Guerrero.- Joaquina Cantor Gasparillo, de 48 años de edad, huyó con sus dos hijos pequeños de Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, a causa de la violencia ejercida por los cárteles de la droga de "Los Ardillos" y "Los Rojos", que desde meses antes del 8 de noviembre de 2018, se disputaban ese municipio de la zona indígena de la región Centro del estado, lo que dejó en ese entonces un saldo de varias personas muertas y heridas.

A ese víacrucis se unieron 17 familias más, que en esa fecha se desplazaron y refugiaron en una cancha techada sin paredes de la cabecera municipal de Copalillo, en la zona Norte de Guerrero, sufriendo frío y alimentándose con pequeñas raciones de comida, ante la falta de apoyos gubernamentales.

Ante las amenazas de muerte por parte de "Los Ardillos" que finalmente se apoderaron de Zitlala, al menos 40 personas decidieron dejar ese lugar y junto con 300 desplazados por la violencia de una docena de comunidades de la zona serrana del municipio de Leonardo Bravo, viajaron a Palacio de Gobierno de la Ciudad de México, donde se plantaron y exigieron apoyos alimenticios y garantías de seguridad para regresar a sus pueblos.

Sin embargo, al no obtener respuesta inmediata a esta última petición, el 29 de marzo de 2019 los afectados regresaron y encontraron refugio en Chichihualco, la cabecera municipal de Leonardo Bravo, con el acompañamiento del Centro de Derechos Humanos "José María Morelos y Pavón".

Acoso y amenazas

Las familias de Tlaltempanapa estaban en paz, hasta que la semana pasada miembros del Frente Unido de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero, presunto brazo armado de una célula criminal que opera en Tlacotepec, irrumpieron en los poblados Iyotla y Tepozonalco y se enfrentaron a balazos con sicarios del Cártel del Sur que opera en Chichihualco, lo que dejó como saldo tres muertos y 200 nuevas personas desplazadas.

Derivado de ello, este martes agentes de la Policía Estatal allanaron los domicilios particulares de las recientes familias afectadas y de las de Tlaltempanapa, para buscar presuntamente a los actores de los recientes hechos violentos

Tal es el caso de Joaquina Cantor Gasparillo, de 48 años de edad, que este miércoles en Chichihualco relató que sin una orden judicial, al menos ocho agentes de esa corporación ingresaron a su vivienda y hostigaron y amenazaron a sus hijos de 12 y 8 años de edad y a su madre de 80 años de edad.

"Mientras platicaba con un policía afuera de mi casa, otros se metieron y sacudieron mi cama y revisaron las mochilas de mis niños. Me preguntaron que por qué tengo muchas colchonetas y les dije que nosotros tenemos muchas colchonetas porque somos desplazados", argumentó.

Abundó que los policías inspeccionaron minuciosamente los teléfonos celulares, tanto de ella como de su hijo, y que en tono prepotente preguntaron el por qué tiene contactos con la delegada del gobierno del estado en la región Centro, Norma Yolanda Armenta Domínguez y con el director del Centro de Derechos Humanos "José María Morelos y Pavón", Manuel Olivares Hernández.

Dijo que tras el allanamiento de su hogar, su mamá sufrió crisis nerviosa por lo que se vio obligada a internarla en el hospital básico comunitario de Chichihualco y fue sometida a tratamientos médicos para reducir su padecimiento.

Cantor Gasparillo no descarta en interponer una queja en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, pues calificó las actuaciones de la Policía Estatal como una violación a sus derechos humanos.