Luego de que Juan Francisco López Sánchez, un inmigrante indocumentado con historial criminal, asesinara sin ningún motivo a una mujer en San Francisco; se ha desatado en Estados Unidos el debate respecto al endurecimiento de las leyes migratorias en ese país, tema que encabeza el discurso del pre candidato republicano Donald Trump.

Sánchez López, de 45 años, confesó ayer a una cadena televisiva que sí había disparado contra la mujer. No obstante, señaló que el hecho fue “accidental”, pues llevaba el arma envuelta en una camisa y esta se accionó cuando la levantó.

“Y luego escuché disparos en tres ocasiones”, dijo ante las cámaras.

Kathryn Steinle, de 32 años, fue baleada fatalmente mientras caminaba con su padre a lo largo de un popular muelle y murió cuando era llevada al hospital; la policía de San Francisco describió el ataque como “aparentemente aleatorio”. El misterio aumentó cuando se supo que el arma pertenecía a un agente federal de los Estados Unidos, aunque las autoridades se negaron a proporcionar más información.

El viernes pasado, Trump señaló que la tragedia se hubiese evitado si las fronteras estuviesen aseguradas, y aseguró que sólo él tiene las “agallas” para realizarlo.

"Este acto sin sentido y totalmente evitable de violencia cometido por un inmigrante ilegal es otro ejemplo de por qué tenemos que asegurar nuestra frontera de inmediato", dijo Trump en un comunicado el viernes, y agregó: "Esta es una situación absolutamente vergonzosa y yo soy el único que puede arreglarlo. Nadie más tiene las agallas para siquiera hablar de ello".

Otro republicano, Jeb Bush, estuvo de acuerdo con el dicho de Trump, asegurando que las actuales políticas “incitan a cometer crímenes”.

De acuerdo a una nota publicada hoy por el diario británico The Guardian, los hechos han provocado que las comunidades de inmigrantes en San Francisco se sientan frustradas y temerosas de un empeoramiento en el trato hacía los inmigrantes.

"Hemos vivido aquí durante años y todavía estamos considerados como violentos y somos tratados como lo peor en la sociedad, incluso cuando trabajamos duro y tratamos de hacer una vida mejor para nosotros y nuestras familias", dijo María Salazar, de 32 años, una inmigrante indocumentada en San Francisco.

Tanto es así, que el fiscal general de California, Kamala Harris, ha pedido a la población que no utilicen el incidente como una base para las políticas de inmigración: "en el tema de la inmigración, nuestra política no debe ser influida por nuestra indignación colectiva acerca de la conducta de un sólo hombre".

Las “laxas” leyes de San Francisco “permitieron la tragedia”

El analista de CNN, Harry Houck señaló que la llamada política de "santuario" de San Francisco es la culpable del asesinato de Steinle: "Esta mujer todavía estaría viva hoy si no tuvieran esta estúpida ‘ley santuario’ en esa loca ciudad de San Francisco".

Y es que San Francisco es una de 70 jurisdicciones alrededor del país que tiene leyes que limitan el involucramiento de la policía en asuntos de inmigración, como reporta el Centro de Políticas migratorias.

López Sánchez explicó que había llegado a San Francisco para buscar trabajo, y dijo que sabía que los funcionarios no investigarían su estatus migratorio. Él ya había sido deportado a México en cinco ocasiones y tenía serios reportes criminales.

En marzo pasado, fue detenido por las autoridades de San Francisco y liberado de inmediato luego de que cumpliera con una sentencia en una prisión federal.

Después, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) dijo que San Francisco lo buscaba por posesión de drogas, así que la agencia federal lo arrestó y entregó a las autoridades californianas, solicitando que le hicieran saber si liberaban al hombre.

Pese a esta solicitud, las autoridades de San Francisco dejaron libre al hombre en abril pasado, luego que le fueran retirados los cargos por drogas, y no pudo volver a ser detenido.

Freya Horne, jefe de consejeros legales del Sheriff del Condado de San Francisco, informó que los funcionarios de la ciudad creen que esta solicitud viola los derechos otorgados en la Cuarta Enmienda contra las investigaciones y detenciones sin razón.