Villahermosa, Tabasco.- Desde abril del 2019, el personal administrativo sindicalizado de la Universidad Popular de la Chontalpa, ubicado en el municipio de Cárdenas, no ha recibido el pago de prestaciones que suman nueve millones de pesos, firmadas con el actual rector Antonio del Ángel Flores, por lo que promovieron el juicio de amparo 665/2019-IV.

En julio de 2019, el Juez Federal instruyó cumplir con las prestaciones que emanan del contrato colectivo sindical, y que les concede los pagos de sus prestaciones, sin embargo, a la fecha no ha habido tal pago, pese a las innumerables veces en las que el juez le ha pedido al rectorado comprobar que cumple con dicha suspensión.

Los agravios son en deterioro de más de 120 familias por dolo y discriminación de parte del rector Del Ángel Flores, pues la falta de pago, (aun habiendo retenciones en cada quincena), la consideran un despojo a sus derechos y garantías constitucionales en deterioro hasta de sus formaciones académicas.

A la fecha se desconoce el paradero de los nueve millones de pesos y ante esta opacidad en el manejo de los recursos, el SAUPCH, solicita una Auditoria financiera para saber con claridad el destino de esos recursos que consideran son propiedad de la base sindicalizada.

Los sindicalizados acusan que, en cambio, hay distinción con pagos selectivos a trabajadores administrativos de confianza, así como el gabinete que acompaña al rector.

Denuncian que los trabajadores de confianza perciben salarios muy por encima de la crisis económica que supuestamente atraviesa la institución, según el portal de transparencia.

Además aumenta la contratación de personal externo aduciendo que los sindicalizados carecen de la experiencia para desempeñar cargos específicos, sobrecargando la nómina cuando pretextan la falta de pago de las prestaciones para hacer ahorros globales en las finanzas.

Los trabajadores, cansados de tales vejaciones, recurren ante la Secretaria de Educación, Secretaria de Gobierno, a la opinión pública y al mismo Presidente de la República, para que investiguen, se lleguen hasta las últimas consecuencias y solucionen el problema.

La Universidad Popular de la Chontalpa fue creada el 24 de agosto de 1995, por el cabildo de Cárdenas, presidido por Héctor Muñoz Ramírez, siendo la primera universidad municipal del país, a instancias del excandidato por el Partido de la Revolución Democrática, Andrés Manuel López Obrador. El 7 de noviembre de 1998 logra la obtención del registro oficial como institución del nivel superior.

Secuelas de la estafa maestra

El rector de la Universidad Popular de la Chontalpa (UPCH), Antonio del Ángel Flores, informó el 14 de septiembre, que habían sido liberadas las cuentas bancarias de la institución “inmovilizadas” por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, por estar implicada en la “Estafa Maestra”.

El rector afirmó que con apoyo del gobierno del estado se logró descongelar las cuentas y se hacen trámites ante instituciones bancarias para tratar de pagar hoy mismo salarios y prestaciones a los alrededor de 700 maestros, personal administrativo y de intendencia que tiene la UPCH.

Lamentó que esta situación ocurriera en fin de semana y en vísperas del puente por los festejos patrios, por lo que pidió paciencia a la comunidad universitaria para el pago de la primera quincena de septiembre.

Reveló que independientemente de las investigaciones que realiza el gobierno federal por la “Estafa Maestra”, la UPCH enfrentaba un déficit de 60 millones de pesos que habrán de cubrirse para garantizar salarios y prestaciones en el último trimestre del año.

Manifestó que para cubrir ese hueco presupuestario, ocasionado “por malos manejos” de la administración pasada, se realizan gestiones ante el gobierno federal y la secretaría de Finanzas del estado.

El día anterior, mediante un comunicado, la UPCH informó que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda instruyó a las instituciones bancarias inmovilizar sus cuentas bancarias por investigaciones de la “Estafa Maestra”.

Aseguró que el involucramiento de la UPCH obedece “a inconsistencias de administraciones anteriores” y que por tal motivo se vía imposibilitada de pagar salarios a la comunidad universitaria, correspondiente a la primera quincena de septiembre.

En la estafa maestro se encuentran involucrados los exrectores de la UPCH, José Víctor Zárate Aguilera, José Luis Hernández Lazo y Pedro Javier Muñoz Vergara.

Una nuestra del saqueo

El exrector de la Universidad Popular de la Chontalpa (UPCH), José Víctor Zárate Aguilera, fue detenido el 8 de junio de 2017 como probable responsable del delito de peculado por más de 30 millones de pesos en agravio de esa institución educativa.

Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) cumplimentaron una orden de aprehensión girada en su contra el 19 de mayo y lo arrestaron en el municipio de Cárdenas, donde se ubica la UPCH, la segunda más importante de la entidad después de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) de esta capital.

La acción ministerial obedece a una averiguación previa iniciada en 2015 en respuesta a la denuncia de los representantes jurídicos de esa casa de estudios.

De acuerdo con el expediente penal, la gestión de Zárate Aguilera como rector de la UPCH (de 2009 a 2012) dejó de enterar al Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET) las retenciones por concepto de cuotas obrero patronales en los años 2010 y 2011, las cuales eran descontadas a los trabajadores.

El monto de estas retenciones suma 30 millones 746 mil 97.73 pesos.

Zárate Aguilera fue designado rector en 2009 por el entonces gobernador priista, Andrés Granier Melo, preso en la Ciudad de México desde junio de 2013 por el ‘megasaqueo’ a Tabasco.

En octubre de 2011, el departamento jurídico del ISSET, mediante un oficio, exigió al entonces rector el pago de más de 23 millones 500 mil pesos hasta esa fecha, ya que desde septiembre de 2009 la UPCH dejó de pagar cuotas de sus trabajadores, a pesar que se les descontaba cada quincena.

En marzo de 2012, Zárate Aguilera dejó la rectoría para contender por una diputación local, abanderado por el PRI, la cual perdió ante el PRD.