#Suave Patria

El Bronco no sacará a los militares de las calles

El candidato independiente Jaime Rodríguez dice que contra el único que compite es AMLO y lo rebasará por la derecha.

Por Redacción, 2018-04-16 18:16

México.- El candidato independiente a la Presidencia de México, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, sostuvo que en su estrategia de seguridad los integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina deben permanecer en las calles.

De gira por Toluca, el candidato norteño afirmó que “el Ejército es la mejor institución que tiene México en el tema de seguridad, yo creo que quienes los han denostado lo han hecho de una manera perversa, tienen que seguir en la calle, no hay todavía una institución de seguridad fuerte en el país como para que saquemos a los militares de la calle, sería un grave error”.

En Toluca, donde convivió y platicó con comerciantes aseveró que para apoyar la economía y ayudar al Tratado de Libre Comercio se debe hablar de manera clara con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues muchos mexicanos dependen de este tratado para mantener a su familia.

El Bronco señaló que “voy por Andrés Manuel porque es el que va en el primer lugar, si voy a la competencia no es para ir en tercer lugar o en cuarto, quiero ir en primer lugar y si Andrés Manuel va en primer lugar, bueno tengo que competirle a él, no se trata de una, yo siempre compito para ganar, lo voy a rebasar por la derecha, no por la izquierda”.

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“Obrador me decepcionó, es más de lo mismo y peor”, sostiene Mireles

El exlíder comunicario dijo que en Michoacán la problemática de violencia sigue, pues algunos que se nombran autodefensas son criminales.

Por Redacción, 2019-03-22 11:05

México.- El exjefe y vocero de las autodefensas en Michoacán, José Manuel Mireles, dijo que el gobierno del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador lo ha decepcionado, pues es ‘más de lo mismo e incluso peor’, pues aseveró que no ha cumplido con sus promesas.

Lo anterior fue declarado durante un evento por el natalicio del Benemérito de las Américas Benito Juárez.

Al respecto, José Manuel Mireles anunció que si AMLO no resuelve la inseguridad se levantará con las autodefensas: “Si votamos 32 millones de mexicanos por un cambio y vemos con tristeza que siguen poniendo a los mismos mandos que tenía Peña Nieto, las cosas no van a cambiar van a ser peor. Es lo mismo, peor tantito”, comunicó.

Asimismo, Mireles dijo que en Michoacán la problemática de violencia sigue, pues algunos que se nombran autodefensas son criminales que secuestran y roban la región de Tierra caliente.

“Yo tenía la esperanza de que como el presidente de la República jaló a los actores políticos de diferentes partidos para lograr la unidad nacional estoy viendo que estos regresaron nada más por sus cueros, no porque les interese el pueblo”, añadió.

Finalmente, con todo lo anterior Mireles dijo que la administración de AMLO lo ha decepcionado. Sin embargo, agradece su libertad: “Estoy decepcionando se lo di bien razonado al presidente de la República, porque él mismo demandó mi libertad y es un compromiso moral que yo tengo con él, de ahí en más todo está igual”, remató.

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Empresas son dueñas del 70% del agua que hay en México

Desde 1992 un 7 % de empresas -mineras, embotelladoras, lecheras- controlan el 70 % de las concesiones del agua, cuya escasez afecta a los ciudadanos más vulnerables.

Por Redacción, 2019-03-22 10:59

México.- Aunque el agua es de titularidad pública, está “de facto” en manos de grandes empresas en México, las cuales controlan buena parte de su uso amparadas por una ley que no contempla el derecho humano a este recurso.

De acuerdo con expertos desde 1992 un 7 % de empresas -mineras, embotelladoras, lecheras- controlan el 70 % de las concesiones del agua, cuya escasez afecta a los ciudadanos más vulnerables.

El coordinador del área de Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Rodrigo Gutiérrez, explicó que para entender las desigualdades hay que conocer el derecho humano al agua, que incluye obligaciones para el Estado y las empresas.

Por derecho, el agua debe tener un flujo constante y continuo, estar limpia y en condiciones óptimas, estar físicamente accesible, ya sea en el hogar del ciudadano o a una distancia mínima. Pero no siempre sucede en México.

También el agua debe ser fácil de obtener desde el punto de vista económico y el ciudadano debe tener acceso a información exacta sobre la situación del líquido en el país. Tampoco sucede. Además, el agua tiene que distribuirse de forma equitativa a todos los sectores de la población, algo que tampoco termina de cumplirse como es debido en el país.

Tomando esto en cuenta, Gutiérrez entiende que en México, “en general”, se está violando el derecho humano al agua. Para afirmar esto se basa en la citada desigualdad a la hora de distribuir el agua, pues a menudo no se sabe “qué cantidad de agua se tiene ni qué calidad”.

Además, algunas familias que viven en condiciones de pobreza tiene acceso a agua una vez cada 8 días, o deben gastar el 15 % de su salario para obtenerla.

A esto, el coordinador del programa de sustentabilidad de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Pedro Moctezuma, agregó en entrevista con Efe que 10 millones de mexicanos no tienen acceso al agua.

Para entender cómo se llegó a esta situación es necesario remontarse a 1992, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que el año pasado fue reemplazado por otro pacto denominado T-MEC y que está pendiente de su ratificación.

El TLCAN, entre EE.UU., Canadá y México, establecía que el acceso al agua es un componente importante para las inversiones.

Ese mismo año se creó la Ley de Aguas Nacionales (LAN) en la cual no se contempla el derecho humano al agua pues todavía no este no aparecía en la Constitución. Se dio un proceso opaco en torno a la entrega de concesiones bajo el principio de que el agua pertenecía al primero que la solicite. Sobre este contexto, los oligopolios empresariales vieron una gran oportunidad.

“Esa ley concibe al agua como un recurso que hay que distribuir, pero todos esos elementos que contiene el derecho humano al agua nunca fueron contemplados”, asegura Gutiérrez.

En aquel entonces, el agua “era concebida casi como un recurso infinito que había que llevar de un lado a otro sin tomar en cuenta las necesidades de las personas ni de la naturaleza”.

La coordinadora de Planeación del Centro Para la Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa (Centli) de la UAM, Elena Burns, indica a Efe que el objetivo de la ley anterior fue “crear un mercado del agua”.

“Las concesiones fueron objetos de compra y venta con la idea de que el agua quedara en manos de los que podrían hacer un uso más productivo y rentable de ella”, precisó.

En 2012 se incluyó en el articulo 4 de la Constitución el derecho humano al agua y se dio a los legisladores 365 días para publicar una Ley General de Aguas, algo que finalmente nunca sucedió. Moctezuma va más allá y habla del llamado “huachicoleo del agua”, que se da a través de desviación ilegal del recurso a grandes empresas.

El huachicoleo es una palabra que en México alude al robo y venta ilegal de hidrocarburos, ahora extrapolado a la distribución del recurso hídrico. “Estas empresas tienen a pozos clandestinos”, sostiene el especialista. No obstante, identificar a esas empresas beneficiadas resulta sumamente complicado: una empresa puede dividirse en cientos de filiales.

Gutiérrez considera esto como “el gran problema para monitorear a las empresas”. “Las grandes multinacionales del agua tienen una cantidad increíble de empresas diversificadas”, asegura.

Sobre este escenario se ciernen dos imágenes contrapuestas: en la localidad de Alpuyeca, en el estado de Morelos, la gente tiene agua una vez a la semana durante 3 horas.

Enfrente, un gigantesco campo de golf se riega diariamente con agua potable. “Como este caso hay cientos en el país, ahí descubres cómo las concesiones están siendo otorgadas a actores que hacen mucho dinero con el agua”, concluye.

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Graco y sus secuaces robaron 500 millones en Morelos

De las 40 denuncias 10 ya han sido judicializadas, por lo que en los próximos días ex servidores públicos serán llamados a comparecer ante las autoridades.

Por Héctor Raúl González, 2019-03-22 10:39

Morelos.- Servidores públicos de la pasada administración estatal, entre ellos el gobernador Graco Ramírez y su familia, son investigados por el presunto desvío de por lo menos 500 millones de pesos del erario público.

Aunque la cifra crece conforme se realizan más investigaciones, hasta ahora la suma del daño al erario asciende a 500 millones de pesos.

“No pueden determinarse con toda precisión, pero son cantidades considerables de millones de pesos, varios millones de pesos, se sigue todavía investigando porque tenemos en puerta la presentación de otras denuncias, precisamente por la desviación o utilización de recursos públicos, la adquisición de servicios, de bienes y todavía estamos en ese proceso, la verdad es que son muchos millones de pesos , podríamos hablar de alrededor de 500 millones de pesos, de momento, a grandes rasgos, pero se sigue checando ese tema.

En lo que va del gobierno de Cuauhtémoc Blanco, la Consejería Jurídica ha interpuesto más de 40 denuncias ante autoridades estatales y federales por diversos delitos cometidos presuntamente por Graco Ramírez y sus colaboradores.

“Hay diversas denuncias que fueron presentadas, principalmente de naturaleza penal, en diversas áreas como son en la Fiscalía Anticorrupción del Gobierno del Estado de Morelos, en la delegación de la Procuraduría General de la República otras, en la Fiscalía General y en la Seido tenemos radicada otra investigación de denuncias que fueron presentadas en su momento y que han seguido su curso”, informó en entrevista Samuel Sotelo Salgado, Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo de Morelos.

De las 40 denuncias 10 ya han sido judicializadas, por lo que en los próximos días ex servidores públicos serán llamados a comparecer ante las autoridades.

“Hay algunas que todavía están en la etapa de investigación inicial, algunas otras ya fueron judicializadas, alrededor de 10 porque han sido presentadas alrededor de 40 en términos generales , pero de esas 40, 10 aproximadamente son del conocimiento de los jueces correspondientes. En algunas ya se han señalado fechas para formulación de imputación y pues, bueno, ahora tendrá que resolver en su momento el Poder Judicial local.

“Esas 10 que se han judicializado corresponden a la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Morelos, son las que más se han trabajado, con independencia de que hay avances también en las que se han presentado en la Federación por delitos del orden federal, pero todavía no se tiene el dato de que se hayan judicializado, estamos en comunicación con las autoridades que llevan las investigaciones, pero hasta ahorita solamente corresponden a la Fiscalía Anticorrupción del Estado”, dijo Sotelo Salgado.

Las denuncias, que involucran hasta a secretarios de despacho, están iniciadas por hechos y omisiones en perjuicio de patrimonio del estado, entre otras cosas.

Los delitos señalados son ejercicio indebido de servicio público, peculado, cohecho, tráfico de influencias, abuso de confianza por disposición de recursos, todos cometidos por servidores públicos de la pasada administración.

“En las que ya han sido judicializadas hay funcionarios de nivel secretarios, por decir algo, estamos a la espera, son de diversas áreas, por ejemplo del descentralizado que es la Secretaría de Salud, de Desarrollo Agropecuario, de Desarrollo Sustentable, del Instituto de Crédito, del Congreso del Estado.

“Son por el manejo indebido de recursos públicos, entonces son delitos cometidos por servidores públicos y que, bueno, esperamos las resoluciones en su momento del Poder Judicial”, expresó el Consejero Jurídico.

Una de las denuncias interpuestas está relacionada con un homicidio.

“Un área del gobierno del estado nos puso en conocimiento ciertos hechos vinculados con determinados contratos que se estaban dando o se dieron a una empresa en específico, se vincula a un funcionario público de ese entonces con esas empresas y un familiar de los que están relacionados con esa empresa, que después aparece privado de la vida y hay una presunción por ahí que se hace respecto a una posible participación de funcionarios públicos, pero bueno, esos son los hechos que se pusieron en conocimiento y que serán motivo de la investigación que realice la Fiscalía correspondiente”.