México.- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) debe más de 200 millones de pesos por demandas de negligencia médica en las cuales se dio la razón a los pacientes. También tiene pendiente pagar 2 mil millones de pesos por demandas laborales y de pensiones, sumado a contratos de prestación de servicios que al año cuestan 5 mil 900 millones de pesos, más de la mitad de lo que se destina para comprar fármacos, afirmó el director del instituto, Luis Antonio Ramírez Pineda.

Ramírez Pineda adelantó que para terminar con las fugas económicas en la subrogación de servicios, la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realiza una revisión porque también se paga por insumos que no se utilizan, y otros que se requieren no están.

Mencionó que el presupuesto del instituto para 2020 es de 340 mil millones de pesos, de los cuales 70 por ciento se va al pago de pensiones y 30 por ciento a la operación de servicios.

Respecto al pasivo de 20 mil millones de pesos, también herencia de gobiernos anteriores, anunció que se cubrió la mitad (10 mil millones) con recursos aportados por Hacienda y 6 mil 900 millones que la dependencia federal autorizó tomar de la reserva financiera del instituto. La mayor parte eran deudas con proveedores de medicinas y material de curación, indicó.

Durante sexenios, el Issste se consideró la caja chica del gobierno federal, de donde salían recursos para financiar campañas políticas. Aunque las denuncias al respecto no prosperaron, el saldo está a la vista con clínicas y hospitales que han carecido de presupuesto para mantenimiento. Un ejemplo fue el hospital general Gonzalo Castañeda que, por daños estructurales y sobresaturación, fue desalojado en septiembre de 2011, pues tenía alto riesgo de colapsar.

El funcionario dijo que por dar preferencia a los denominados servicios médicos integrales –arrendamiento de insumos y equipos con empresas privadas–, el Issste dejó de invertir en equipamiento básico, como anestesia para cirugías, la cual es prácticamente inexistente en los hospitales. Esto significa que los nosocomios dependen de los proveedores privados para hacer más de 270 mil operaciones al año; lo mismo ocurre con estudios como la endoscopía, para detectar padecimientos gastrointestinales.

Para el funcionario, el monto que se paga a los proveedores privados es muy alto, pues representa alrededor de 60 por ciento de lo que el instituto destina cada año a la compra de medicinas, 10 mil millones de pesos; de ahí, la decisión de que intervenga la Oficialía Mayor de la SHCP.

La nueva definición sobre esos contratos se dará en las próximas semanas, ya que los firmados en 2019 concluyeron entre octubre y diciembre, pero se negoció su ampliación a febrero de 2020.