Chilpancingo, Guerrero.- El síndico procurador y tres regidores del municipio de Mártir de Cuilapa (Apango) presentaron formalmente un oficio ante el Congreso del estado para que intervengan ante supuestas irregularidades cometidas por la alcaldesa, Felicitas Muñiz Gómez.

En la sesión de la Comisión Permanente de este miércoles, que los ediles y síndico de Apango afirmaron que ante esa problemática el palacio municipal cumplió ya ocho días tomado.

Desde hace dos días el síndico, Benito Sánchez Ayala, el regidor, Humberto Palacio Celino,  las regidoras, Edelmira Del Moral Miranda, y María del Rosario López García esperaban que fuera entregada la demanda de revocación de mandato en contra de la alcaldesa, Felicitar Muñiz pero sólo llegaron oficios para que el Congreso intervenga en el conflicto.

El pasado martes, regidores y el síndico anunciaron en conferencia de prensa que presentarían una demanda de revocación de mandato en contra de la alcaldesa por nepotismo y posible desvió de recursos públicos.

Sánchez Ayala acusó que los  ocho millones de pesos que ingresaron al municipio en el último trimestre, no se vieron reflejados en obras ni beneficios para lo sociedad.

En otro punto, se informó del oficio enviado al Congreso del estado  por la Vicepresidenta del Congreso de la Unión, Bárbara Botello Santibáñez, en el que se emite un exhorto para que los diputados armonicen la legislación local con la federal en materia de violencia, abuso y corrupción en contra de niñas, niños y adolescentes.

Se extendió un exhorto a los servidores públicos y administradores de justicia de la Fiscalía General del Estado, y del Tribunal Superior de Justicia para que observen la aplicación de jurisprudencia y tratados internaciones firmados y ratificados por México, en los resultados de investigación, a fin de que “no existan dudas en el caso del imputado canadiense Walter Suk”.

De igual forma, el Congreso local recibió el oficio suscrito por el diputado, Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión,  en el que exhorta a las legislaturas de los estados a no prohibir el matrimonio de personas del mismo sexo o adecuen sus legislaciones civiles en favor de dicho matrimonio.

Cabe señalar que ante el Congreso local ya están presentada iniciativas de ley para modificar el Código Penal a fin de endurecer las penas de delitos de abuso sexual en contra de personas menores de edad, y de niños, niñas y adolescentes; al igual que para garantizar el matrimonio igualitario, pero llevan meses sin ser dictaminadas por las comisiones de Justicia, y  Derechos Humanos.

En el caso de las modificaciones al Código Penal para aumentar las penas a quienes cometan abuso sexual de menores, e incluir el delito de pederastia,  diputados del PRD y de Movimiento Ciudadano presentaron dos iniciativas distintas el 31 de marzo pasado, esto luego del abuso sexual que cometió el ciudadano canadiense Walter Suk en contra de una niña en el puerto de Acapulco, las cuales no han sido dictaminadas.

Respecto al matrimonio igualitario, el ex gobernador, Rogelio Ortega Martínez, presentó una iniciativa el año pasado para reformar el Código Civil del estado y garantizar el derecho que otorgó la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir una jurisprudencia que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Esta iniciativa lleva 10 meses estancada en las Comisiones de Derechos Humanos y Justicia, a pesar que desde diciembre del año pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, emitió la recomendación general 23/2015 en la que pide a los Congresos de los estados adecuar las leyes locales a fin de permitir el matrimonio igualitario.

 El Congreso local ha hecho caso omiso a las distintas peticiones, recomendaciones y acciones legales, por lo que el  actual Código Civil estatal es inconstitucional desde el 19 de junio del año pasado, cuando el Semanario Judicial de la Federación publicó la jurisprudencia 43/2015 que avala los matrimonios entre personas del mismo sexo.