#Guerrero

Días de humo y de violencia en Guerrero | Opinión

No solo la bruma obscurece el horizonte e irrita los ojos, también altera los ánimos, por tanta depredación e insolencia de las autoridades.

Por Tlachinollan Tlachinollan, 2019-05-14 08:29

Guerrero. Tlachinollan.- De la quema precaria del tlacolol hemos pasado a los grandes incendios forestales, que representan ahora un grave problema ambiental.  El mismo fuego puso en jaque a las autoridades del estado que fueron incapaces de impedir que el fuego llegará a las comunidades de Llanos de Tepoxtepec y el Calvario, al poniente de Chilpancingo. Tuvieron que trabajar seis días para controlar esta quemazón. La lumbre extendida en los cerros de la periferia de Chilpancingo, mostró a la población que no solo las aguas caudalosas del rio Huacapa representan un alto riesgo, sino también los incendios que rondaron la capital del estado.

De acuerdo con información de protección civil, las quemas forestales se focalizaron en los municipios de Chilpancingo, Petatlán, Zihuatanejo, Tecpan de Galeana, Coyuca de Benítez, Leonardo Bravo, Tixtla, Mochitlán, Acapulco, Chilapa, San Luis Acatlán, Tecoanapa, Ajuchitlán del Progreso y Coyuca de Catalán. Es decir, las regiones Centro, Costa Grande, Tierra Caliente, Acapulco y parte de la Costa Chica. Son las que oficialmente reconocieron, reportando 35 incendios forestales y suburbanos. Los que vivimos en la Montaña también registramos incendios en Metlatónoc, Cochoapa el Grande, Malinaltepec, Acatepec, Tlacopa, Alcozauca y Copanatoyac.

Guerrero no solo es un estado en llamas por la violencia imparable, sino por los incendios incontrolables que causan una grave contaminación y generan un ambiente sofocante. No solo la bruma obscurece el horizonte e irrita los ojos, también altera los ánimos, por tanta depredación e insolencia de las autoridades.

Para el colegio de biólogos, el gobierno del estado no tiene datos precisos para determinar la calidad del aire. Los dos equipos para medir la contaminación no funcionan desde hace más de diez años, por lo mismo, consideran que es irresponsable que las autoridades emitan alertas cuando no tienen datos precisos sobre la calidad del aire. Este problema ambiental desencadena otro problema de salud pública, por los malestares que causa la generación de estos contaminantes.

En nuestro estado no solo las quemazones impactan la calidad de vida y el bienestar de la población. El creciente problema de las personas que huyen de la violencia y se desplazan a otras regiones y estados, es un asunto que no se atiende en su justa dimensión. La reciente publicación del libro la violencia como causa del desplazamiento interno forzado, elaborado por la Secretaria de Gobernación (SEGOB) y el Consejo Nacional de Población (CONAPO), con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, muestra que este fenómeno ya no puede mantenerse oculto y mucho menos negar una realidad que interpela al mismo estado.  El desplazamiento interno forzado destaca por la profundidad de sus afectaciones. Genera la perdida de seguridad y se da en contextos sociales y espaciales violentos. Transforma e incide en todos los ámbitos personales y limita el goce y ejercicio de los derechos.

El desplazamiento interno no solo expresa una problemática actual de violación de derechos, sino los grandes impactos que causa entre las familias que pierden todo: a sus seres queridos, su casa, su entorno familiar, su tranquilidad y su desarrollo personal. El desplazamiento tiene ahora un vínculo más estrecho con la violencia de alto impacto, asociada al narcotráfico y el crimen organizado, que se ha manifestado fuertemente en varias regiones del estado. Decenas de familias de la sierra, Tierra Caliente, Zona Norte y Centro, fundamentalmente, son víctimas de la extorsión, el secuestro, el cobro por ‘protección’, el robo de identidad, los asaltos, la desaparición de familiares y los vínculos creados con la criminalidad. Se trata de territorios en disputa por su ubicación favorable y estratégica para las acciones criminales o bien por sus bienes naturales. Por su parte, los grupos armados desplazan a la población para alcanzar sus objetivos y apoderarse de los principales giros de la economía local.

La violencia se hace presente cuando irrumpe en la realidad individual o familiar, una vez que esto sucede genera desplazamientos, además de una aguda crisis en el entramado social. Las relaciones que privan son de confrontación y desconfianza. Predomina el acecho y la traición. El miedo adquiere carta de naturalización hasta percibirse como algo normal.

Para las familias desplazadas del estado una de sus principales pérdidas es el despojo de su patrimonio materializado en la vivienda y el desarraigo. La preocupación aumenta en los hombres que juegan el rol de proveedores, cuya identidad se ve muy afectada al no poder ofrecer seguridad y protección a sus familias.

Esta violencia despoja a las personas de su entorno cultural, de las tierras que representan un bien común, de la riqueza de su mundo simbólico e histórico, de los vínculos con sus ancestros, de los lazos familiares más cercanos. La experiencia de la desterritorialización es el golpe mortal para las familias desplazadas, porque además de desarraigarlas de su espacio familiar, no tienen un lugar seguro para rehacer su vida. Es como si no existieran para los demás y para el mismo gobierno. Son como almas en pena, sumergidos en la anomia social. Víctimas del desprecio de una sociedad racista e intolerante que considera a las familias desplazadas como los causantes del desorden que impera en su propio entorno social. Por su parte los grupos delincuenciales se encargan de deconstruir la identidad de sus víctimas. Destierran la tranquilidad y la cohesión del tejido social se fragmenta.  Los canales de comunicación se deterioran, creando un clima de desconfianza generalizada y un gran temor donde impera el silencio, que imposibilita toda acción de defensa organizada. La denuncia representa más un peligro que una verdadera solución, y se visualiza como un camino inútil. Son presas de la desesperación e irritación a flor de piel.

Las familias desplazadas sufren cambios negativos en su estado de salud, en particular, insomnio, dificultad para descansar, pérdida de apetito. Algunas mujeres presentan trastornos ginecológicos, y en general se detonan enfermedades latentes como diabetes mellitus o hipertensión.  En el aspecto emocional regularmente padecen ansiedad, temor e ira.

El paso del ciudadano común a víctima, y del residente habitual a desplazado, coloca a las personas en el desfiladero de la sobrevivencia. Es cruzar el umbral de la desesperanza, de caminar sin rumbo y de no encontrar un lugar en donde descansar seguro. Se generan sentimientos de indefensión, desprotección, vulnerabilidad y miedo. Impera la conciencia de desterritorialización. Se asumen como desplazados sin dimensionar lo que representa una identidad que los coloca en extrema vulnerabilidad.

En el estado, el desplazamiento interno forzado, ha tenido un tratamiento inadecuado por parte de las autoridades. En primer lugar, no se le reconoce como familias desplazadas y más bien se les estigmatiza con el argumento de que forman parte de las disputas que libran los grupos de la delincuencia organizada por el control territorial. En segundo término, se les cataloga como parte de los actores que protagonizan la violencia y no como víctimas. Por lo mismo, les niegan el apoyo que por derecho les corresponde, al enfrentar una situación sumamente critica, al tener que abandonar sus hogares ante la eminencia de padecer una muerte violenta. La desatención a las familias desplazadas a propiciado situaciones límite al grado que muchas muertes pudieron haberse evitado. La apuesta por obtener daños menores a llevado a que las autoridades invisibilicen el problema, y que le den un tratamiento meramente asistencialista, sin proporcionar los apoyos necesarios para las familias desplazadas. Las niñas, los niños y las mujeres son la población mayoritaria que deben de ponerse a salvo y brindarles una atención especial, porque son los más indefensos ante un clima de violencia, que las mismas autoridades no han podido contener.

Las familias desplazadas de los municipios de Leonardo Bravo y de Zitlala que permanecieron por más de 40 días frente al Palacio Nacional para intentar dialogar con el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, y solicitar su apoyo con el fin de garantizar el retorno a sus comunidades, hasta la fecha, siguen demandando a la SEGOB el cumplimiento de los acuerdos firmados. Retomando el mensaje del director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Manuel Olivares, nos hacemos eco de su denuncia y reclamo por la muerte de una de las madres de familia:

“El día de hoy, 12 de mayo falleció en el hospital, Raymundo Abarca Alarcón, la señora Virginia Zúñiga Maldonado, después de haber sido internada el pasado viernes 3. La señora Virginia era parte de las familias desplazadas del municipio de Leonardo Bravo. Originaria de la comunidad de Filo de Caballos. Su muerte se suma a la del señor Francisco Barragán Nava quién murió en la Ciudad de México el 21 de marzo. Ambos murieron con la ilusión de poder regresar a sus lugares de origen, sin que hasta la fecha el gobierno federal genere las condiciones de seguridad para que las familias desplazadas puedan regresar a sus comunidades.  Justo el día de ayer se cumplieron 7 meses de su desplazamiento y nos seguimos preguntando ¿Cuántas personas más van a morir lejos de su tierra? Es urgente que el presidente de la república de muestras de que realmente las cosas son diferentes. El cuerpo de doña Virginia será trasladado hoy por la noche a la comunidad de Amojileca, donde será velado y sepultado”.

En estos días de humo y violencia urge atender a las familias que son víctimas de este flagelo y de la destrucción del medio ambiente. La población, lejos de mantenerse al margen de estos desafíos, siguen luchando a brazo partido para encarar estos problemas, a costa de su propia vida. No podemos seguir demandándole a la población mayores sacrificios cuando las autoridades no están cumpliendo con sus responsabilidades.

Centro de Derechos Humanos de La Montaña

#Guerrero

Estudiantes bloquean calle en Chilpancingo por elecciones irregulares

Se tratan de integrantes de las planillas 1 y 2 de Derecho de la Uagro, quienes denunciaron irregularidades como amenazas de maestros y robo de urnas.

Por Alejandro Ortiz, 2019-05-23 14:29

Guerrero.- Un grupo de 30 estudiantes de la unidad académica de Derecho, bloquean los dos carriles de la avenida Lázaro Cárdenas en Chilpancingo; denuncian irregularidades en las elecciones escolares.

Se tratan de integrantes de las planillas 1 y 2 de la unidad académica, quienes denunciaron irregularidades como amenazas de maestros y robo de urnas durante el proceso de elección.

Debido a las anomalías denunciadas durante la elección estudiantil, los inconformes exigieron transparencia y pidieron a las autoridades de la UAGro que haya elecciones extraordinarias.

«No habían terminado las elecciones cuando la planilla 1 ya se había declarado vencedora. Se obligó a algunos de los funcionarios a firmar las actas sin conocer los resultados», señaló uno de los estudiantes.

Al lugar llegaron funcionarios del ayuntamiento de Chilpancingo para pedir la liberación de las vialidades, sin embargo al no tener injerencia en la demanda decidieron continuar con el bloqueo.

Hasta la 1:45 de la tarde continuaba el bloqueo para pedir la atención de funcionarios de la UAGro. También se registró un percance cuando un automóvil pasó a la fuerza por el bloqueo, ocasionando que estudiantes golpearan el vehículo.

#Chilpancingo

Alcalde deja sin trabajo ni frutas a comerciantes de Chilpancingo

El Ayuntamiento retiró a diez vendedores de fruta que, hasta este jueves, se encontraban instalados en diversos puntos del Centro.

Por Juan Manuel Molina, 2019-05-23 10:24

Guerrero.- La Dirección de Gobernación Municipal de Chilpancingo, retiró a diez vendedores de fruta que, hasta este jueves, se encontraban instalados en diversos puntos del Centro de Chilpancingo.

Desde el miércoles, la dirección municipal inició el retiro de una decena de “carretilleros” ubicados en la calle Juan Ruíz de Alarcón y República del Salvador, a escasos metros de la plaza central.

En un comunicado, Gobernación Municipal informó que el operativo se efectuó para atender múltiples denuncias ciudadanas en las que se manifestaba un malestar generalizado debido a la obstrucción del paso peatonal.

En redes sociales, usuarios repudiaron que agentes de la Dirección de Gobernación Municipal, haya despojado a los venderos de sus productores, varios kilos de frutas.

#Guerrero

A juicio los 16 integrantes del CECOP criminalizados

Los 16 defensores se encuentran detenidos desde el 7 de enero de 2018, acusados de homicidio calificado.

Por Tlachinollan Tlachinollan, 2019-05-23 10:04

Guerrero. Tlachinollan.- Ante la apertura del juicio oral en el día de hoy en el caso contra los 16 defensores del CECOP, el Observatorio (OMCT-FIDH) y Tlachinollan reiteran su llamado a que cese su criminalización y anuncian la presentación del caso de detención arbitraria de 25 integrantes del CECOP ante el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU.

El día de hoy se iniciará en el Tribunal de enjuiciamiento penal, con jurisdicción y competencia en el Distrito Judicial de Tabares (Acapulco, Guerrero) el juicio oral en el proceso de criminalización contra 16 defensores de la tierra y el territorio integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (CECOP).

Los 16 defensores se encuentran detenidos desde el 7 de enero de 2018, acusados de homicidio calificado. Los 16 han sistemáticamente negado estas acusaciones y denuncian que sean en represalia por su acción legítima y pacífica por el respeto de sus derechos al territorio. En la madrugada de ese día hubo un enfrentamiento entre policías comunitarios y personas que estaban en un baile en la comunidad de La Concepción con un saldo de dos muertos de la Policía comunitaria y seis personas de la comunidad. El posterior operativo de los cuerpos de seguridad en el que se hizo uso excesivo de la fuerza tuvo un saldo de tres campesinos ejecutados arbitrariamente, 25 defensores detenidos arbitrariamente (nueve de ellos fueron liberados a lo largo del proceso) y ocho defensores torturados.

Ante el inicio del juicio oral en el día 22 de mayo, el Observatorio y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan reiteran su llamado a  garantizar el derecho al debido proceso de las personas que han sido criminalizadas y a que, a menos que existan pruebas suficientes, se ponga fin a la criminalización indebida de los integrantes del CECOP.

Además, el Observatorio y Tlachinollan reiteran su preocupación por el patrón de criminalización de las personas defensoras en México por acción legítima y pacífica, que busca tratar de acallar sus voces y anuncian que en el día de hoy han presentado ante el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas el caso de los 25 integrantes del CECOP que han sido detenidos arbitrariamente. El caso se sumaría así, al patrón de criminalización que ha sido corroborado por el propio Grupo de Trabajo que, en los últimos años, ha emitido 8 Opiniones en las que declaraba la detención en México de 32 personas defensoras como arbitraria y exigía su liberación inmediata.

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.  El Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM) Tlachinollan es una organización de derechos humanos que trabaja desde 1993 en el estado de Guerrero, al sur de México. Su visión es la de lograr la dignidad y la justicia para los pueblos na savi, me’phaa, nauas, nn´anncue y mestizos, trabajando por la vigencia y el respeto pleno de los derechos humanos. Tlachinollan es una organización miembro de la Red SOS-Tortura de la OMCT.