Denuncias sobre la creciente influencia de los carteles mexicanos sobre los grupos criminales y el narcotráfico en Colombia suscitan preguntas sobre el rol que está asumiendo el crimen organizado mexicano en el hampa criminal con la desmovilización de las FARC.
En enero, el defensor del pueblo de Colombia, Carlos Negret, emitió una alerta sobre la influencia del Cartel de Sinaloa de México en el municipio de Tierralta, en el departamento de Córdoba, al noroeste del país.
“Ahí está actuando supuestamente el cartel de Sinaloa, que es el que financia estas bandas y a las Autodefensas Gaitanistas (Los Urabeños)”, explicó Negret.
La denuncia la confirmaron líderes comunitarios locales, quienes declararon a la revista Semana que un grupo conformado por elementos de la guerrilla desmovilizada de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), estaba sembrando el terror en sus comunidades, y afirmaban recibir financiación de los sinaloenses.
Según los líderes, el grupo armado obligó a desplazarse a tres miembros de las juntas de acción comunal locales, porque apoyaban el programa de sustitución de cultivos de coca promovido por el gobierno, parte central del acuerdo de paz con las FARC.
El presunto desplazamiento fue uno más de una serie de acciones violentas contra las comunidades locales de la región, y siguió a la masacre de tres personas a comienzos de enero de 2018, y al secuestro y posterior asesinato de dos líderes comunitarios en el mes de diciembre.
Todos esos episodios tenían relación con Los Urabeños, que trabajaban en asocio con excombatientes y excomandantes de las desmovilizadas FARC para ocupar los territorios dejados por el antiguo ejército insurgente y sabotear el programa de sustitución de coca, según un reportaje de Verdad Abierta.
La investigación de Semana, sin embargo, afirma que el financiamiento de grupos criminales es tan solo una parte de la estrategia de los mexicanos. Una fuente anónima de la policía antinarcóticos informó a la revista que los mexicanos buscan suprimir cada vez más intermediarios del negocio de la droga, para tratar directamente con los actores territoriales que controlan las zonas de producción, las redes de tráfico interno y los puntos de despacho. Entre los actores con quienes han buscado entablar esas relaciones directas están los grupos mafiosos ex-FARC que están emergiendo en el suroeste de Colombia, informó Semana.
La noción de que los mexicanos buscan asumir un rol más activo en la cadena de suministro la confirmaron más adelante los comentarios, divulgados por el diario El Tiempo, del fiscal general de la nación Néstor Humberto Martínez, quien aseguró que los carteles también buscan tomar control directo de la producción de cocaína.
“Los carteles mexicanos ya empezaron a adquirir plantaciones de coca en Colombia”, comentó. “Hemos capturado a agrónomos e ingenieros de ese país que están mejorando en laboratorios la productividad de las plantas”.
El Tiempo también citó una fuente anónima de la policía, que afirmaba que el cartel de Sinaloa había abierto “oficinas” para coordinar las actividades de tráfico en seis ciudades colombianas: Tumaco, Cali, Bogotá, Bucaramanga, Cartagena y Medellín. Según la fuente, hay hasta cinco personas trabajando en cada una de estas oficinas. Uno de ellos es enviado a los laboratorios de procesamiento para verificar la pureza de los cargamentos, otro se encarga de los pagos en efectivo y los demás coordinan la logística y los sobornos.
La fuente añadió que la razón para la creciente presencia de los mexicanos en Colombia era una mezcla de poca fiabilidad de sus socios colombianos y oportunismo.
“Se cansaron de que algunos narcos locales los roben, incumpliéndoles los envíos ya pagos”, señaló el periódico. “Además, los mexicanos están aprovechando el vacío de poder que hay en la mafia colombiana. Además de la ‘Oficina de Envigado’ [la mafia de Medellín], la única gran estructura, el clan del Golfo [Los Urabeños] está en guerra interna y otros en proceso de sometimiento”.
La idea de que la dinámica del hampa está rigiendo la estrategia de los mexicanos también la manifestó una fuente de la contraparte criminal en una entrevista anónima hecha por El Espectador a un narcotraficante de Medellín.
Según el narco, los mexicanos comenzaron a llegar en 2012 en un intento por poner orden en el hampa dividido por conflictos que habían desestabilizado el suministro de cocaína. Esto ayudó a imponer un periodo de relativa estabilidad con el cartel de Sinaloa, que trabajaba muy de cerca con Los Urabeños y la Oficina de Envigado, además de manejar sus propias rutas de narcotráfico.
Sin embargo, eso se alteró en diciembre de 2017 por las ambiciones del cabecilla de la Oficina de Envigado capturado recientemente, Juan Carlos Mesa Vallejo, alias “Tom”. El traficante declaró a El Espectador que Tom estaba descontento con las negociaciones, por lo que había abierto nuevas rutas de narcotráfico para dejar por fuera a Los Urabeños y al cartel de Sinaloa, y en su lugar comenzó a trabajar con los principales rivales de los sinaloenses, el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Ese conflicto, especuló, pudo ser la causa del arresto de Tom en diciembre.
“Esa es una pelea de patrones, y es claro que los patrones siempre caen por un sapo. Eso es lo que se ve ahora en Medellín: guerra por traiciones, ahora con protagonismo mexicano”.
Sin embargo, añadió, los mexicanos no están buscando acaparar el hampa colombiano.
“No es que los mexicanos ahora manden, pero lo que sí es cierto es que cada vez más hay que entenderse directamente con ellos”, anticipó.
Análisis de InSight Crime
Existe poca evidencia y aún menos lógica en las afirmaciones más exageradas de que los carteles mexicanos están tratando de tomarse el hampa colombiano. Pero no cabe duda de que su presencia e influencia en el país se ha expandido con rapidez en los últimos años, y ahora parecen estar desarrollando nuevas estrategias para el hampa en un contexto pos-FARC.
Diferentes analistas del conflicto colombiano, fuentes oficiales consultadas por InSight Crime, y el traficante entrevistado por El Espectador coinciden en que los mexicanos comenzaron a asumir una participación más directa en el narcotráfico en Colombia hacia 2012, en una época en que la producción de cocaína se había desplomado y la cadena de suministro enfrentaba problemas por conflictos en el hampa.
Actualmente, los mexicanos enfrentan nuevos y variados desafíos, que plantean riesgos y también oportunidades.
De un lado, enfrentan la pérdida de sus socios narcos más confiables: las FARC. El grupo guerrillero, que en algunos lugares del país trabajaba directamente con los mexicanos, se desmovilizó, mientras que Los Urabeños están devastados por una crisis en sus cabezas y rebeliones locales que pueden ser un indicio de la desaparición del grupo como red nacional unida.
Además de la búsqueda de nuevos socios que reemplacen estas relaciones perdidas, es probable que los mexicanos también estén asumiendo un rol más activo para asegurarse de que dicha inestabilidad no afecte la calidad del producto y la confiabilidad de la entrega. Esta puede ser la razón de la presencia ahora permanente de representantes mexicanos en Colombia; coordinación de la logística y vigilancia de los lugares de producción.
Sin embargo, estos trastornos también brindan la oportunidad a los mexicanos de eliminar intermediarios en la cadena de tráfico de drogas y de paso maximizar sus ganancias.
En el hampa colombiana actual, la producción de cocaína, y el tráfico y despacho interno lo manejan grupos territoriales locales, que por lo general controlan apenas uno o dos eslabones de la cadena de suministro. Estos grupos distintos suelen estar coordinados por narcos colombianos, algunos de los cuales son comandantes de grupos criminales como Los Urabeños o disidentes de las FARC, mientras que otros son traficantes independientes que usan intermediarios para unir los diferentes eslabones de la cadena de suministro.
Si los mexicanos pueden establecer relaciones directas con los diversos actores territoriales, trabajando como sus propios intermediarios para crear sus cadenas de suministro, entonces pueden deshacer su dependencia de los traficantes y aumentar exponencialmente sus ganancias. Esa estrategia explicaría las informaciones de que los mexicanos están financiando grupos criminales locales, comprando directamente de los nodos de producción y organizando sus propios despachos internacionales.
Las informaciones que están apareciendo sobre la participación mexicana en el hampa colombiano indica que es muy posible que los carteles estén siguiendo ambas estrategias en conjunto. Es claro que siguen trabajando estrechamente con traficantes consolidados, especialmente los de epicentros del tráfico de cocaína, como Medellín y Urabá. Pero, en otras regiones, como Nariño al suroeste, parecen estar prescindiendo de intermediarios y trabajando directamente con los actores territoriales, sobre todo con los nuevos grupos mafiosos ex-FARC.
La estrategia permite a los mexicanos cubrir sus apuestas. Pueden depender de los contactos y la experticia de los actores colombianos para mantener un suministro constante de cocaína de alta calidad, a la par que exploran alternativas que no solo les ofrezcan una póliza de seguro contra la renovada inestabilidad colombiana o el rompimiento de las relaciones, sino también la posibilidad de ampliar sus ganancias.
En fechas recientes, esta región apunta a la explotación de minerales codiciados por industrias como la tecnológica o la aeroespacial, como el litio y el niobio.
Efe.- Latinoamérica apunta a la explotación de minerales codiciados por industrias como la tecnológica o la aeroespacial, como el litio y el niobio, aunque aún debe hacer frente a desafíos históricos como la minería ilegal, la gestión sostenible de los recursos o el reparto equitativo de la riqueza.
La historia de Latinoamérica y el Caribe está intrínsecamente ligada a la industria minera y particularmente a la exportación de materias primas, uno de los pilares de la economía colonial y moderna.
Hoy la región se mantiene como una de las principales reservas mineras del mundo, con una participación destacada en minerales metálicos como el litio (61 %), conocido como el «oro blanco», el cobre (39 %), el níquel (32 %) y la plata (32 %).
Solo Brasil posee cerca del 90 % de las reservas mundiales de niobio, mineral que se utiliza para hacer el acero más fuerte y ligero, mientras que Chile y Argentina son dos de los principales depósitos globales de litio.
Chile es un país con raíces mineras y de hecho allí se extrae una de cada cuatro toneladas de cobre que se producen en el mundo, lo que lo convierte en líder mundial (casi 5,8 millones de toneladas en 2018) por encima de Perú (casi 2,4 millones).
La minería latinoamericana apuesta por una diversificación de la cesta de materias primas, con la mirada puesta en minerales como el litio o el niobio, esenciales en el desarrollo de sectores emergentes de la llamada cuarta revolución industrial, marcada por el desarrollo de nuevas tecnologías y la automatización de procesos.
El Salar de Atacama, en el norte Chile, posee las mayores reservas mundiales de litio, básico en la fabricación de baterías para teléfonos inteligentes, tabletas o vehículos eléctricos, aunque el país no es el principal productor, ya que Australia le superó en 2018.
El director ejecutivo de la consultora Plusmining, Juan Carlos Guajardo, atribuye ese «sorpasso» a la regulación chilena, que declaró el litio mineral estratégico y limitó los derechos de explotación a dos empresas.
Esto ha hecho que la industria chilena del litio pierda competitividad frente a países como Australia o Argentina, el tercer productor mundial y donde hay cerca de 40 salares en diversas fases, desde la exploración inicial hasta en etapa de construcción.
«Los presupuestos exploratorios para el litio aumentaron más del 900 % en los últimos tres años», dijo a Efe la secretaria de Política Minera de Argentina, Carolina Sánchez.
Se prevé que el país alcance en 2024 exportaciones de litio por 1.200 millones de dólares.
El litio también es uno de los proyectos «estratégicos» de Bolivia, donde «la inversión global» asociada a su explotación se aproxima a los 5.000 millones de dólares.
El viceministro de Altas Tecnologías Energéticas, Luis Alberto Echazú, aseguró a Efe que unas catorce plantas para tratar sales de litio, materiales catódicos y producir baterías empezarán a operar en el país y cuando estén funcionando plenamente en un plazo de cinco años se prevé que generen esa misma cantidad de divisas anuales, aunque el proyecto total eleva su número hasta 40 fábricas.
En cuanto al niobio, un mineral altamente valorado en la industria automotriz o aeroespacial, su producción se concentró en 2017 en los estados brasileños de Minas Gerais y Goiás.
Más extracción, más daño a comunidades y al medioambiente
El Banco Mundial (BM) estima que para 2050 la demanda mundial de «minerales estratégicos» crecerá de manera significativa, teniendo «aumentos extraordinarios» particularmente en el caso del litio (965 %), el grafito (383 %) y el níquel (108 %).
«Si bien la creciente demanda de minerales y metales constituye una oportunidad para los países en desarrollo ricos en minerales, también representa un desafío: sin prácticas mineras climáticamente inteligentes aumentará el impacto negativo de las actividades mineras, lo que afectará a las comunidades vulnerables y al medioambiente», alertó el BM en mayo pasado.
El impulso a los nuevos minerales convive en la región con fenómenos históricos como la fiebre del oro, ligado en muchas ocasiones a la minería ilegal, que supone una amenaza para la Amazonía de Brasil, donde persiste a pesar de décadas de lucha contra la extracción sin normas.
También en Bolivia está extendida la explotación de oro por cooperativas o asociaciones sin vínculo formal con el Estado.
El investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), Alfredo Zaconeta, cifra en 400 las cooperativas auríferas que operan en los márgenes de los ríos del norte de Bolivia, en parte en zona amazónica.
«La explotación de oro está concentrada en manos del sector cooperativo, casi un 99 %», y «evade el pago de tributos», ya que está marcada por la «informalidad» y por condiciones «precarias» de trabajo, explicó.
Este fenómeno también está presente en El Salvador, donde los diputados han dado dos años de plazo (que vencieron en marzo de 2019) a los mineros artesanales y de pequeña escala para que cesen su actividad, aunque estos «no se quieren reconvertir», según Luis González, de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES).
Minería ilegal, una plaga que deforesta al amazonas
Brasil, por su parte, cuenta con 321 puntos de minería ilegal en 132 áreas, principalmente en el pulmón verde del planeta, según la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg).
La minería ilegal se ha expandido también con fuerza en la tierra de los indígenas yanomamis y se estima que hay 20.000 «garimpeiros» o mineros ilegales, casi seis veces más que hace un año, en los estados de Roraima y Amazonas (norte).
En Colombia, el río Sambingo, situado en el departamento del Cauca (suroeste), prácticamente ha desaparecido por las desviaciones de su cauce hechas por mineros ilegales que lo redujeron a pequeñas lagunas desconectadas entre sí.
Minería
Esta actividad también es la principal amenaza para la deforestación de la Amazonía en Perú y responsable de alentar la esclavitud de miles de personas y la explotación sexual en campamentos mineros, además de estar estrechamente vinculada a otros delitos.
«La minería ilegal se benefició en Perú del superciclo de precios, que generó también una acumulación económica muy importante para el sector. Lo más grave es que eso se ha traducido en poder político con influencia en los poderes locales, regionales y nacionales (…). Donde se implanta, al ser intensiva en el uso de mano de obra, logra legitimidad», explicó a Efe José de Echave, investigador sobre la economía de la minería y exviceministro de Gestión Ambiental.
Este fenómeno ha crecido notoriamente en Ecuador en los últimos años y se calcula en «unos 200 millones de dólares cada tres-seis meses» el daño generado por el impacto ambiental y el material extraído, según el exviceministro de Minería ecuatoriano Henry Troya.
En Venezuela, la búsqueda de oro y otros minerales está «impactando el curso de los ríos que alimentan la represa» de la principal hidroeléctrica, que da luz al 70 % del territorio nacional, y se está haciendo «sin ningún tipo de estudio de impacto», aseguró a Efe la diputada venezolana María Hernández, presidenta de la subcomisión legislativa para el Cambio Climático.
El Gobierno de Nicolás Maduro, acusado de comercializar con las reservas nacionales de oro para obtener liquidez, pretende generar 33.000 millones de euros en los siguientes seis años como alternativa no petrolera de riqueza.
Para ello ha anunciado inversiones locales y extranjeras por unos 7.700 millones de euros y estima producir 80 toneladas de oro al año, un millón de quilates de diamantes, 12.000 toneladas de níquel y 35.000 toneladas de coltán.
En ese país, una de las economías más debilitadas por la hiperinflación y el desabastecimiento generalizado, las reservas de oro totalizaron cerca de 161 toneladas métricas a cierre de 2018.
Minería vs defensa de los pueblos
Otro desafío asociado a la minería en Latinoamérica son los conflictos sociales con los pobladores locales en zonas mineras.
Un caso emblemático es el proyecto Tía María, de la empresa Southern Copper Corporation, en Perú, cuando protestas de los agricultores de la zona terminaron con violentos enfrentamientos con la Policía que dejaron cuatro muertos y 300 heridos en 2015.
La tensión social también se sintió en la localidad brasileña de Brumadinho, en donde la ruptura de una presa del gigante minero Vale provocó en enero pasado la muerte de 247 personas y otras 23 desaparecidas, tan solo dos años después de un desastre similar ocurrido en la vecina localidad de Mariana.
En México hay que sumar la presencia del crimen organizado en la industria, sobre todo en estados del norte del país, donde existen alianzas entre minerías y grupos del narcotráfico.
Asimismo, la Policía colombiana ha alertado que varios grupos armados dedicados al narcotráfico se han pasado a la minería ilegal por ser esta una actividad más lucrativa: un kilo de oro cuesta hasta 20 veces más que uno de coca.
México.- Corea del Norte confirmó este sábado que probó con éxito una «nueva arma», bajo la supervisión de su presidente del Comité de Asuntos de Estado norcoreano, Kim Jong-un, tras el lanzamiento de dos proyectiles al mar de Japón.
Kim «supervisó el lanzamiento de prueba de (una) nueva arma otra vez el viernes por la mañana», informó la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA, según sus siglas en inglés).
En un comunicado en el que resalta la labor de los científicos por el rápido desarrollo del arma, sobre la que no da más detalles, Kim señaló que su objetivo es «construir una defensa que posea capacidades militares invencibles que nadie se atreva a provocar y seguir fortaleciéndolas».
«Los científicos de la defensa nacional también mostraron un resultado perfecto en la prueba de lanzamiento y ayudaron a cimentar una mayor confianza en este sistema de armas», añadió KCNA, de acuerdo con un despacho de la agencia Yohnap.
El informe fue publicado un día después de que el Estado Mayor Conjunto (JCS, según sus siglas en inglés) de Corea del Sur dijera que el Norte disparó dos proyectiles, presuntamente misiles balísticos de corto alcance, frente a su costa este. Volaron alrededor de 230 kilómetros a una altitud máxima de 30 kilómetros.
Los expertos militares dicen que los proyectiles tienen similitudes externas con el Sistema de Misiles Tácticos del Ejército (ATACMS) de Estados Unidos, un sistema de misiles tierra a tierra.
La versión del ATACMS de Corea del Norte se evalúa como una de sus tres armas recientemente desarrolladas, incluido un misil guiado de lanzamiento múltiple de gran calibre y misiles de corto alcance conocidos como KN-23, su versión del Iskander ruso.
Corea del Norte llevó a cabo pruebas de armas en las últimas semanas en aparente protesta por el ejercicio militar conjunto que realizan Corea del Sur y Estados Unidos y el que considera un ensayo de invasión.
México.- El Ministerio de Defensa de Japón aprobó la compra de aviones de combate multifuncionales F-35B de última generación de Estados Unidos, informó la cadena NHK.
El Ministerio de Defensa de Japón aprobó la compra de aviones de combate multifuncionales F-35B de última generación de Estados Unidos, informó la cadena NHK.
Después de un proceso de selección que comenzó en marzo, el Ministerio anunció su decisión de comprar un total 42 aviones de combate Lockheed Martin F-35B, a un precio de 130 millones de dólares por aeronave.
El caza con despegue corto y aterrizaje vertical tiene todas las capacidades necesarias, incluyendo rendimiento de vuelo, para las Fuerzas de Defensa Marítima del país asiático, destacó el ministerio de acuerdo con NHK.
El presupuesto para el año fiscal 2020 prevé la compra de seis de estas aeronaves, y para 2023 su número aumentará a 18. El precio de cada unidad será de 130 millones de dólares.
Japón prevé utilizar estas aeronaves para los barcos Izumo y Kaga. En particular, planea mejorar su destructor Izumo de la Fuerza Marítima de Autodefensa y utilizarlo como un portaaviones para las aeronaves F-35B.
Además, Tokio anunció previamente sus planes para adquirir 105 cazas F-35A, de despegue y aterrizaje convencional, por un precio de 107 millones de dólares por unidad.
