#Guerrero

Delitos contra defensores y periodistas deben castigarse: relator

Ley de Seguridad Interior “pone en grave riesgo las libertades fundamentales”, advierte Tlachinollan.

Por Luis Jijón León, 2017-12-02 14:41

Guerrero.- El relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sobre libertad de expresión, David Kaye estuvo este día en Chilpancingo donde dijo que el gobierno federal y estatal tienen la responsabilidad de atender y castigar los delitos que se cometen contra defensores de derechos humanos y periodistas.

La visita del relator de la ONU a Guerrero se da en el marco de la gira de trabajo en el país que inició el 27 de noviembre y concluirá el cuatro de diciembre, para evaluar la situación del ejercicio del derecho a la libertad de expresión en el país.

Durante su intervención, previo al encuentro con periodistas, dijo que el lunes habrán de entregar un reporte al gobierno federal sobre las conclusiones de la vista, y habrá de redactar recomendaciones sobre “lo que nosotros pensamos que deberían mejorar para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos, pero también para México en su conjunto”.

La protección dijo es el primer paso, pero también se trata de crear un ambiente en el que compartir información sea parte de la vida pública y eso es de suma importancia para poder obtener una democracia, tanto a nivel nacional, como local.

Libertades fundamentales en riesgo

La aprobación de Ley de Seguridad Interior que establece la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, “pone en grave riesgo las libertades fundamentales”, advirtió el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.

El director de Tlachinollan, acompañó este día al relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sobre libertad de expresión, David Kaye quien estuvo en Chilpancingo.

Barrera Hernández expuso que a las autoridades no les ha interesado proteger a los periodistas en el estado, quienes no cuentan con garantías para realizar su trabajo, han sido asesinados, y otros están amenazados.

Durante su intervención, dijo que la Ley de Seguridad Interior avalada en lo general y particular por la Cámara de Diputados, pone en grave riesgo las libertades fundamentales, y recordó las desapariciones en manos del Ejército en los años 70, algo que dijo se repitió con la llamada guerra contra el narco del expresidente Felipe Calderón.

“Acaban de aprobar en la Cámara de Diputados la Ley de Seguridad Interior, una ley que pone en grave riesgo las libertades fundamentales, porque el ejército ahora va ejercer funciones de seguridad pública”, dijo.

“Guerrero es un estado no solamente pobre, es un estado donde ha prevalecido un orden de gobernar no a partir de las normas que nos rigen sino del uso de la fuerza del Estado, porque habido ejecuciones extrajudiciales, desapariciones”.

“En los años 70 Guerrero enfrentó lo que llamamos la guerra sucia, donde el Ejército implementó una estrategia de contrainsurgencias en contra de la población civil y sobre todo de grupos subversivos. Desde aquellos años hay testimonios de familias, de campesinos, de gente que denunció que fueron desaparecidos. Se habla más de 600 desaparecidos”.

Durante el gobierno de Felipe Calderón y la llamada guerra contra el narco dijo, se volvió a reeditar la guerra sucia del Estado, con desapariciones y ejecuciones extrajudiciales.

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Tribunal ordena retirar propaganda de candidatos del PRD y PRI

Se trata de la propaganda de los candidatos a diputados locales, Robell Uriostegui Patiño de la alianza PAN-PRD y Rosa Linda Mata Salcedo, del bloque PRI-Partido Verde Ecologista de México.

Por Juan Manuel Molina, 2018-05-23 17:56

Chilpancingo, Guerrero.- El Tribunal Electoral del Estado de Guerrero (TEEG) ordenó el retiro de propaganda electoral de los candidatos a diputados locales, Robell Uriostegui Patiño de la alianza PAN-PRD y Rosa Linda Mata Salcedo, del bloque PRI-Partido Verde Ecologista de México.

Se determinó que la abanderada de la coalición Transformando Guerrero en el distrito 27 de Tlapa, incurrió en la colocación de gallardetes en postes de cableado eléctrico en más de cinco calles del primer cuadro de la ciudad.

En el mismo sentido, el órgano jurisdiccional ordenó que el alcalde con licencia y candidato común del PRD y PAN a la diputación local del distrito 20 de Teloloapan, retirara dos lonas que fueron colocadas en un puente peatonal ubicado en la carretera federal que comunica a ese municipio con Iguala.

La queja contra Uriostegui Patiño, fue interpuesta por el representante electoral del PRI, Manuel Alberto Saavedra Chávez, ante una presumible infracción a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En ambos casos, personal del Consejo Distrital 20 y 27 advirtió sobre la existencia de dicha propaganda electoral, que habría sido colocada dentro del periodo de campañas de candidatos a integrar el Congreso del Estado, el cual inició el pasado 29 de abril.

El domingo, este medio dio a conocer que el Consejo Distrital 07 del INE, había ordenado el retiro de propaganda electoral de la candidata a diputada federal por la coalición Por México al Frente, Irma Lilia Garzón Bernal, la cual, también había sido colocada en un puente peatonal, considerado como equipamiento del municipio de Chilpancingo.

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Guerrero: queda en palabrería plan para bajar sueldo de diputados

Los diputados anunciaron un supuesto plan de austeridad para apoyar a sectores más vulnerables por efectos de la aprobación de la Reforma Energética.

Por Luis Jijón León, 2018-05-23 17:25

Chilpancingo, Guerrero.- El programa de austeridad anunciado por los diputados del Congreso local con el gasolinazo, que incluía el descuento de 14 mil pesos mensuales de su salario, quedó solo en buenas intenciones.

En el contexto del incremento de la gasolina, los diputados de Guerrero anunciaron un supuesto plan de austeridad para apoyar a sectores sociales más vulnerables ante los efectos de la aprobación de la Reforma Energética.

El coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano (MC), Silvano Blanco Deaquino, reconoció que el plan de austeridad anunciado junto a los diputados del PRD y PT nunca se concretó y, por ende, no se aplicó el descuento salarial de 20 por ciento a sus salarios. De acuerdo con las propias versiones de los diputados, porque ninguna legislatura ha transparentado el tabulador de salarios, ganan 70 mil pesos mensuales, y en relación con ese monto se calculó el porcentaje.

En enero del 2017 los diputados de izquierda ofrecieron una conferencia de prensa en el Congreso para dar a conocer las acciones que habían tomado ante el gasolinazo, distante de los diputados del PRI y Partido Verde.

La entonces coordinadora del PRD, ahora candidata a la alcaldía de Tixtla, Erika Alcaraz Sosa, dijo que se reducirían 20 por ciento del salario mensual, lo que equivale a 14 mil pesos.

La diputada aseguró que el dinero sería destinado para proyectos económicos y sociales para la ciudadanía de manera directa, acción que vigilaría una Comisión de Vigilancia.

El diputado Blanco Deaquino, un año después, reconoció que dicha iniciativa no se llevó a cabo: “en síntesis, quedó en un esfuerzo porque no se concretizó, quedó en buena intención, en la declaración, pero no se formalizó, ninguna fracción lo hizo”.

Algunos diputados, dijo, apoyaron a ciertos sectores inconformes por el gasolinazo, pero lo hicieron a titulo personal y no con el plan de austeridad que anunciaron.

Los 25 diputados del PRI y Partido Verde también anunciaron un plan de austeridad, y el diputado priista Héctor Vicario Castrejón declaró en ese entonces un descuento de 10 mil pesos de su salario, además que dejarían de pagar la telefonía a cada uno de los 46 diputados de la legislatura.

Vicario Castrejón, también en ese entonces, aseguró que disminuirían el salario de los mandos superiores, entre los que se encuentran el oficial mayor del Congreso de Estado, el director del Instituto de Estudios Parlamentarios, el administrador, y otros, para la jubilación de los trabajadores sindicalizados, caso que todavía se desconoce si lo concretaron.

En entrevista, el diputado priista y presidente de la Comisión de Educación, Víctor Manuel Martínez Toledo, aseguró que a los diputados de su fracción les descuentan cinco mil pesos de su salario como parte de ese plan de austeridad, que, aseguró, destinan para el pago de liquidaciones del personal.

Nunca aclaró, con esos cinco mil pesos retenidos a los miembros de su fracción, cuánto han ahorrado por ese concepto. El monto que el priista dijo que les descuenta no se ajusta a ese 20 por ciento comprometido en el plan de austeridad anunciado por los diputados como un acto de congruencia y solidaridad a los ciudadanos.

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Guerrero: solicitan medidas de seguridad especial 26 candidatos

Algunos de los candidatos que solicitaron seguridad son Erika Alcaraz Sosa, Juan Mendoza Acosta, Gustavo García Bello y Omar Jalil Flores Majúl.

Por Juan Manuel Molina, 2018-05-23 16:50

Chilpancingo, Guerrero.- El consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) Nazarín Vargas Armenta, dio a conocer que llegó a 26, la lista de candidatos que solicitaron al estado medidas especiales de seguridad.

Este día, el funcionario electoral acudió a un nuevo encuentro de la Mesa por la Seguridad Electoral, en la que participaron dirigentes de partidos políticos, y el delegado del INE, Dagoberto Santos Trigo.

Después de ese encuentro, Vargas Armenta informó que el tema central de esa reunión, consistió en la revisión de los candidatos que recibirían protección especial del Estado, durante el desarrollo de sus actividades proselitistas.

Indicó que hasta el momento, 26 candidatos sin lo que han pedido medidas cautelares, sin embargo, omitió decir los nombres de algunos de ellos, argumentando que no era conveniente dar a conocer esa información.

Algunos de los candidatos que solicitaron seguridad, según un seguimiento de este medio, son: Erika Alcaraz Sosa, Juan Mendoza Acosta y Gustavo García Bello por el PRD. Por el PRI, se tuvo conocimiento que el candidato a diputado local, Omar Jalil Flores Majúl, también había solicitado medidas cautelares.

A esa reunión, no acudió la representación de Morena, quien en constantes ocasiones ha señalado que esos encuentros no son más que una simulación.

Armenta dio a conocer que de parte de la autoridad electoral, no hubo un planteamiento específico hacia el gobierno estatal para la protección de los trabajadores del INE que realizan actividades preparatorias de la jornada electoral, aún con el reciente asesinato de un supervisor electoral de Copanatoyac.

Otro de los temas de los que habló el presidente del IEPC, fue de las recientes declaraciones del obispo Salvador Rangel Mendoza, quien aseguró en días pasado que, los candidatos le habían solicitado dialogar con el narco para contener el problema de violencia.

“Respeto las decisiones que tomen los partidos, los candidatos, respeto al obispo pero me parece que el tema debe plantearse en este mesa, ante la autoridad del estado”.

Reiteró que quienes aspiran a ocupar un cargo de elección, deben conducirse por la ruta legal de las instituciones.