Ciudad de México.- Juan Carlos Leal Segovia, único diputado del Partido Encuentro Solidario (PES) en el Congreso de Nuevo León, propuso en agosto diversas iniciativas contra la difusión de información sobre el aborto, el cambio de sexo de menores de edad, e incluso la “donación o utilización de embriones, células y tejidos embrionarios con fines comerciales y de investigación”.

En los documentos presentados a lo largo de los días 5 y 12 de agosto, señala que el aborto es un “genocidio silencioso contra la humanidad”, y que debe prohibirse la difusión de información sobre fármacos para interrumpir embarazos. Asimismo, equipara la búsqueda de cambio de género de personas menores de edad con enfermedades mentales y señala que en vez de tratamientos hormonales y cirugías se dé atención psicológica a los niños y adolescentes trans.

Estas son las iniciativas presentadas ante la Comisión de Salud y Atención a Grupos Vulnerables presentadas por el legislador Leal Segovia:

El pasado 5 de agosto, el diputado presentó una iniciativa que busca reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el estado de Nuevo León, para que “se proteja y preserve su vida desde la concepción”.

El legislador argumentó que “la legalización del aborto es una de las peores guerras que se pretende instaurar en contra de los niños por nacer”.

“Desgraciadamente en México existen diversas iniciativas impulsadas por diversos legisladores que ideológicamente han sido engañados para promover este genocidio silencioso en contra de la humanidad”.

El mismo día, envió una iniciativa para prohibir la “telemedicina”, que se refiere al asesoramiento o tratamiento médico que cualquier persona reciba a distancia.

Una semana después, el 12 de agosto envió la propuesta para prohibir la publicidad sobre uso de medicamentos “abortivos que promuevan el aborto”.

Leal Segovia acusa que existen usuarios en redes sociales y diversos medios “que fomentan el uso indiscriminado de Misoprostol para inducir el aborto, diversos colectivos feministas promocionan y recetan de manera irresponsable el uso de este medicamento”, fenómeno que ha aumentado debido a la pandemia de COVID-19.

El legislador apunta que esta práctica debe ser considerada como un delito e investigarse, “ya que pone en peligro la vida de los bebés en gestación y de las mujeres”.