El gobernador Héctor Astudillo Flores entregó un helicóptero a la Policía Estatal que hasta hace unos días estaba en un taller mecánico de Pachuca, Hidalgo, por una avería cuya reparación tuvo un costo de 3 millones de pesos.
“Este helicóptero —mencionó en un mensaje que dirigió durante la entrega de equipamiento y patrullas a la Policía del Estado este día en esta ciudad— es un helicóptero que tenía varios meses en un taller en Pachuca, Hidalgo; lo rehabilitamos, pagamos su rehabilitación y ha servido en los últimos días para hacer búsquedas en el caso de Apaxtla y en el caso de Leonardo Bravo”.
Y agregó que es y será “un helicóptero exclusivamente para el servicio de la seguridad pública de los guerrerenses, no será más para el servicio de las giras del gobernador del estado”.
Luego del acto, se le recordó al gobernador que se trataba de un helicóptero que al concluir la administración del ex gobernador, Zeferino Torreblanca Galindo se dio a conocer que no contaba con las condiciones óptimas de vuelo, entre otros señalamientos que fueron hechos en su momento.
—No he revisado eso —dijo— porque no es un asunto que tenga que ver tanto con mi gobierno, ni alguna queja al respecto. Lo que conozco es que este helicóptero ya había estado funcionando, tuvo una avería y lo mandaron a un taller de Pachuca, ahí estuvo durante varios meses y se debían como tres millones de pesos por su reparación que se pagó y está funcionando perfectamente después de los análisis que se le hicieron.
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—¿Y qué helicóptero va a usar ahora el gobernador? —se le preguntó.
—Los dos los descompusieron. Lo que utilizó regularmente es el avión que está allá parado.
El helicóptero que fue entregado ayer a la Policía del Estado se trata de un Bell Uh-1H con matrícula XC-LLK que fue comprado de manera irregular durante en 2009 durante la administración del ex gobernador, Zeferino Torreblanca Galindo.
Y durante el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, el entonces titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ), Alberto López Rosas, presentó una denuncia la cuál derivó en que la Contraloría General del Estado, diera inició a una investigación.
Una vez que concluyó la investigación la Contraloría inició el procedimiento de administración QD/PA/002/2012 en contra de los ex funcionarios José Antonio Bajos Valverde y Patricia Margarita Díaz Hernández y otros.
Asimismo, la compra del helicóptero de referencia, no fue autorizada por el Comité de Adquisiciones del gobierno del estado por la cantidad de 37 millones 94 mil 274 pesos, sino por la cantidad de 19 millones 208 mil 590 pesos.
Las irregularidades técnicas antes citadas se encuentran validadas por dictamen emitido por perito especializado en materia de aeronáutica de la Procuraduría General de la República. Por lo anterior, se generó un daño al erario del estado por la cantidad de 37 millones 94 mil 274 pesos.
Como resultado de lo anterior, la Contraloría General del estado emitió una resolución administrativa de fecha 10 de mayo del 2012, presentando la denuncia penal correspondiente, generándose con ello que la PGJE, ejerciera una acción penal; de la cual los mencionados ex servidores públicos promovieron amparo ante la justicia federal, y en contra de la orden de aprehensión emitida por el juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Bravo, por los delitos de ejercicio indebido del servicio público, desempeño irregular de la función pública y negociaciones ilícitas en agravio de la sociedad.
