Villahermosa, Tabasco.- La demanda contra la secretaria para el Desarrollo Económico y la Competitividad (SEDEC), Mayra Jacobo Priego, por la adjudicación de un contrato millonario a a una empresa de la que es socia mayoritaria está vigente.

Se trata de un contrato por 25 millones de pesos para uniformes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), informó el abogado Sergio Antonio Reyes.

En junio de 2019, la UJAT adjudicó un contrato a la empresa Industria y Diseño Textil del Sureste S.A. de C.V. para la dotación de uniformes a empleados de esa casa de estudios, tras dos licitaciones en la que la única que participó fue esta empresa, de la cual es copropietaria mayoritaria la titular de la Sedec.

El Registro Público de Comercio de Tabasco señala que la empresa fue constituida en 2005 ante el entonces titular de notaría pública número 27, Adán Augusto López Hernández, ahora gobernador del estado, con un capital social de 100 mil pesos, equivalentes a 100 acciones, 80 de ellas propiedad de Mayra Elena Jacobo Priego y 20 de su prima Mirna del Carmen Priego Ramos.

La primera licitación pública nacional convocada por la UJAT fue declarada desierta el 8 de junio por “insuficiencia presupuestal”, sin embargo, el 24 de ese mismo mes se le adjudicó finalmente a Industria y Diseño Textil del Sureste S.A. de C.V., por una diferencia menor de 691 mil pesos respecto al primer precio que era de 25 millones 756 mil 678.15 pesos, es decir, quedó en 25 millones 65 mil 437.44 pesos.

‘Me dan risa’

Sobre los señalamientos de tráfico de influencias Jacobo Priego respondió que le daba mucha risa, “todo mundo sabe que soy empresaria”, y retó a sus críticos a denunciarla ante la Fiscalía General del Estado si tenían pruebas de alguna irregularidad.

“Soy empresaria, tengo 16 años trabajando en mi negocio, tengo una fábrica de uniformes, a eso me he dedicado. Quien tenga pruebas que vaya a la Fiscalía, no tenemos que buscarle mucho, sabemos de dónde vienen las notas, desgraciadamente quieren ponerlas y mover los conceptos para hacer creer a la gente otras cosas”, reviró.

Añadió que “no hay ningún tráfico de influencias, no hay ningún problema, la verdad es que no están acostumbrados que un funcionario público sea empresario”.

Dijo que la revelación de millonario contrato con la UJAT le ayuda porque la gente entenderá y se dará cuenta que está al frente de la Sedec no por el sueldo, “ni para venir hacer ninguna travesura”.

“Yo no tengo necesidad porque sé trabajar y tengo un negocio desde hace muchos años. Yo estoy aquí porque quiero dejar algo, porque quiero venir aportar algo a mi estado”, aseguró.

El Gobernador no ve conflicto de intereses

En diciembre pasado, el gobernador Adán Augusto López Hernández respondió que “no ve” conflicto de intereses ni irregularidades en el contrato por más de 25 millones de pesos que la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT).

En una gira de supervisión de obras por el municipio de Nacajuca, se le preguntó al Gobernador sobre el referido contrato, y que su secretaria, Mayra Elena Jacobo, haga negocios privados desde el gobierno.

“Respeto la opinión de quienes opinan eso, pero tengo entendido que no es el primer año que participa la referida empresa, ha participado cinco o seis años continuos, es una licitación pública nacional, y creo que debiera darnos orgullo de que empresas tabasqueñas establecidas en Tabasco, puedan ganar licitaciones nacionales”, respondió.

“Yo no veo, no hay ninguna irregularidad en el hecho, no hay conflicto de intereses. La universidad es un organismo autónomo y la secretaria ha cumplido en tiempo y forma, presentó en tiempo sus declaraciones patrimoniales y entiendo que está comprendida su participación en esa empresa”, añadió.

La demanda por omisión

La noche del jueves 2 de enero, el abogado e integrante del Colegio de Abogados Tabasqueños, Sergio Antonio Reyes Ramos, una denuncia en Línea, ante la Secretaría de la Función Pública de Tabasco, contra el Secretario de Servicios Administrativos de la UJAT, Rubicel Cruz Romero y el lunes siguiente lo hizo contra Mayra Elena Jacobo, titular de la SEDET, por responsabilidades e irregularidades en el contrato de adquisiciones adjudicado a dicha empresa en la Licitación Pública Nacional número LPN-29022001-006-19.

Entre los hechos denunciados, en lo medular, son los siguientes:
El día 12 de agosto de 2019, el Secretario de Servicios Administrativos de la UJAT, Rubicel Cruz Romero, suscribió con Mayra Elena Jacobo Priego, por parte de la empresa Industria y Diseño Textil del Sureste S.A. DE C.V. el contrato de Adquisiciones adjudicado a dicha empresa de conformidad, supuestamente, con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicio del Sector Público, vigente.

Sin embargo, de contenido y literalidad del documento, que consta de 12 páginas y un anexo, se desprende que el Administrativos de la UJAT, Rubicel Cruz Romero, incurrió en las siguientes conductas derivadas del hecho notorio que la ciudadana

Mayra Elena Jacobo Priego, es a partir del día 1° de enero de 2019, la titular de la Secretaría para el Desarrollo Económico y Competitividad (SEDEC) del Gobierno de Tabasco, pero que en el acto de referencia, compareció como apoderada legal de la empresa Industria y Diseño Textil del Sureste S.A. DE C.V., omitiendo su actual encargo estatal, por lo que el citado servidor público celebró contratos con particulares sin la certeza de que no sean Servidores públicos y en los que puede existir un conflicto de interés.

En la comisión de encubrimiento al ocultar deliberadamente actos u omisiones de un servidor público que puede ser una falta administrativa.

Reyes Ramos explico que lo anterior en una evidente transgresión de lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

La Ley

Artículo 50. Las dependencias y entidades se abstendrán de recibir proposiciones o adjudicar contrato alguno en las materias a que se refiere esta Ley, con las personas siguientes:
II. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y específica de la Secretaría de la Función Pública

Artículo 59. Los licitantes o proveedores que infrinjan las disposiciones de esta Ley, serán sancionados por la Secretaría de la Función Pública con multa equivalente a la cantidad de cincuenta hasta mil veces el salario mínimo general vigente en la fecha de la infracción
Artículo 60. La Secretaría de la Función Pública, además de la sanción a que se refiere el primer párrafo del artículo anterior, inhabilitará temporalmente para participar de manera directa o por interpósita persona en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por esta Ley, a las personas que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes:

IV. Las que proporcionen información falsa o que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de una solicitud de conciliación o de una inconformidad

La inhabilitación que se imponga no será menor de tres meses ni mayor de cinco años, plazo que comenzará a contarse a partir del día siguiente a la fecha en que la Secretaría de la Función Pública la haga del conocimiento de las dependencias y entidades, mediante la publicación de la circular respectiva en el Diario Oficial de la Federación y en CompraNet.

En espera de la respuesta

La demanda continúa al aplazarse los términos “pero estamos en espera de una repuesta, ya que se ampliaron los plazos”, señaló este martes 23, el denunciante Reyes Ramos

En febrero, un Juez de Distrito ordenó investigar a Jacobo Priego, con el expediente 05/2020.