Ciudad de México.- El 84% de los estados no está haciendo público cuánto dinero destina para contratar bienes y servicios que sirvan para atender la emergencia por la enfermedad COVID-19, de acuerdo con las organizaciones civiles Transparencia Mexicana y Tojil.
En un ejercicio de análisis de lo que se está publicando en portales de gobierno de las entidades, encontraron que solo Ciudad de México, Jalisco, Sinaloa, Sonora y Nuevo León han hecho públicos sus contratos relacionados con la pandemia, aunque el último de ellos no subió los documentos abiertos para corroborar la información. Mientras que 27 estados no han informado al respecto.
De los cinco que sí han subido datos, el monto de sus gastos asciende a 4 mil 951 millones de pesos, hasta este miércoles.
Una semana antes, las organizaciones revisaron los anuncios hechos sobre presupuesto que se destinará tanto a la compra de bienes y servicios, como a programas sociales o planes de recuperación económica para la población. Ahí, solo 15 entidades, poco menos de la mitad, habían prometido una cantidad, que en total sumaba 13 mil 807 millones, mientras que el Gobierno Federal ha anunciado la inversión de 622 mil 565 millones de pesos.
Es decir, que los gobiernos locales solo han ofrecido el 2.2% de presupuesto que se ha anunciado para atender la emergencia.
Apenas el 1 de mayo, una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que la delegación del IMSS en Hidalgo había comprado ventiladores respiratorios con sobreprecio a una empresa de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz. En respuesta, el empresario se defendió acusando que la Ciudad de México había comprado otros ventiladores todavía más caros.
“Ante las recientes controversias sobre bienes y servicios adquiridos con sobreprecio, Transparencia Mexicana y Tojil recordaron que la opacidad es un riesgo adicional cuando se trata de contrataciones de emergencia”, señalaron las organizaciones en un comunicado.
Por todo esto, publicaron también una serie de recomendaciones, a las que se sumaron Impunidad Cero y Justicia Justa. La primera, es que las autoridades deben estar pendientes todo el tiempo, antes de firmar cualquier contratación, de la lista de empresas fantasmas que publica el SAT, conocida como el listado 69-B, para no entregar dinero público a proveedores que solo usan una fachada.
Otra es tomar medidas adicionales para comprobar que las empresas que participan en el proceso de compra podrán cumplir con los requerimientos de la unidad compradora, así como limitar la posibilidad de que estas empresas hagan subcontrataciones que pasen por alto los controles.
“Se recomienda una ‘fiscalización reforzada’ a través de la participación de los Órganos Internos de Control durante TODO el proceso de compra”, enfatizaron.
Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, explicó que algunos estados han tratado de justificarse con que por sus redes sociales sí publican datos o videos del gobernador o gobernadora hablando del tema, pero en primer lugar, no se puede obligar a la ciudadanía a tener una red privada para acceder a información que debería estar disponible en un sitio público, y en segundo lugar, no permiten que una persona busque lo que le interesa, sino que obligan a ver a veces muchos videos de varios minutos para enterarse de un punto.
Con información de Proceso
