Por: Laura Cadenas Sinovas


Los opositores Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Podemos exigieron en el Congreso se ratifique el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre garantías para las y los trabajadores del hogar.

En España, cerca de 600 mil personas se dedican a esa labor, 90 por ciento son mujeres.

El Convenio 189 de la OIT recoge una serie de condiciones orientadas a dignificar el trabajo de este personal, tales como la obligatoriedad de establecer un salario mínimo, una jornada laboral y los correspondientes tiempos de descanso y vacaciones. Desde la entrada en vigor del convenio en septiembre de 2013, el gobierno español se ha opuesto a su ratificación.

La portavoz de Igualdad del PSOE en el Congreso, Susana Sumelzo, expresó ante el pleno que si el gobierno del Partido Popular (PP) continúa sin ratificar este acuerdo está cercenando “los derechos laborales de este colectivo y fomentando la desigualdad de estas personas trabajadoras. Algo inconcebible en pleno siglo XXI”.

“No puede haber ningún obstáculo para ratificar un convenio de justicia. Su no ratificación significa avalar la precariedad laboral y la falta de protección social de este colectivo de trabajadores”, añadió Sumelzo.

Podemos señaló que resulta “incomprensible que el gobierno no ratifique un convenio dirigido a dignificar el trabajo del servicio doméstico a no ser que quiera retroceder en el reconocimiento de derechos de este sector”. Agregó la necesidad de paliar las condiciones de desigualdad que sufre este sector frente a otros.

La asociación Servicio Doméstico Activo (Sedoac), presente en la sesión del pasado martes, resaltó la necesidad de ratificación y cumplimiento de este convenio como vía para equiparar el sector doméstico, actualmente en condiciones de desigualdad, a otros sectores.

“Estamos hablando de un convenio de mínimos, pero clave para conseguir igualar nuestro sector en derechos y condiciones al resto, y sobre todo lograr la anhelada prestación por desempleo”, destacó la presidenta de Sedoac, Ana Carolina Elías.

Agregó que “este convenio, ya aplicado en otros muchos países, ayudaría a visibilizar y valorizar nuestro sector, hasta ahora marginado”.

Entre las mejoras para el sector doméstico la trabajadora resaltó que de aplicarse el convenio, el Estado tendría una mayor presión a la hora de realizar inspecciones.

“Actualmente la sujeción a derechos como la inviolabilidad del hogar no permiten verificar las condiciones reales de las trabajadoras”, apuntó. También denunció la inseguridad económica que actualmente padecen las personas empleadas en el trabajo del hogar al no disponer de un Fondo de Garantía Salarial, algo que con el convenio quedaría resuelto.

Sedoac acusó la falta de conciencia de los empleadores, avalados por una legislación que les permite no dar de alta a las personas contratadas en Seguridad Social.

Esta situación vulnera sobre todo a las empleadas migrantes, 50 por ciento de estas trabajadoras, que “al carecer de contrato no tienen derecho a un permiso para regularizar su situación en el país. A menudo los empleadores se aprovechan de la precariedad de estas trabajadoras, que al necesitar con urgencia un trabajo aceptan ínfimas condiciones”.