una ruta del tiempo real para la atención de este problema. Las familias agraviadas no ven que las autoridades quieran invertir recursos para establecer áreas especializadas conformadas por policías capacitados en investigación, búsqueda y desaparición de personas desaparecidas. Todo lo quiere improvisar y mantener la misma estructura, sin depurar las corporaciones policiales, mucho menos en profesionalizarlas.

El anuncio ostentoso que hicieron las autoridades del estado este viernes, de blindar las zonas turísticas para garantizar seguridad a los vacacionistas, se ensombreció en la madrugada del sábado al darse un enfrentamiento armado en Ixtapa-Zihuatanejo, donde murieron 4 personas y 3 quedaron heridas. La manera indolente de responder a esta trágica realidad, por parte del vocero de seguridad fue que entre los muertos “no había ningún turista” y que además fue “un enfrentamiento entre integrantes de un grupo criminal”. En síntesis, no hay de qué preocuparse, porque mientras no sean turistas los muertos, la fiesta puede seguir con los homicidios al alza y con el descubrimiento de fosas clandestinas.

Lo indignante es ver cómo se regodean las autoridades en medio de la tragedia. No están atendiendo los informes que realizan las instituciones gubernamentales y de la sociedad civil. Hay una tendencia a querer ocultar la realidad y a mostrar a fuerza de propaganda el Guerrero que no experimentamos los guerrerenses de a pie. Para el presidente Enrique Peña Nieto la crítica realidad que enfrentamos existe sólo en la mente de unas personas. Esa percepción golpea más a quienes luchan por encontrar a sus hijos y que no es por un problema mental sino porque existen autoridades de oropel que no sienten el dolor de las víctimas. Las miles de familias que exigen verdad y justicia son las que han desenmascarado las mentiras de un gobierno que se niega a aceptar su gran responsabilidad por el gran número de personas desaparecidas y el alto número de fosas clandestinas.

#Tlachinollan

OPINIÓN|Los artífices de la justicia desde abajo

Agustina García de Jesús forma parte del pueblo tu’un savi, donde las mujeres forjan su identidad en la cima de la Montaña.

Por Redacción, 2017-03-04 10:08

Tlachinollan, Guerrero.- Aprendí a caminar con las organizaciones que defienden los derechos del pueblo. Así como le hacen los niños y niñas pequeñas que con dificultades dan sus primeros pasos. Poco a poco perdí el miedo y logré sostenerme con el apoyo de ustedes. Mi vida cambió totalmente cuando encerraron en Almoloya a mi esposo Arturo. Le pasó lo mismo que a Nestora. Lo acusaron de cometer 45 secuestros, de robar al ayuntamiento de Ayutla y de pertenecer a la delincuencia organizada. Todo por apoyar a la policía comunitaria del Paraíso. Fue un duro golpe en mi corazón, porque el gobierno es como un monstruo que te ataca sin compasión por ser indígena. Me quedé sola con mis seis hijos pequeños, sin casa, porque me la quemaron. Querían verme morir. Acabar no solo con Arturo, sino con su familia.

Han pasado más de tres años y aquí estoy luchando junto con mi pueblo. Ahora aprendí a caminar con ellos por las veredas de la justicia, que tienen muchas espinas. Con ellos y con mis compañeras de la Montaña aprendí a hablar el español y a distinguir cuál es la justicia del gobierno y cuál es la justicia del pueblo. La justicia de los licenciados tiene precio, por eso nos persigue y nos encarcela, porque no le gusta que los de abajo también tengamos nuestra justicia. Esa justicia es la que practicaron nuestros antepasados, la que nació de abajo, como los grandes árboles que hay en el río y que tienen raíces profundas.

Por esa justicia lucho, por la justicia que trabaja parejo. La que no discrimina a los indígenas y que no le quita el dinero al pobre. Lucho por la justicia como todas las mujeres de la Montaña, sembrando maíz, lavando ropa y haciendo la limpieza en las casas. Atiendo a mis hijos y los llevo a la escuela. A pesar de que vivo en el cerro y muchas veces no tengo qué comer, ningún día he dejado de exigir la libertad de mi esposo. La fuerza son mis hijas y mis hijos. Ellos y ellas con su risa y con su cariño me levantan y me guían. Son la luz y mi esperanza.

Agustina García de Jesús forma parte del pueblo tu’un savi, donde las mujeres forjan su identidad en la cima de la Montaña. Donde las madres, en cuclillas y apoyadas de una silla de madera, dejan caer en manos de la partera a sus criaturas recién nacidas. Saben que el señor fuego y la señora lumbre, que habitan en el bracero, las protegen. Su vida es al ras del suelo en las hondonadas del olvido, donde no hay médicos ni maestros, sino puro guacho que las acecha cuando acarrean agua de los arroyos. Aprendieron a caminar en el Tlacolol y forjaron su espíritu recio cargando leña por las escarpadas montañas.

Agustina hasta los 26 años bajó a la ciudad, pero no viajó para recorrer sus calles, sino porque ahí se encontraba el penal de alta seguridad donde refundieron a su esposo Arturo Campos Herrera. En Almoloya de Juárez estuvo recluido 19 meses y el mismo tiempo lleva en la cárcel de Ayutla de los Libres. Se desempeñó como consejero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) de la casa del Paraíso y asumió un papel relevante en la conformación de esta casa de justicia enclavada en una región militarizada, donde el 7 de junio de 1998 el ejército masacró a 11 indígenas del pueblo Tu’un savi. Dentro de una escuela primaria en la comunidad de El Charco, municipio de Ayutla.

Mira esto:  Gana Balam Rodrigo el Premio de Poesía Aguascalientes 2018

La lucha de Agustina, que ha sido acompañada por las familias de Gonzalo Molina y Samuel Ramírez, así como por el comité nacional por la libertad de las y los presos políticos, ha logrado resquebrajar un sistema de justicia que se niega a reconocer el derecho de los pueblos a su libre autodeterminación, que en la Montaña de Guerrero tienen su expresión más nítida en el sistema de seguridad y justicia comunitaria conocido popularmente como la policía comunitaria.

El pasado 9 de febrero de 2017, el juez sexto de distrito de Acapulco consideró que no está acreditado el delito de secuestro, al tiempo que reconoce la legalidad y legitimidad de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), así como la obligación del sistema judicial de respetar su sistema normativo como parte del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Esta determinación judicial concede la protección de la justicia federal a Arturo Campos Herrera para que la cuarta sala penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado deje insubsistente la resolución que confirmó el auto de formal prisión en su contra por el delito de secuestro.

Los artífices de la justicia desde abajo son los hombres y mujeres que viven en el México olvidado y ensangrentado. Es la justicia que se gesta en las regiones asediadas por el Ejército que hoy exige una Ley de Seguridad Interior a modo, para imponer a los pueblos indígenas de la Montaña su propio paradigma de seguridad. En estas regiones agrestes y en medio de tantas adversidades, los pueblos indígenas de Guerrero están demostrando que es posible construir comunitariamente un paradigma de justicia y seguridad centrado en la defensa de los derechos de los pueblos.

Arturo, Gonzalo y Samuel, los tres presos de la CRAC-PC acusados injustamente de delitos que no cometieron, han demostrado en los mismos tribunales federales su inocencia y con la fuerza y pundonor de Agustina, Ausencia y Beatriz, esposas y madre de los detenidos, han vencido a un sistema de justicia estatal que criminaliza a los defensores comunitarios y estigmatiza al sistema de justicia de la CRAC-PC que por la vía de los hechos es una alternativa para construir la justicia desde abajo.