Ciudad de México.-Miles de daneses con una larga vida laboral podrán acogerse a una nueva jubilación anticipada con la que el Gobierno pretende premiar a personas con empleos de gran carga física, según un controvertido modelo que supone un giro simbólico frente a años de políticas de recortes de prestaciones y pensiones.

El plan presentado esta semana por la primera ministra socialdemócrata, Mette Frederiksen, responde a la principal promesa hecha antes de la campaña electoral de hace un año, que acabó con el regreso al poder de su partido un lustro después.

“Ahora es el turno de Arne”, lucían los carteles electorales con la foto de un obrero de la construcción de 59 años, apelando a que “los más castigados”, tanto física como psíquicamente, debían poder retirarse antes de la edad de jubilación con una pensión “digna” y sugiriendo que con cuatro décadas de vida laboral sería suficiente.

“En pocas palabras, se trata de dignidad y justicia. Cuando uno ha trabajado muchos años y ha hecho lo que debía, tiene que poder retirarse con dignidad”, dijo al presentar el plan Frederiksen, que eligió como escenario una fábrica de la principal cárnica danesa.

Pero la propuesta inicial es más modesta de lo insinuado en su día: serán necesarios como mínimo 47 años trabajados, lo que beneficia casi exclusivamente a trabajadores no cualificados y deja fuera a profesiones que exigen una educación superior corta.

El plan se basa en un modelo complejo que fija en 61 años la edad clave para hacer cálculos: quien tenga 42 años trabajados entonces, podrá jubilarse uno antes de la edad de jubilación (fijada en 68 para 2022); si son 43, dos años antes; y con 44, tres.

Al calcular los años de vida laboral se incluirán tanto trabajos fijos como a tiempo parcial, sea como asalariado o autónomo; así como tiempo con permiso parental o con prestaciones de desempleo.

La cuantía, 13.550 coronas (1.820 euros) brutas mensuales, es relativamente baja para Dinamarca, donde la carga fiscal media ronda el 40 % y el nivel de vida es alto; aunque se podrá completar con hasta unos 3.200 euros anuales de trabajos a tiempo parcial.

Las autoridades calculan que 38.000 personas podrán pedirla en 2022, año en que empezaría a funcionar, pero solo 22.000 lo harán, y de ellas, 6.000 serán mano de obra activa; el resto corresponderá a gente que percibe alguna ayuda al desempleo o de otro tipo.

El Gobierno estima que costará unos 2.600 millones de coronas (349 millones de euros) al año al principio y 3.000 (403 millones de euros) en 2035, y se financiará con subidas fiscales a las rentas altas, así como con un impuesto al sector financiero. Y se abre la puerta a una revisión anual del modelo en caso de que los cálculos sobre su coste difieran mucho de lo previsto.

El proyecto ha acaparado la atención mediática en Dinamarca y ha generado críticas a ambos lados del espectro político. El Partido Liberal, líder de la oposición, lo ha rechazado y aboga por reformar una modalidad de jubilación anticipada aprobada de forma exprés el año pasado por el entonces Ejecutivo de derecha para personas con menos de seis años para retirarse y capacidad laboral muy reducida, pero que exige un examen médico previo.

Economistas liberales y medios afines a la derecha critican que se financie con subidas fiscales y se instaure en época de crisis, además de alertar de que el coste podría dispararse si se relajan las condiciones por presión de los aliados del Gobierno. Tanto la rojiverde Lista Unitaria como el Partido Socialista Popular reclaman un modelo más flexible y generoso que valore el castigo “psíquico” que sufren enfermeras, comadronas y pedagogos.

Aunque el Partido Socialdemócrata gobierna en minoría con menos del 30 % de los escaños, parece poco probable que no saque adelante su proyecto estrella: tanto las otras fuerzas de izquierda como los socialliberales (también aliados suyos) y el xenófobo Partido Popular Danés le han dado su apoyo.