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Empresarios nicaragüenses se unen a convocatoria de huelga nacional

La huelga nacional se produce después de que manifestantes antigubernamentales hayan aumentado el número de barricadas (o tranques ) en todo el país para presionar al gobierno.

Por Redacción, 2018-06-14 10:29

México, (UPI) – Líderes empresariales y activistas en Nicaragua pidieron el jueves una huelga nacional para protestar contra los abusos contra los derechos humanos por parte del gobierno y su Policía Nacional, que según los críticos es responsable de la mayoría de las 146 muertes desde las protestas contra las reformas de seguridad social estalló en abril.

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, un grupo formado por líderes empresariales, activistas estudiantiles y trabajadores rurales que se unieron contra el gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega , pidió que la huelga dure desde la medianoche hasta las 11:59 p.m. del jueves. El objetivo es lograr un mayor progreso en las conversaciones con el gobierno, que ha mostrado poco deseo de aceptar las demandas de la oposición, incluidas las reformas democráticas y las elecciones anticipadas en un esfuerzo por derrocar a Ortega.

“Instamos a todos los empresarios, pequeños y medianos empresarios, profesionales independientes y empresas por cuenta propia a cerrar sus establecimientos y cesar sus actividades”, dijo José Adán Aguerri, presidente del Consejo Supremo de Empresas Privadas. “Esta es una huelga cívica pacífica a nivel nacional que cubre todo el país y todas las actividades económicas, excepto las relacionadas con la preservación de la vida y la cobertura de los servicios básicos para la población”.

La Iglesia Católica en Nicaragua también ha respaldado la huelga.

“Apoyamos la huelga nacional en Nicaragua porque exigirá el fin de la represión y el apoyo al cambio democrático y pacífico, y el regreso al diálogo”, tuiteó el obispo Silvio José Báez de la arquidiócesis de Managua .

Mientras tanto, el gobierno lanzó una campaña de medios sociales contra la huelga con etiquetas como #ParoNoTrabajoSi (huelga no, trabajo sí) y anécdotas de los trabajadores, como vendedores ambulantes y trabajadores de restaurantes que explican por qué no pueden darse el lujo de tomarse un día libre.

“Los propietarios de pequeñas empresas, taxistas y trabajadores estatales rechazan la huelga de 24 horas solicitada por la derecha”, dijo el canal de medios estatal 13 en una publicación de Instagram.

Todavía no está claro cuántas personas y empresas participarán en la huelga. Algunas grandes empresas, como los centros de llamadas en los Estados Unidos, donde miles de personas están empleadas para atender las llamadas de servicio al cliente de las empresas estadounidenses, permanecerán abiertas, según dijeron los empleados a UPI. Muchos empleados independientes, como taxistas, también dijeron que irían a trabajar. Sin embargo, varias tiendas y restaurantes se han comprometido en las redes sociales a participar en la huelga y cerrar por el día. El diario de oposición La Prensa dijo que no imprimiría una edición el jueves.

Aunque no todos participan en la huelga, parece que la mayoría de la gente se está preparando. Las tiendas de abarrotes de la capital, Managua y Granada, tenían líneas en la puerta mientras la gente se abastecía de alimentos y suministros, con cierta preocupación de que la huelga dure más de un día.

Esta no es la primera vez que se convoca una huelga nacional para protestar contra el gobierno.

Durante la revuelta liderada por los sandinistas para derrocar al dictador Anastasio Somoza, apoyado por Estados Unidos, durante la década de 1970, se implementaron varias huelgas nacionales en 1978 y 1979, algunas de las cuales duraron varias semanas. Esas huelgas fueron un esfuerzo coordinado entre un emparejamiento improbable: la clase empresarial y los sandinistas de inspiración marxista. Y aunque se espera que la huelga del jueves dure solo un día, es similar a las huelgas de hace 40 años en que los grupos empresariales están participando.

“Somoza tenía el apoyo de las élites económicas”, dijo Jeffrey Gould, profesor de historia en la Universidad de Indiana en Bloomington, que ha estudiado los movimientos sociales en Nicaragua. “Pero perdió ese apoyo después de varios escándalos de corrupción. Ortega tuvo el apoyo de la elite empresarial, que dejó solo mientras paguen impuestos y se mantengan fuera de la política. El hecho de que la élite empresarial vaya a la huelga muestra que el apoyo se ha ido. “

Líderes empresariales como Carlos Pellas, el hombre más rico de Nicaragua, más conocido por su línea de ron Flor de Caña y una vez asociado cercano de Ortega, han expresado abiertamente su deseo de celebrar elecciones anticipadas. Pero Ortega no ha indicado que va a sucumbir a esa demanda, sino que promete terminar su mandato actual, que no termina por otros cuatro años.

La huelga nacional se produce después de que manifestantes antigubernamentales hayan aumentado el número de barricadas (o tranques ) en todo el país para presionar al gobierno. Los barricadas van desde grandes barricadas en las carreteras que estrangulan el flujo de camiones que transportan mercancías hasta algunos neumáticos desperdigados o ramas de árboles en las calles laterales que hacen poco más que obstaculizar la capacidad de las personas para entrar y salir de los vecindarios. Su presencia continua se ha convertido en una parte de la vida de muchos nicaragüenses, que tienen que navegar por los controles de carretera o esperar hasta que se les permita pasar, lo que puede llevar horas o, en algunos casos, días.

También ha habido una constante violencia en todo el país, especialmente en las ciudades más pequeñas.

El miércoles por la noche, cuatro personas fueron asesinadas por pandillas progubernamentales en Matagalpa, según La Prensa.

El martes, la policía nacional de Nicaragua dijo que un grupo armado atacó una estación de policía en Mulukuku, matando a dos oficiales. Más tarde esa noche, manifestantes antigubernamentales incendiaron una estación de policía en Diriamba.

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Argentina: mueren dos mujeres por practicarse abortos clandestinos

La víspera murió una joven de 30 años que había sido internada en un hospital de Pilar, una localidad ubicada en la provincia de Buenos Aires, debido a complicaciones por un aborto provocado.

Por Redacción, 2018-08-16 15:26

Buenos Aires, (Notimex).- Al menos dos mujeres murieron por abortos clandestinos en Argentina, apenas una semana después de que el Senado rechazara la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en medio de múltiples protestas del movimiento feminista de este país.

A diferencia del silencio que solía envolver las muertes de mujeres por complicaciones derivadas de abortos, ahora cada caso genera un revuelo porque demuestra que la ilegalidad no resuelve el problema de fondo.

La víspera murió una joven de 30 años que había sido internada en un hospital de Pilar, una localidad ubicada en la provincia de Buenos Aires, debido a complicaciones por un aborto provocado.

El director del hospital, Esteban Sieling, confirmó el deceso y sus causas, pero no brindó mayores detalles para resguardar la identidad de la paciente que, de acuerdo con las leyes vigentes, cometió un delito.

La ley que el Senado no quiso derogar sólo despenaliza el aborto en casos de embarazo por violación o si está en riesgo la vida de la madre o del feto.

Sin estas causales, toda mujer que se practica un aborto de manera voluntaria en Argentina puede tener una condena de uno a cuatro años de prisión.

El pasado lunes, cuando sólo habían pasado cinco días del rechazo a la legalización del aborto en el Senado, la muerte de una mujer de 34 años generó una conmoción en el país.

La víctima, quien dejó huérfano a un niño de dos años, murió en un hospital de la provincia de Buenos Aires con una infección que obligó a que le extirparan el útero.

Los médicos le encontraron restos de perejil, la planta que las mujeres de escasos recursos suelen utilizar para tratar de interrumpir embarazos, ya que no pueden pagar una intervención clandestina en una clínica.

Las redes sociales y los medios de comunicación se colmaron de reclamos de activistas que responsabilizaron de estas muertes a los senadores que votaron en contra de la legalización del aborto.

En Argentina se calcula que cada año hay entre 350 mil y 500 mil abortos clandestinos que suelen provocar la muerte de alrededor de 30 mujeres.

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Fallece exprimer ministro indio Vajpayee a los 93 años

En 1986, Vajpayee fundó el partido nacionalista hindú Bharatiya Janata Party (BJP), el cual presidió hasta 1986.

Por Redacción, 2018-08-16 13:55

Nueva Delhi, (Notimex).- El exprimer ministro de India, Atal Bihari Vajpayee, quien asumió el cargo en tres ocasiones, falleció hoy a los 93 años en un hospital de esta capital, donde se encontraba internado desde mediados de junio por insuficiencia renal y neumonía, anunciaron fuentes médicas.

“A pesar de nuestros mejores esfuerzos, hoy lo hemos perdido. Acompañamos a la nación en este intenso duelo por esta gran pérdida”, informó el Instituto Nacional de Ciencias Médicas de India en un comunicado divulgado por medios locales.

Vajpayee ingresó el pasado 11 de junio al nosocomio tras sufrir una infección ranal y problemas para respirar, pero su estado de salud se deterioró hace dos días, por lo que debió ser conectado a un respirador artificial.

El actual primer ministro indio, Narendra Modi, quien visitó la víspera a Vajpayee en el hospital, destacó en su cuenta de Twitter que su fallecimiento marca el fin de una era. “Vivió por la nación y la sirvió de manera diligente durante décadas”.

En 1986, Vajpayee fundó el partido nacionalista hindú Bharatiya Janata Party (BJP), el cual presidió hasta 1986.

Además, fue primer ministro en tres ocasiones: la primera en 1996 durante sólo 13 días y después durante dos mandatos consecutivos entre marzo de 1998 y mayo de 2014.

Comprometido con las reformas económicas, Vajpayee contribuyó a la restauración de las relaciones con Estados Unidos, Rusia y China.

También logró un acercamiento con su tradicional enemigo, Pakistán, pues en 2004 se entrevistó en Islamabad con el entonces presidente paquistaní, Pervez Musharraf, acordando iniciar conversaciones para tratar de solucionar los conflictos que los enfrentan desde su independencia de Reino Unido en 1947.

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Aumentan juicios contra migrantes durante mandato de Trump

HRW precisó que pese a que Trump emitió una orden ejecutiva que pone fin a la separación familiar, ésta “no hace nada para abordar el impacto devastador de estos procesamientos penales”.

Por Redacción, 2018-08-16 12:36

México, Notimex.-El número de juicios criminales contra migrantes ha aumentado drásticamente durante el gobierno del presidente Donald Trump, pese a que de manera formal haya terminado la práctica de separar familias en la frontera, según Human Rights Watch (HRW).

En un análisis emitido este jueves, el grupo de defensa de derechos humanos indicó que a partir de junio de 2018, el 46 por ciento de los adultos arrestados por la Patrulla Fronteriza fue procesado criminalmente, pese a que en mayo pasado solo un tercio de los migrantes enfrentó cargos criminales.

El repunte sucedió luego que el procurador general Jeff Sessions anunció en abril la política de inmigración “tolerancia cero”, que ordenó a fiscales federales a lo largo de la frontera suroeste enjuiciar “en la medida de lo posible” todos los casos de cruces de migrantes sin documentos.

Tales esfuerzos no han detenido el flujo de migración indocumentada, sino que “solo ha aumentado la crisis de las familias detenidas en la frontera”, afirmó Grace Meng, investigadora de HRW en Estados Unidos. Añadió: “el procurador general Sessions solo ha continuado y agravado una política fallida”. HRW precisó que la entrada sin documentos a Estados Unidos ha sido una falta menor, en tanto que el reingreso sin autorización ha sido considerado un delito desde principios del siglo XX.

Los juicios criminales, sin embargo, se reservaban para migrantes con antecedentes penales graves o reincidentes. No obstante, desde 2005, la Operación Streamline se introdujo en la comunidad Del Río, Texas, permitiendo un rápido enjuiciamiento masivo de migrantes.

Ese modelo sirvió para la actual política de Trump. Además, la política de “tolerancia cero” es la primera que alienta procesos criminales contra los padres que viajan con niños, y procesa criminalmente a solicitantes de asilo pese a que estas medidas representan “una violación de la ley internacional de refugiados”.

HRW precisó que pese a que Trump emitió una orden ejecutiva que pone fin a la separación familiar, ésta “no hace nada para abordar el impacto devastador de estos procesamientos penales”. El organismo criticó también que la “tolerancia cero” utiliza enormes recursos de los fiscales federales, los tribunales y los alguaciles para enjuiciar a personas sin antecedentes penales o con antecedentes menores.

Datos recientes del gobierno indican que la política actual ya está resultando en un número significativamente menor de enjuiciamientos por otros delitos federales. Al mismo tiempo, hay poca evidencia de que juicios criminales a migrantes reduzcan la migración ilegal, resaltó HRW.

“La indignación pública por la separación de la familia debe extenderse a los serios costos humanos y financieros de la persecución penal masiva de inmigrantes. La administración de Trump debería reconocer el valor de reducir estos costos y terminar con la política de ‘tolerancia cero’”, dijo Meng.