Chilpancingo, Guerrero.- El abogado y catedrático de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Román Ibarra Flores planteó la necesidad de legislar para que la designación de jueces y magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado no responda a intereses  políticos, y los nombramientos se hagan evaluando el perfil y trayectoria.

En entrevista dijo que al igual que en la Fiscalía General del Estado (FGE), el TSJ enfrenta deficiencias y la impartición de justicia es mala. Coincidió con el secretario general de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (CONCAAM), Carlos Macedo Aguilar, quien durante una visita a Chilpancingo aseguró que Guerrero es de los estados del país con el mayor atraso en impartición de justicia.

“Coincido con esa conclusión que hacen el CONCAAM, una de las fallas más visibles en Guerrero es la deficiencia que hay en justicia, procuración de justicia y seguridad pública, están vinculadas las tres, no se puede tratar una sin relacionar con las otras”, dijo.

“La justicia penal está vinculada con procuración de justicia y la procuración de justicia con la seguridad pública, en análisis tiene que ser integral, y la conclusión de cómo están las cosas en Guerrero es que están mal”.

El abogado dijo que la principal queja del fiscal Xavier Olea Peláez es que no tienen dinero, al igual que del presidente del TSJ, Alberto López Celis y las áreas policíacas, lo cual aseguró es una falsedad, “si hay dinero lo que sucede es que los que deciden como distribuirlo no tienen la suficiente sensibilidad para asignarles a estas áreas”.

“No es cierto que no haya dinero, Guerrero tiene 55 mil millones de presupuesto para este año, el asunto no es de dinero, el asunto es que no hay la responsabilidad suficiente estando como estamos para canalizar los recursos a las prioridades, sino les parece prioritario la seguridad, la justicia, entonces no sé qué sea prioritario”.

Ibarra Flores dijo que el TSJ ejerce por lo menos 500 millones de pesos, pero no existe transparencia en el manejo de los recursos. “Hay una falta de transparencia en el Poder Judicial que representa el TSJ, hay deficiencias en el servicio de la justicia en Guerrero”.

Sobre la designación de los magistrados planteó la necesidad de legislar para que sus nombramientos “no respondan a intereses políticos o de los gobernadores en turno", y sus nombramientos deben de obedecer a su trabajo y trayectoria.

“Se llega a ser magistrados por una designación del gobernador en turno como propuesta ante el Congreso. Designa el titular del Ejecutivo a un magistrado, los magistrados del TSJ están bien controlado y responden a intereses”, dijo.

En Estados Unidos es la sociedad a través de votación quien elige a los magistrados y los jueces, y se tiene como resultado de dicho mecanismo una mejor impartición de justicia, dijo.

“En aquel país primero se es un abogado de éxito y ya para terminar su vida profesional se van de jueces, aquí es al revés".

Se debe de tomar en serio la capacitación y profesionalización de los jueces al igual que el personal de las agencias del Ministerio Pública, pues se percibe que existe una improvisación, dijo el abogado.

“El principal resultado en la deficiencia en esta rama de la función pública son dos cosas: impunidad y corrupción, y desde luego la deficiencia del servicio público, de la procuración de justicia, de la impartición de justicia y de algo que envuelve a las dos que se llama seguridad jurídica”, dijo.