Una zona de la sierra de Guerrero es vigilada por 80 policías de la Secretaría de Seguridad Pública del estado luego de 12 días de enfrentamientos armados que dejaron como saldo cuatro personas muertas.

El gobernador Héctor Astudillo Flores dijo la mañana del viernes 20, que los 50 marinos y los 50 policías federales que fueron anunciados la noche del lunes 16 no se han incorporado a la seguridad de la zona porque tienen “que cubrir” un requisito, aunque no especificó cuál.

La zona serrana, sobre todo en las comunidades del municipio de Leonardo Bravo, se mantuvo por 12 días entre enfrentamientos, retención de vehículos militares y cierre de la carretera que conduce a Filo Mayor en el contexto de un brote de violencia que se dio ocho días después de que inició el gobierno de Héctor Astudillo.

El 4 de noviembre un grupo armado mató al comisario de la comunidad de Polixtepec, Joaquín Romero Ríos, y a su secretario, Víctor González Luna, cuando circulaban sobre la carretera Puentecillas-Polixtepec. Las autoridades locales fueron emboscadas cuando regresaban hacia su comunidad de residencia.

El hecho alertó a 40 comisarios de la sierra que se aglutinan en la Unión de Comisarios por la Paz y el Desarrollo del Estado de Guerrero, pero también, movilizó a decenas de policías ciudadanos pertenecientes a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), liderada por el iniciador de la autodefensa en el estado, Bruno Plácido Valerio.

Los policías de la UPOEG iniciaron acciones de seguridad para resguardar la zona y para intentar detener a los hermanos Ángel y Efraín Villalobos Arellano, quienes, según la Unión de Comisarios, fueron los responsables del asesinato de las autoridades de Polixtepec, y causantes de la violencia en la zona.

Dos días después, el viernes 6 de noviembre, un enfrentamiento entre policías comunitarios contra supuestos sicarios radicados en la localidad de Polixtepec, dejó tres presuntos delincuentes muertos y siete integrantes de la UPOEG heridos.

Este hecho acarreó la violencia hasta Chilpancingo. La noche de ese viernes hombres armados balacearon la fachada del Hospital General Raymundo Abarca Alarcón, donde fueron levados los policías ciudadanos que resultaron heridos en el enfrentamiento.

De acuerdo con las versiones policiacas, el ataque a las instalaciones del hospital se debió a que querían “rematar a los heridos”.

La zozobra continúo por los siguientes días en las comunidades serranas. Además de la vigilancia de la UPOEG y de los propios pobladores, efectivos de distintas corporaciones policiacas, incluido el Ejército, reforzaron las operaciones de seguridad.

Pero el jueves 12 de noviembre hubo otro enfrentamiento entre policías de la UPOEG con presuntos delincuentes; esta vez, en la comunidad de El Naranjo. De este hecho no se  reportaron muertos, pero sí al menos 15 desaparecidos, así como la retención de vehículos militares por colaborar con el grupo delictivo dirigido por los hermanos Villalobos, según acusaciones de los pobladores.

Benito Bello, comandante de la UPOEG y partícipe del enfrentamiento, relató que la tarde de ese jueves se enfrentaron con al menos 500 hombres armados en las inmediaciones de la comunidad del Naranjo, sin que hubieran ocurridos bajas de ningún grupo, pero denunció que efectivos del Ejército arribaron al lugar de conflicto, desarmó a policías comunitarios y dejó abandonados a 15, quienes aseguró fueron asesinados y calcinados.

Con los policías cuídanos desarmados, el Ejército intentó regresar a Chilpancingo pero, en la comunidad del El Carrizal, los pobladores cerraron el paso y retuvieron al convoy militar por varias horas, acusándolos de haber entregado a 15 miembros de la UPOEG al crimen organizado.

La mañana del viernes los soldados fueron liberados, y la UPOEG inició operativos de búsqueda para localizar a sus 15 compañeros. Bruno Plácido Valerio desmintió el mismo viernes la versión de los 15 policías asesinados “poco a poco fueron apareciendo. Se habían escondido entre los cerros”.

También, la Fiscalía General del estado emitió un comunicado en donde informaba que no había registro de personas muertas en el poblado de El Naranjo.

El sábado 14 de noviembre, el líder de la UPOEG informó del hallazgo del cadáver del policía Heriberto Maldonado, quien estaba desaparecido luego del enfrentamiento del jueves.

El tema del desarme a los policías comunitarios y los hechos de violencia en la zona serrana obligó a casi un millar de ciudadanos a protestar en Chilpancingo. Al mediodía del lunes 16 de noviembre, una caravana se trasladó hasta palacio de gobierno para exigir medidas de seguridad al gobierno estatal.

Por la noche, el gobernador Héctor Astudillo se comprometió en las canchas del Instituto del Deporte de Guerrero a iniciar acciones de seguridad, donde fue excluido el Ejército, en cinco puntos de la sierra.

Chicahuales, Jaleaca, Campo de Aviación, Polixtepec y El Naranjo serían vigilados cada uno por 10 Marinos, 10 Policías Federales y 10 policías del estado; además, la posible incorporación de cinco agentes de la Fiscalía del estado. 150 efectivos serían distribuidos en zonas de conflicto de la sierra, pero hasta hoy, únicamente hay 80.

Entre los compromisos que se acordaron esa noche es que los pobladores de la sierra presentarían una denuncia ante la Procuraduría General de la República por los hechos violentos de los últimos días, lo que sucedió el martes 17, fecha en que los manifestantes regresaron a sus comunidades.

Trascendieron dos versiones acerca del asesinato del comisario de Polixtepec, que detonaron la violencia en la sierra: la venta de amapola a grupos antagónicos del narco y la organización de los pueblos para crear autodefensas bajo el asesoramiento de la UPOEG, lo que supuestamente no convenía a los grupos delincuenciales.