Tlachinollan, Guerrero.- El pasado 5 de enero se cumplió un año de la fecha límite señalada por el Congreso de la Unión para aprobar, dentro de un plazo de 180 días contados a partir del 10 de julio de 2015, las leyes generales para combatir la tortura y la desaparición forzada. Dicha disposición, deviene de la reforma al artículo 73, fracción XXI de la Constitución, en donde se otorgan facultades al Congreso para legislar sobre esas materias.

Diversos organismos e instituciones internacionales y de la sociedad civil mexicana –como las que firmamos este pronunciamiento–, nos hemos pronunciado en numerosas ocasiones sobre la grave crisis de tortura generalizada que existe en el país. En 2015, el entonces Relator Especial sobre Tortura de la ONU recordó las obligaciones de las autoridades bajo diversos tratados ratificados por México; de la misma manera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros mecanismos de la ONU, han señalado ampliamente la necesidad imperiosa de contar con marcos normativos acordes a los más altos estándares internacionales que conlleven a la erradicación de esta grave práctica.

En un primer momento en sede legislativa, el Senado aprobó una minuta sobre la Ley General para Prevenir la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, con avances considerables para cumplir con los más altos estándares de derechos humanos. La minuta de ley se encuentra actualmente en el seno de la Cámara de Diputados desde mayo de 2016, en donde se frenó el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil y personas expertas que han aportado elementos de discusión y contenidos al debate. Lo anterior, originó que en el último día del período legislativo anterior –el 15 de diciembre de 2016– la Cámara de Diputados pretendiera votar un dictamen sobre la ley, que modificaba regresivamente el dictamen y sin considerar la corrección de algunas expresiones y estipulaciones de la minuta original.

En ese sentido, las Comisiones de Justicia y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados pretendieron: 1) eliminar diversas causales de competencia federal sobre investigaciones por tortura, incluso en casos en que los agentes denunciados por tortura pertenezcan a la misma procuraduría estatal; 2) restringir la facultad actual de las y los jueces de ordenar una investigación cuando personas procesadas denuncien haber sido objeto de tortura, aun cuando esta es no solamente obligación de las autoridades, sino también la única vía por la que muchas víctimas logran iniciar investigación, así como una de las fuentes más relevantes para contar con un diagnóstico del problema; 3) limitar los casos en que proceda la separación de agentes posiblemente implicados en tortura, de las investigaciones correspondientes (medida necesaria para evitar que los agentes implicados se investiguen a sí mismos); y 4) construir el registro de víctimas de tortura únicamente a partir de casos judicializados, dejando fuera a la gran mayoría de víctimas cuyos victimarios nunca enfrentan un proceso penal. Todas las propuestas mencionadas, van encaminadas a un menor acceso a información sobre denuncias de tortura y una menor posibilidad de contar con una investigación imparcial de la misma.

Aunado a lo anterior, dichas comisiones no contemplaron mejorar y elevar los estándares de la ley aprobada por el Senado, que si bien contiene importantes avances en la materia, aún cuenta con algunas deficiencias como: 1) el lenguaje sobre el carácter absoluto de la regla de exclusión de pruebas obtenidas bajo tortura; 2) la tipificación de la tortura en su vertiente de procedimientos médicos o científicos sin consentimiento, práctica que actualmente genera violaciones a los derechos humanos de personas con alguna discapacidad; así como 3) la ausencia de disposiciones claras para establecer responsabilidad de las y los superiores jerárquicos que autoricen, toleren o de otra forma incurran en responsabilidad por actos de tortura.

En diciembre de 2016, el Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) de la ONU visitó nuestro país para hacer una documentación sobre la prevención efectiva de la tortura; al fin de su visita a diversos centros de privación de libertad, así como de entrevistas con autoridades mexicanas y organizaciones de la sociedad civil, concluyeron que “las diversas definiciones del delito de tortura continúan generando lagunas reales o potenciales para la impunidad”.

Por lo anterior, quienes aquí suscribimos exhortamos a la Cámara de Diputados a revertir las demoras y propuestas regresivas que caracterizaron el último periodo legislativo y de aprobar una Ley General en la materia que tienda realmente a la erradicación de la práctica de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, que fortalezca los controles de prevención y sanción de la misma y elimine cualquier posibilidad de utilizar pruebas obtenidas bajo tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, todo esto, con la convicción de no retroceder en el marco jurídico e interpretaciones ya implementadas en nuestro país, y armonizar el mismo con los estándares más altos para la protección de los derechos humanos.

México. Notimex.- El líder de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, exigió un análisis más a fondo de la minuta que crea la Fiscalía General de la República y la modificación al artículo 102 de la Constitución, para garantizar su debida autonomía e independencia y no designar “un fiscal carnal”.

Afirmó que la minuta de ley enviada por los senadores a la Cámara de Diputados, es analizada desde ahora por los legisladores del PAN, quienes harán un llamado a sus pares para que impere la sensatez y acepten hacer los ajustes necesarios.

Ello, agregó, a fin de evitar que la nueva fiscalía nacional se convierta en un instrumento político del gobierno en turno.

Explicó que modificar las leyes, no necesariamente cambia la injusticia que se vive en México y, en este caso, en el Senado de la República la mayoría de Morena y sus partidos aliados aprobaron la ley orgánica por la que se crea la fiscalía general, hoy Procuraduría General de la República (PGR), sin rendición de cuentas y ligada al Ejecutivo federal.

Apuntó que de acuerdo con lo aprobado para la designación del fiscal General de la República (FGR), se integrará una lista de al menos 10 candidatos, aprobada por las dos terceras partes de los miembros de la Cámara Alta presentes.

Después, añadió, se enviará al Ejecutivo federal, quien integrará una terna para devolverla a la Cámara de Senadores y de la cual, en votación, saldrá un elegido, algo que constituye un ejercicio de democracia dirigida, ya que a la fecha en algunos círculos se menciona incluso el nombre del destinatario, aseveró.

Recordó que “el año pasado en esta Cámara de Diputados se abrió el debate por una fiscalía que sirva y no un ‘fiscal carnal’. El resultado fue que ganó la sensatez y la razón, pero después de unos meses estamos a punto de perder todo lo logrado y hacer que la justicia se incline hacia la obediencia a un supremo poder, el poder presidencial”, aseguró el líder de los diputados panistas.

En la discusión de la organización, funcionamiento y atribuciones de la Fiscalía General de la República, la Cámara de Diputados está obligada a ejercer su papel de instancia revisora, y cambiar aquello que constituya una camisa de fuerza institucional.

Por ello, subrayó que durante la discusión de la minuta en San Lázaro, los legisladores panistas pondrán especial atención a omisiones como: falta de encuadre con las atribuciones del Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley de Víctimas, atribuciones delegables e indelegables del fiscal general (operatividad), y sesgos inquisitivos en algunas atribuciones.

Plan de persecución penal clasificado como información reservada, pero que contenga versión pública. Esto es una contradicción delicada (si hay versión pública entonces no hay reserva), además de que son muy limitadas las causales de remoción por causas graves del fiscal general, por lo que es necesario especificar.

“Lo cierto es que esta versión de fiscalía general deja desconcertados a todos, porque regresa al viejo esquema de aceptar todo lo que ordene el señor Presidente, siendo omisa de antemano a los delitos que se cometan en nombre de la democracia: no, esa no fue la fiscalía por la que se movilizaron los ciudadanos, por eso, Acción Nacional dice no al ‘fiscal carnal’ del nuevo gobierno”.

México.- La documentación histórica de México pasará a una nueva etapa con la iniciativa “Memoria Histórica y Cultural de México”, que estará encabezada por Beatriz Gutiérrez Müller.

Desde el Archivo General de la Nación, Gutiérrez Müller, Andrés Manuel López Obrador, próximo presidente de México; Alejandra Fraustro, próxima titular de Cultural, así como artistas y personalidades de la cultura, acudieron a la presentación.

Durante su participación, Gutiérrez Müller destacó que esta será la “tarea específica” en la que podrá su “grano de arena para lograr la cuarta transformación de la vida pública de México, a punto de iniciar”.

“La mejor contribución, siento yo, parte de aquello que nos apasiona, por tanto lo hacemos con amor y esmero; con estos sentimientos he dedicado una buena parte de mi vida a buscar letras pasadas y tratar de colocarlas en su correcto sitial, he querido hacer justicia a muchos olvidados o a quienes desde la literatura hicieron enormes contribuciones para comprender el alma humana, expresarla y sanarla. Las palabras son excelentes vehículos de paz”.

En el espejo de la memoria nos reflejamos todos, dijo la doctora en letras, y una nación saludable es aquella que tiene estudiado y reflexionado su pasado.

“Una nación desmemoriada tiene problemas de salud y queremos a un México sano, recordando a sus difuntos, a sus familias, a sus pueblos, a sus mitos, a sus verdades históricas, porque desde el pasado nos están enseñando”, indicó.

“Para no equivocarnos y caer en los errores que nos han costado mucho, lo mejor es refrescar la memoria, actualizarla, debemos de tener presente el pasado, esa es por un lado, la mejor explicación del porqué hoy, somos lo que somos, por otro, recordar nos permitirá valorar la nación que tenemos y llevarla con gran orgullo y jactancia a todas partes, y también -ojo y espejo-, nos persuadirá en la medida de lo posible de nuestras anteriores infelicidades, de nuestros yerros, de esas íntimas verdades que se encuentran ocultas por temor o por vergüenza”.

La esposa del presidente electo detalló que trabajarán arduamente para recuperar mucho del acervo desconocido, omitido u oculto.

“Lo haremos porque creemos que somos poseedores de una infinita cantidad de tesoros, casi en su mayoría desconocidos o inalcanzables de apreciar para millones de mexicanos, pero todavía lo llevaremos a cabo como un acto de responsabilidad. Los tesoros nacionales se protegen y se cuidan. No se venden, no se trafican, son de todos y todos los mexicanos somos poseedores de ese patrimonio histórico y cultural”.

“En este consejo asesor externo y honorario, que de manera gratuita y voluntaria cooperará en custodia de nuestra riqueza histórica y cultural, es en donde pongo mi aportación como esposa del futuro presidente de México”.

El consejo asesor se dedicará a contribuir a las metas de la coordinación nacional de memoria histórica y cultural cumpla con sus metas, buscará ayuda para obtener apoyo metodológico, técnico y creativo, en el plan de conservación y difusión.

Así mismo, ayudará en la vinculación entre entes privados que quieran contribuir con la tarea de conservación de la cultura mexicana.

“Aunque me vean pegada a las bibliotecas o a esos papeles viejos, sepan que no dejaré de ayudar a nadie que me lo pida, siempre que esté en mi mano.

“Y si no me ven por mucho tiempo, recuerden que sigo laborando como antes, en mi propio empleo universitario, en mi oficio de escribir y en mi familia, a la que me debo, y a la que necesito procurar. Juntos haremos historia”, concluyó.

México. Notimex.- Gerardo Esquivel Hernández, propuesto como subsecretario de Egresos en la próxima administración federal, negó que dentro del Paquete Económico para 2019 se contemple una reducción del presupuesto destinado a las universidades públicas.

“Es falso que el presupuesto destinado a las universidades públicas en 2019 se reducirá en 32 por ciento”, expresó Esquivel Hernández en su cuenta de la red social Twitter.

El próximo funcionario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aclaró que el proyecto de presupuesto que propondrá la nueva administración “será dado a conocer en tiempo y forma”.