La presidenta brasileña Dilma Rousseff criticó hoy, durante un enérgico discurso, el proceso de juicio político en marcha en el Legislativo y aseguró que “lo que está en curso en Brasil es un golpe contra la democracia”.
“Se trata de un crimen contra la democracia. Ese es el caso del proceso de impeachment contra mi mandato”, aseveró la jefa de Estado, en una alocución realizada en la sede de la presidencia brasileña, el Palacio del Planalto.
El discurso de Rousseff se dio tras un encuentro con juristas que apoyan a la mandataria en el proceso en marcha en el Legislativo para analizar el juicio político.
“Jamás renunciaré”, aseguró con firmeza Rousseff, quien evocó su período como guerrillera y encarcelamiento durante la dictadura militar brasileña.
“Ya fui víctima de condena sin ser culpable, durante la dictadura. Lucharé para no ser víctima de nuevo en plena democracia”, agregó la mandataria, tras denunciar que en Brasil hay en marcha una “conjura” contra su mandato.
“Preferiría no vivir este momento. Pero que quede claro que me sobra energía, disposición y respeto a la democracia para enfrentar la conjura contra el orden constitucional”, señaló la presidenta, antes de finalizar su discurso con la frase “tengo seguridad de que no va a haber golpe”.
De esta forma, Rousseff se refería al proceso de impeachment (juicio político) en marcha en la Cámara Baja y que podría desembocar –si recibe el apoyo de los parlamentarios- en la suspensión durante 180 días de la presidenta en un plazo de mes y medio.
Brasil vive una profunda crisis política que se agravó en los últimos 15 días bajo la sospecha de que el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva –nombrado ministro de la Casa Civil, pero sin asumir por decisión judicial- trataría de entrar en el Ejecutivo de Rousseff para beneficiarse del fuero privilegiado.
Los investigadores de la Operación Lava Jato, que luchan contra la corrupción en la estatal Petrobras, sospechan que Lula se habría beneficiado de millonarias donaciones por parte de empresas constructoras ya condenadas, así como de dos propiedades de lujo que no figuran a su nombre.
El “caso Lula”, cuya magnitud aumentó tras la publicación de comprometedoras escuchas telefónicas entre Lula y Rousseff, ha polarizado a Brasil entre detractores y partidarios del gobierno, en un clima de profundo recesión económica.
La oposición brasileña, promotora del pedido de impeachment, alega que Rousseff cometió un crimen de responsabilidad al nombrar a Lula para, según ellos, librarle de las investigaciones contra Petrobras llevadas a cabo por el juez Sergio Moro.
“Tengo la conciencia tranquila de no haber cometido cualquier acto ilícito o irregularidad que pueda caracterizarse como crimen de responsabilidad”, aseveró este martes Rousseff.
Mientras Lula sigue sin poder asumir el cargo por una decisión cautelar de un juez del Supremo Tribunal Federal (STF).
Será el STF, la máxima instancia judicial de Brasil, la que probablemente la semana próxima decida en el pleno si permite o no la asunción del cargo por parte del expresidente, después que un juez de la institución suspendió de forma cautelar el nombramiento.
“Confío en que la Suprema Corte sabrá garantizar con imparcialidad, con sabiduría y con serenidad todos los derechos y garantías que aseguran los principios del estado democrático de Derecho”, dijo Rousseff.
