Guerrero.- Debido a detonaciones de armas de fuego ocurridas el domingo 30 de junio en la comunidad de El Naranjo, municipio de Chichihualco, Guerrero, 800 personas huyeron con rumbo a la cabecera municipal, donde hasta la fecha se resguardan las personas desplazadas por la violencia de sus comunidades.

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón y personas desplazadas, los recientes ataques provienen del mismo grupo que quiere desalojar a la gente para tomar el control del territorio.

Acusaron las detonaciones en El Naranjo son consecuencia de que no se cumplieron las medidas de seguridad acordadas entre ellos y Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación (Segob), mismo por el que aceptaron volver a Guerrero.

Una de las medidas decía que se colocaría un punto de seguridad en esa comunidad para evitar el avance el grupo armado; también establecer un perímetro de protección con puntos de vigilancia hacia la sierra y hacia Chilpancingo.

Ante las inminentes agresiones contra la comunidad de El Naranjo, las personas desplazadas señalaron que los que siguen en sus hogares intentarán repeler los ataques, pues no quieren perder sus propiedades como los pobladores que dejaron sus hogares, y que siguen sin ayuda integral.

Agregaron que la gente de ese poblado está organizada y desde el domingo, aproximadamente 400 hombres prepararon la defensa, sin reportarse personas muertas.

De acuerdo con el portal Animal Político, Florencio Salazar, secretario general de gobierno de Guerrero, afirmó que es mentira que las autoridades no estén actuando.

Desde 2013, en esa región de Guerrero hay una disputa entre grupos del crimen organizado que buscan el control del territorio, sin embargo, en el centro del conflicto están los poblados afectados por la violencia.

Entre las personas desplazadas que se encuentran en la cabecera municipal, están los 300 pobladores que mantuvieron un plantón por 39 días afuera de Palacio Nacional en la Ciudad de México, para exigir al gobierno federal condiciones de seguridad para el retorno a sus comunidades, mismas que siguen sin resolverse.