LA COLUMNA DE OLVERA

 

México.- “El crujir de dientes” para el 2021 ya empezó dentro del grupo parlamentario de Morena. Nos dicen que muchos legisladores prácticamente ya se están despidiendo porque no tendrán la oportunidad de buscar la reelección debido a sus blandas y deficientes acciones para apoyar el proyecto de la 4T, pues en vez de empujar, van en contra.

Prueba de ello, es que este fin de semana, Mario Delgado Carrillo, coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, recibió una llamada de nada menos que del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para saber quién había votado en contra o a favor de las leyes secundarias de la Reforma Educativa que se discutieron el pasado jueves y que hoy, ya los senadores en la Cámara Alta están abordando.

El llamado no es para interferir en las acciones de un poder independiente como es el Legislativo, sino porque cuando acompañaron a AMLO rumbo a la presidencia de México, el pasado 1 de julio del 2018, todos se comprometieron a jalar hacia un mismo norte, pero la realidad es que la curul les quedó demasiado grande, y hay otros que hasta este momento no se han enterado del potencial que tienen como legisladores.

Diputada arrepentida

Y la que esta está arrepentida de haber dejado su curul en San Lázaro, es nada nada menos que la legisladora Lizeth Sánchez García, ahora secretaria de Bienestar en el Puebla que gobierna Miguel Barbosa Huerta.

En el gobierno poblano dicen que la diputada con licencia está a punto de abandonar su cargo por múltiples razones: una de ellas es porque Barbosa Huerta “es un misógino”, además de que la secretaria del Bienestar apenas gana 30 mil pesos mensuales. Pero eso no es todo, el exsenador de la República le ha impuesto personal de confianza a Sánchez García, a fin de que no pueda desempeñar su cargo sin vigilancia alguna, es decir, la tiene atada de manos.

Ante estas artimañas, Lizeth Sánchez García, está por regresar a su curul de San Lázaro, porque desde ahí “yo puedo ganar mucho más que de lo que aquí me pagan, además sin presiones”.

Agúndez Montaño, la ambición

En Baja California Sur, los ánimos rumbo al cambio en la gubernatura ya comenzaron a calentarse, luego que el pasado fin de semana se reunió el “Grupo Político Los Cabos”, encabezado por el exgobernador Narciso Agúndez Montaño, de extracción perredista, quien se reunió con el exalcalde de La Paz, Víctor Castro Cosío, y otros políticos que ya se enfilan para alcanzar una nominación por ese estado.

Hay que recordar que Agúndez Montaño fue quien levantó la mano para reconocer como presidente de México a Felipe Calderón, mejor conocido como “Comandante Borolas”, cuando en el 2006 le robó la Presidencia a Andrés Manuel López Obrador.

El tema es que Agúndez actualmente es mal visto dentro de los más cercanos círculos de AMLO, pese a que es comisionado nacional en asuntos políticos del PT, porque además de traicionar, quiere imponer a su “gallo” en las próximas elecciones de Baja California Sur, cuando el que está arriba en las encuestas, y además es bien visto en los círculos de Morena, PT y del Partido Verde Ecologista de México, es nada menos que el actual diputado federal, Alfredo Porraz Domínguez.

Agúndez Montaño tiene “cola que le pisen”, porque no hay que olvidar que estuvo seis meses en la cárcel por el delito de peculado, malversación de fondos por la fabulosa cantidad de 55 millones de pesos al erario, y en 2011 fue inhabilitado por los próximos seis años, para salir de prisión tuvo que pagar una fianza de 31 mil 700 pesos.

La pregunta está en el aire: ¿Morena aceptará a Agúdez Montaño como candidato a diputado federal en el 2021?, quien además pretende influir en la designación del candidato a la gubernatura de Baja California Sur, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que se combatirá la corrupción y a exfuncionarios “chapulines” que han defraudado al pueblo.

Querétaro, gobierno abusivo

Para el anecdotario panista. Resulta que el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, por un lado exige que se cumplan las leyes a pie de la letra, a fin de que se respeten los derechos humanos y los compromisos del actual gobierno de la República, pero por otro lado no lo hace con sus empleados que han tenido accidentes dentro de las horas de trabajo. Tal es caso de Paulina García Santos quien sufrió un accidente automovilístico el pasado 15 de mayo del 2016, cuando se volcó la camioneta que acompaña a Karina Castro de Domínguez, presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, y esposa del gobernador panista, mientras se ejecutaba el programa “Toma mi mano”.

Durante ese accidente en una gira de trabajo, García Santos quedó con lesión medular en cervicales que hasta la fecha la mantienen inmovilizada y sin empleo, pero lo que es peor, la administración de Francisco Domínguez la abandonó a su suerte, y la esposa del flamante gobernante, Karina Castro de Domínguez, le dijo a la afectada: “Todo lo que hemos hecho por ti, se hizo por buena voluntad porque no tenemos ninguna obligación”.

La acción no refleja más que prepotencia por parte de ese gobierno, que al igual que su partido, el PAN, exige lo que no ofrece. En este caso, señora Castro, no aplica su prepotencia y sí la obliga, de acuerdo a la ley, cubrir los gastos médicos de esta empleada, además de retribuirle sueldos caídos e indemnizarla. ¿No que muy equitativos, demócratas y respetuosos de la Ley?