Tlachinollan, Guerrero.- El pasado 5 de enero se cumplió un año de la fecha límite señalada por el Congreso de la Unión para aprobar, dentro de un plazo de 180 días contados a partir del 10 de julio de 2015, las leyes generales para combatir la tortura y la desaparición forzada. Dicha disposición, deviene de la reforma al artículo 73, fracción XXI de la Constitución, en donde se otorgan facultades al Congreso para legislar sobre esas materias.

Diversos organismos e instituciones internacionales y de la sociedad civil mexicana –como las que firmamos este pronunciamiento–, nos hemos pronunciado en numerosas ocasiones sobre la grave crisis de tortura generalizada que existe en el país. En 2015, el entonces Relator Especial sobre Tortura de la ONU recordó las obligaciones de las autoridades bajo diversos tratados ratificados por México; de la misma manera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros mecanismos de la ONU, han señalado ampliamente la necesidad imperiosa de contar con marcos normativos acordes a los más altos estándares internacionales que conlleven a la erradicación de esta grave práctica.

En un primer momento en sede legislativa, el Senado aprobó una minuta sobre la Ley General para Prevenir la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, con avances considerables para cumplir con los más altos estándares de derechos humanos. La minuta de ley se encuentra actualmente en el seno de la Cámara de Diputados desde mayo de 2016, en donde se frenó el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil y personas expertas que han aportado elementos de discusión y contenidos al debate. Lo anterior, originó que en el último día del período legislativo anterior –el 15 de diciembre de 2016– la Cámara de Diputados pretendiera votar un dictamen sobre la ley, que modificaba regresivamente el dictamen y sin considerar la corrección de algunas expresiones y estipulaciones de la minuta original.

En ese sentido, las Comisiones de Justicia y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados pretendieron: 1) eliminar diversas causales de competencia federal sobre investigaciones por tortura, incluso en casos en que los agentes denunciados por tortura pertenezcan a la misma procuraduría estatal; 2) restringir la facultad actual de las y los jueces de ordenar una investigación cuando personas procesadas denuncien haber sido objeto de tortura, aun cuando esta es no solamente obligación de las autoridades, sino también la única vía por la que muchas víctimas logran iniciar investigación, así como una de las fuentes más relevantes para contar con un diagnóstico del problema; 3) limitar los casos en que proceda la separación de agentes posiblemente implicados en tortura, de las investigaciones correspondientes (medida necesaria para evitar que los agentes implicados se investiguen a sí mismos); y 4) construir el registro de víctimas de tortura únicamente a partir de casos judicializados, dejando fuera a la gran mayoría de víctimas cuyos victimarios nunca enfrentan un proceso penal. Todas las propuestas mencionadas, van encaminadas a un menor acceso a información sobre denuncias de tortura y una menor posibilidad de contar con una investigación imparcial de la misma.

Aunado a lo anterior, dichas comisiones no contemplaron mejorar y elevar los estándares de la ley aprobada por el Senado, que si bien contiene importantes avances en la materia, aún cuenta con algunas deficiencias como: 1) el lenguaje sobre el carácter absoluto de la regla de exclusión de pruebas obtenidas bajo tortura; 2) la tipificación de la tortura en su vertiente de procedimientos médicos o científicos sin consentimiento, práctica que actualmente genera violaciones a los derechos humanos de personas con alguna discapacidad; así como 3) la ausencia de disposiciones claras para establecer responsabilidad de las y los superiores jerárquicos que autoricen, toleren o de otra forma incurran en responsabilidad por actos de tortura.

En diciembre de 2016, el Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) de la ONU visitó nuestro país para hacer una documentación sobre la prevención efectiva de la tortura; al fin de su visita a diversos centros de privación de libertad, así como de entrevistas con autoridades mexicanas y organizaciones de la sociedad civil, concluyeron que “las diversas definiciones del delito de tortura continúan generando lagunas reales o potenciales para la impunidad”.

Por lo anterior, quienes aquí suscribimos exhortamos a la Cámara de Diputados a revertir las demoras y propuestas regresivas que caracterizaron el último periodo legislativo y de aprobar una Ley General en la materia que tienda realmente a la erradicación de la práctica de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, que fortalezca los controles de prevención y sanción de la misma y elimine cualquier posibilidad de utilizar pruebas obtenidas bajo tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, todo esto, con la convicción de no retroceder en el marco jurídico e interpretaciones ya implementadas en nuestro país, y armonizar el mismo con los estándares más altos para la protección de los derechos humanos.

México.- Detener la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) costaría 100 mil millones de pesos al gobierno: 60 mil millones por las obras ya hechas y 40 mil millones de gastos no recuperables de contratos ya firmados, dijo Javier Jiménez Espriú, propuesto como próximo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Al presentar el dictamen técnico sobre el NAIM, Jiménez Espriú señaló que estos costos tendrían un impacto considerable en el Presupuesto federal de 2019, por la aceleración de los gastos financieros adquiridos, y tendría un posible impacto negativo en los mercados financieros.

El dictamen realizado por el próximo gobierno acotó las opciones para la nueva terminal aérea a dos: frenar su construcción o no.

Jiménez Espriú explicó que la primera implicaría que se mantengan las operaciones del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y construir dos pistas en la Base Aérea de Santa Lucía.

La posibilidad de que el NAIM siga en marcha mediante una concesión a un privado no fue mencionada.

La puesta en marcha de la terminal, dijo, representaría una mayor capacidad para operaciones aéreas y ya tiene un avance del 31 por ciento.

Especialistas del próximo gobierno han recomendado que otra empresa realice un nuevo estudio para determinar si es así, expuso.

Hacer ese nuevo estudio tomaría alrededor de 5 meses y costaría entre 150 y 200 millones de pesos, detalló.

Jiménez Espriú reconoció que cancelar el NAIM implicaría negociar con acreedores.

Por otra parte, detalló que el dictamen técnico ya está disponible en Internet para que todos puedan consultarlo.

El 8 de septiembre se darán a conocer los dictámenes y se presentarán las bases para iniciar las mesas de consulta para que la ciudadanía tome la decisión definitiva, añadió el presidente electo, López Obrador.

México. Notimex.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolverá este viernes un total de 91 asuntos relacionados con las recientes elecciones federales, entre ellos 68 casos relativos a la distribución de legisladores plurinominales.

Conforme a la cuenta pública, dada a conocer previo a la sesión de hoy, la mayoría de los partidos políticos interpuso juicios contra decisiones de las salas regionales, relativas a la conformación de las cinco circunscripciones plurinominales en que se divide el país.

Destaca el caso del Partido Nueva Alianza, que presenta un total de 12 juicios contra sendas decisiones tomadas por la Sala Regional Monterrey, del TEPJF, en relación con la Segunda Circunscripción Plurinominal.

También hay asuntos presentados en lo individual, entre ellos algunos candidatos a las Cámaras del Congreso de la Unión, contra decisiones de las salas regionales del Tribunal.

México.- El futuro Secretario de Comunicaciones y Transportes indicó que hay dos opciones: la primera es continuar con la construcción en Texcoco; la segunda, levantar dos pistas en Santa Lucía, las cuales operarían a la par con el actual Aeropuerto.

Jiménez Espriú detalló los pros y los contras de ambas opciones.

Indicó como puntos a favor de seguir con la obra del NAIM: su cercanía con la Ciudad de México; un gran centro de operaciones internacionales; que el Gobierno ya cuenta con el terreno; que existe financiamiento para el 75 por ciento de la inversión; que tendrá mayor capacidad en el lejano plazo, y que ya hay un avance del 32 por ciento.

Los puntos en contra de esta opción son: que el costo de construcción de la obra ya creció, al pasar de 169 mil millones de pesos a 300 mil millones de 2014 a la fecha; el retraso de al menos cuatro años en la construcción; y un mayor riesgo al inicio de las operaciones, pues el Aeropuerto Benito Juárez tendría que cerrar inmediatamente.

También detalló los puntos a favor de la construcción de dos pistas en Santa Lucía: que se conservarían los dos aeropuertos; que habría un menor tiempo para el arranque de las operaciones; un menor costo de mantenimiento y de inversión, la cual sería de 70 mil millones de pesos; y fortalecería el sistema aeroportuario.

Los puntos en contra de esta segunda opción son: en su dictamen el MITRE indicó que la operación de dos aeropuertos no es viable, sin embargo se debe hacer un estudio profundo que podría llevar cinco meses. Detalló que los técnicos chilenos y mexicanos sostienen que sí es posible. Así como que las operaciones separadas generaría mayores costos para aerolineas y molestias a pasajeros; así como los costos de cancelación de la obra actual impactaría al presupuesto. El costo de la cancelación de la obra de Texcoco es de 100 mil millones de pesos, 60 mil por las obras ya realizadas y 40 mil por la firma de contratos de las obras no realizadas.

Jiménez Spriú anunció que se entregará la información recabada a todas las asociaciones de ingenieros y asociaciones civiles. Además de que La Comisión Dictaminadora pedirá la difusión de la información a los medios.

Dijo que a partir del lunes se informará con más detalle sobre las dos opciones; que la opinión de los ingenieros estará lista el 5 de septiembre; el 8 de septiembre se presentarán las bases para la consulta, y que será en la última semana de octubre cuando se realice la consulta con carácter vinculatorio.