Ciudad de México.- Los partidos de la alianza legislativa “Va por México” en la Cámara de Diputados, el PAN, PRI y PRD, exigieron este sábado al presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, Sergio Gutiérrez Luna, que promueva ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional por el llamado “decretazo” del gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
A través de un comunicado, indicaron que la solicitud a la Mesa Directiva ya fue hecha de manera formal por conducto de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que encabeza el priista Rubén Moreira Valdez.
El Acuerdo del Ejecutivo federal, conocido como “decretazo”, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 22 de noviembre del año pasado, el cual, por instrucción presidencial, declara de interés público y de seguridad nacional la realización de proyectos y obras del gobierno federal.
Con el acuerdo, se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal otorgar en “fast track” los permisos, licencias y autorizaciones, en un plazo máximo de cinco días hábiles, para iniciar los proyectos a cargo del gobierno de México.
Los coordinadores de las tres bancadas, Jorge Romero Herrera, Rubén Moreira Valdez y Luis Espinosa Cházaro, consideraron que el acuerdo es inconstitucional, ya que carece de un fundamento y motivación válidos, contraviene lo dispuesto en los artículos 3 y 4 de la Ley de Seguridad Nacional y establece un régimen de excepción para todo lo que determine el gobierno federal.
“Las autorizaciones provisionales carecerán de certeza en su contenido y pudieran ser ilegales… además de que exceptúa por decreto el cumplir los requisitos establecidos en ley para obtener licencias, permisos o concesiones que requieran esos proyectos y sean catalogados, por simple enunciación presidencial, como prioritarios y de seguridad nacional”, apuntan en el documento.
Además, advierte que vulnera el marco normativo que establece que las autorizaciones que se tramiten sólo se otorgaran si se cuenta con información adecuada para determinar su procedencia, por lo que no habrá evaluaciones de impacto ambiental ni de impacto social de los proyectos y con las autorizaciones provisionales, se crea una figura no prevista en la ley.
También resaltan que al catalogarse como de interés público y de seguridad nacional esos proyectos podrán ser clasificados y la información relativa a ellos no será de naturaleza pública, y en consecuencia se alentará la opacidad.
Cabe señalar que en diciembre pasado, un ministro de la Corte ordenó la suspensión del acuerdo, pero sólo en términos de transparencia, a fin de que el gobierno federal no pueda clasificar como “reservada” por temas de seguridad nacional la información que se solicite sobre las obras que el gobierno realiza.
fuente: El Heraldo
