Cuatro meses después de las masacres de Iguala ocurridas el 26 de septiembre del 2014, el gobierno del estado reconocía que tanto la Policía Estatal así como corporaciones municipales tenían a su disposición al menos 382 rifles correspondientes al modelo G36 Heckler and Koch, considerados los más letales del mundo.

La empresa armamentista envió ilegalmente, hasta el 2011, cargamentos con alrededor de 10 mil rifles de alto poder a México, a pesar de las restricciones internacionales para proveer de armamento a estados como Guerrero en los que se vive de manera sistemática violaciones graves a los derechos humanos.

En la relación de Bienes Patrimoniales de la subsecretaría, al que se tuvo acceso, se observa que hasta enero del 2015 las corporaciones policiacas en Guerrero tenían en su poder al menos 382 armas alemanas, a pesar de ser uno de los estados de la Republica en los que se reportan violaciones graves a los derechos humanos, por lo que dicha venta esta prohibida por las leyes de la Comunidad Europea.

En la glosa de su informe de actividades correspondiente al año pasado el secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes informó al Poder Legislativo que cuando recibió el mando de la dependencia de parte de su antecesor, Leonardo Vázquez Pérez, no se entregó ninguna relación del estatus del estado que guarda el armamento de la secretaría.

El funcionario reveló incluso que 230 armas largas estaban perdidas y pudieron haber sido “robadas”.

Tras las masacres de Iguala, la Procuraduría General de la República (PGR) decomisó a la Policía de Iguala más de 30 rifles de asalto G36 de la firma Heckler and Koch que pudieron haber sido usadas en los ataques del 26 de septiembre del año 2014 que derivaron en la desaparición de los estudiantes de la normal rural.

El 18 de mayo el diario alemán Stuttgarter-Zeitung informó que varios ex empleados y directivos de la empresa Heckler & Koch serán juzgados por violar la Ley de Control de Armas al vender rifles de asalto G36 a zonas de conflicto en México, entre ellos el estado de Guerrero.

La corte de Stuttgart admitió la acusación presentada en noviembre por la Fiscalía de esas ciudad en la que se afirma que los acusados estuvieron implicados, entre 2006 y 2009, en el envió ilegal de armas y accesorios a zonas mexicanos donde no había permiso para ello. A pesar de que trece personas investigadas quedaron absueltas tras la investigación, los acusados son dos ex directores, dos ex gerentes de marketing, así como una representante de ventas de la armería.