Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Para cumplir el compromiso internacional del Estado mexicano para reducir la pobreza y la pobreza extrema desde un enfoque de inclusión, igualdad y sustentabilidad, académicas y activistas llamaron a proteger las garantías de las mujeres migrantes mediante reformas a las leyes de Migración, Trabajo y Trata.
La académica Genoveva Roldán, del Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), e integrantes de Sin Fronteras, Salud Integral para la Mujer (Sipam), y el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), participaron en el “III Simposio Internacional Feminización de las Migraciones. Los retos de cara a la Agenda Mundial de Desarrollo post 2015”.
En este que fue el tercer año constitutivo del simposio, las y los especialistas explicaron que los flujos migratorios de las mujeres son consecuencia de la política de mercado prevaleciente en el mundo, que no se centra en las garantías humanitarias de las migrantes ni en sus aportes a la economía.
También refrendaron la importancia de que las migrantes sean vistas como sujetas de derecho y a la vez como agentes de cambio en los países de salida y de destino, por lo que transformar sus condiciones de vida y trabajo se traduciría en un efectivo cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas para 2030, cuyas metas están encaminadas a asumir el desarrollo económico desde un enfoque de Derechos Humanos (DH).
INCLUIR A TRABAJADORAS MIGRANTES
Mónica Corona, coordinadora de temas e iniciativas en materia de migración de ONU-Mujeres en México, explicó que en las últimas décadas las migraciones se han caracterizado por mayor participación de niñas, niños, adolescentes y mujeres, quienes emigran de forma asociada o independiente, pero experimentan condiciones de vulnerabilidad en los sectores en los que se desempeñan, como el trabajo.
Corona expresó que las mujeres migrantes continúan enfrentando mayor adversidad que sus pares varones, que una gran mayoría no cuenta con documentación legal, se ocupan en la economía informal, en trabajos precarios, con salarios muy bajos y de escasa calificación o considerados socialmente “femeninos”, como empleo del hogar, trabajo de cuidado de personas, venta ambulante, trabajo agrícola, o “trabajo en la industria del sexo”.
Por esto y de cara a los ODS, la representante de la ONU recomendó al Poder Legislativo, a las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, y al Instituto Nacional de las Mujeres, a tomar medidas a favor de las migrantes y reformar legislaciones ya existentes.
Por ejemplo, pidió reformar la Ley de Migración para que las mujeres puedan contar con documentos de estancia y permiso de trabajo independiente del cónyuge y del vínculo con un empleador, accesibilidad a los requisitos de trabajo en la frontera sur, y la exención de pagos y multas, así como evaluar su impacto por género; además de generar nuevos diagnósticos sobre trabajadoras migrantes centroamericanas, su dinámica migratoria y su acceso al trabajo decente.
En el caso de la Ley Federal del Trabajo (LFT), la experta recomendó regular la jornada laboral y garantizar el derecho a la seguridad social de las trabajadoras del hogar remuneradas, además de que esta norma esté escrita con lenguaje incluyente y que la única referencia explícita a la población femenina no se limite a los derechos de maternidad relacionados con los periodos de gestación o lactancia.
A la par, Mónica Corona propuso impulsar la ratificación del Convenio 189 y la Recomendación 201 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre trabajo del hogar remunerado, que incluye derechos para las migrantes, además de generar mayor información sobre el mercado laboral en la frontera sur de México y la participación de las trabajadoras migrantes.
La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos también debe ser reformada, dijo, para que se brinde atención y se considere la situación de las mujeres víctimas de este delito.
OPORTUNIDAD DE DESARROLLO
Pablo Enrique Yanes Rizo, coordinador de Investigaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en México, explicó que los ODS incluyen metas específicas para mejorar la vida de las migrantes, como lograr el empleo pleno y productivo, y garantizar un trabajo decente para todas las personas y en igualdad de remuneración, así como adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas modernas de esclavitud y la trata de seres humanos.
En el tema migratorio, las metas dictan facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas; también reducir a menos de 3 por ciento los costos de transacción de las remesas de las y los migrantes.
No obstante, el experto observó que la implementación de esta agenda para 2030 se enfrenta a un contexto adverso viciado por las dinámicas e intereses de los mercados, y las divergencias y convergencias de otras agendas mundiales.
El simposio, que se llevó a cabo en el IIE, forma parte de un proyecto de análisis e incidencia política sobre las mujeres en las migraciones, que iniciaron especialistas en la materia en 2013 con otro foro realizado en la Cámara de Diputados y otro más en 2014 en la UNAM.
