CDMX.- México es el país que más refrescos consume a nivel mundial, con un promedio de 163 litros por persona al año y destina el 10% de sus ingresos totales a la compra de estas bebidas, así lo reveló un estudio de la Universidad de Yale publicado el año pasado.

Esta situación, junto al consumo de comida “chatarra”, provoca la muerte de más de 25,000 mexicanos al año, así lo han alertado investigadores en salud pública, ya que están directamente relacionados con el 12% de las muertes por diabetes, hipertensión y cáncer en el país.

Los hombres, los jóvenes y los habitantes del sur del país son los más afectados, advirtió Tonatiuh Barrientos, epidemiólogo del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) a la agencia EFE.

La pandemia del COVID-19 ha agudizado el escrutinio sobre la industria de alimentos procesados en México, donde cerca de 2 de cada 5 de los más de 48,000 muertos por Covid-19 tenía hipertensión, más de un tercio diabetes, y casi una cuarta parte obesidad.

Simón Barquera, Director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), explicó que las personas que ingieren regularmente refrescos se exponen principalmente a padecer obesidad, enfermedad que a su vez, desencadena numerosos problemas en el organismo.

“La obesidad está hilada con más de 14 enfermedades crónicas como enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión... También causa dislipidemia, que es la alteración de los lípidos en sangre. Genera caries dentales, que es otra cosa terrible. Y luego las bebidas azucaradas estimulan mucho el páncreas, entonces están muy relacionadas con mala función de diversos órganos”, dijo.

Barquera alertó que beber con regularidad estos productos azucarados podría complicar la recuperación de un paciente con COVID-19, ya que agrava la dificultad de oxigenación. Esto se produce porque el azúcar, cuando está presente en el cuerpo en cantidades ingestivas, genera glucosidad. Es decir, se une o se pega a las proteínas, y limitan su función.

Es por eso que el subsecretario de Salud y encargado de la estrategia implementada por el gobierno federal para el combate a la pandemia, Hugo López-Gatell, ha denominado a los refrescos como “veneno embotellado”, lo que ha desatado todo un debate alrededor del tema.

Durante décadas, la industria refresquera se ha expandido a cada rincón del país, incluso a aquellos lugares en donde ni siquiera hay agua potable.

Al presentar el estudio “La industria de las bebidas no alcohólicas y los alimentos, efectos del IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) y contribución económica”, el investigador de la Universidad de Nuevo León, Daniel Flores, señaló que las bebidas saborizadas se siguen consumiendo ante la falta de agua potable, lo que pone de relieve la importancia de que los municipios provean de la infraestructura a sus comunidades.

Pese a que estas bebidas ya pagan un alto impuesto, se siguen consumiendo.

“La gente consume menos, pero a diferencia de otros impuestos los sigue pagando”, destacó.

Por esa razón, los especialistas consideran que el IEPS a estos productos es una carga muy fuerte para los hogares pobres, profundiza los problemas de desigualdad y genera efectos diferenciados en el producto.

Un claro ejemplo es lo que ocurre en Chiapas. El estado enclavado en el sureste mexicano, es uno de los más pobres y con mayor desigualdad del país, pero se ha convertido en el primer lugar mundial en el consumo de refrescos producidos por FEMSA.

Se estima que sus habitantes toman 2.25 litros diarios, así lo advirtió Jaime Tomás Page, quien publicó en la revista Medicina Social, un estudio de caso sobre comunidades mayas, cuya condición de salud se ve afectada por los crecientes casos de diabetes mellitus.

¿Por qué ocurre esto?.

De acuerdo con el antropólogo, las razones son multifactoriales, pero una de las principales está en la existencia de una afamada iglesia que ocupa la bebida para rituales religiosos.

Page aseguró que la promoción de las bebidas azucaradas inició cuando los caciques comenzaron a lucrar con concesiones otorgadas a empresas refresqueras, a inicio de la década de los años 30, durante el siglo pasado, cuando los misioneros buscaban alternativas para reducir los altos niveles de alcoholismo entre los indígenas locales, de la etnia tzotzil.

Así, gradualmente se fue satanizando la que era la bebida principal de los poblados mayas en Chiapas, el aguardiente de caña llamado “posh” (es un destilado de maíz y caña de azúcar con piloncillo que se elabora de manera artesanal en las casas de San Juan Chamula y de San Cristóbal de las Casas), para ser sustituido por refrescos. Adicionalmente, los indígenas dejaron de beber agua ante la escasez y contaminación.

La historia se repite en comunidades de Oaxaca. Es el caso de la comunidad indígena de San Dionisio del Mar, en donde el elevado consumo de bebidas azucaradas ha provocado muchos casos de diabetes.

El portal Sin Embargo, señaló que para poder atender su enfermedad, los pobladores de esta región oaxaqueña deben vender sus electrodomésticos, su ganado y hasta sus tierras. Solo el taxi a Juchitán, donde se encuentran los hospitales más cercanos, les cuesta 400 pesos.

El medio destacó que la enfermedad se ha convertido en la primera causa de muerte entre los pobladores -en su mayoría de la etnia huave-, en las últimas cuatro décadas. Además, también presentan otros padecimientos asociados como obesidad, hipertensión, síndrome metabólico, desnutrición, enfermedades renales o cardiovasculares; por lo que son comunes las amputaciones de dedos, pies o piernas completas.

Laura Montesi, una antropóloga social que ha investigado la epidemia de obesidad-diabetes en esta región sureña del país, encontró cómo las grandes empresas (refresqueras, cerveceras, panificadoras o de frituras) aprovechan la “trampa de pobreza” en la que caen comunidades indígenas, donde la falta de actividades económicas vuelve atractivo el negocio de las tiendas de abarrotes, que son cooptadas por la industria y se vuelven puntos de distribución de sus productos.

En contraste, el suministro de agua potable tarda a veces hasta 15 días en llegar, lo que representa una violación a su derecho humano al agua y facilita la penetración de bebidas azucaradas o alcohólicas.

“Hay distintos niveles que permiten una situación de inseguridad alimentaria y al mismo tiempo malnutrición”, explica Montesi. “Sabemos que la malnutrición a lo largo de la vida de la persona puede convertirse en sobrepeso y obesidad, entonces en realidad son dos caras de la misma moneda”, destacó.

Con información de medios.